Uber, la regulación pendiente

Uber, la compañía tecnológica de transporte de vehículos con conductor, ha recibido un serio revolcón en Londres. La agencia Transport for London (TfL) ha denegado la renovación de la licencia a la empresa porque, según sus conclusiones, carece de la actitud requerida “a la hora de informar de delitos graves” y no explica cómo obtienen sus conductores los certificados médicos o penales. Los reguladores de Londres consideran que estas son razones suficientes para entender que Uber no es “un operador adecuado y correcto”.

El conflicto de las plataformas tecnológicas que gestionan la llamada economía colaborativa no es nuevo, pero una decisión como esta sitúa a los Gobiernos y a las propias plataformas en la urgente obligación de aclarar y regular la actividad. Los avances tecnológicos han llegado para quedarse; los ciudadanos ya no van a renunciar a las ventajas que supone pedir un transporte mediante una aplicación en el móvil, ni es deseable que lo hagan. Pero Uber y el resto de las compañías de la nueva economía tienen que cumplir la ley. Las innovaciones que ofrecen no pueden ser una coartada para instalarse en la reticencia de la información que facilitan a las autoridades públicas. Debe quedar claro, además, que tienen que operar en un régimen de homogeneidad fiscal. La prosperidad de Uber o de cualquier otra compañía del ramo no puede estar basada en la competencia desleal en materia de tributos.

Uber recurrirá la decisión y se escuda en los 40.000 empleos afectados. El argumento no se sostiene; si están en peligro es porque Uber no se ha ajustado a los requerimientos de la autoridad pública. El fondo del problema sigue en pie: la regulación tradicional es insuficiente e ineficiente para encajar la tecnología colaborativa en el orden económico actual. Gobiernos y empresas tienen que negociar esa transición con un nuevo marco regulatorio.