El derecho de los nacionalistas

En Cataluña y para los nacionalistas al uso, una regla es derecho si sirve para conseguir el poder. Y en España lo es si vale para conservarlo. Si no, es ilegal, antidemocrática, contrarrevolucionaria. No me asombra que los juristas más prudentes enmudezcan y los más osados, de entre quienes carecemos de toda vocación política, nos quejemos: así, no.

Cabe distinguir tres especies de juristas, cada una con insuficiencias manifiestas y excesos insufribles. Los míos, primero. Los legales creemos que la Constitución y las leyes han de ser respetadas. Es teoría antigua y valiosa. También frágil. De bueno tiene que, gracias a ella y solo a ella, la gente sabe a qué atenerse (a la ley al pie de la letra, a lo que dice su texto): a usted le consta, por ejemplo, a quién y cuándo habrá de pagar sus impuestos, cuánto habrá de pagar y qué ocurrirá si oculta ingresos (y le descubren); o sabe cómo conducirse, en la calle, en el trabajo, en familia, en el hospital y cómo puede exigir que los demás le traten. De malo tiene mucho: es rígida, tediosa, ininteligible, contradictoria y, aunque sea detestada por la mayoría, la cambian siempre demasiado tarde. La ley, por mucha ley que sea, no puede ignorar a las mayorías políticas claras y estables. La Constitución, tampoco. El papel no lo aguanta todo, pues por sí solo es muy poca cosa. Pese a ello, por oficio siempre deformador, soy (más o menos) legal. Para los nacionalistas, en cambio, la ley que no sirve para alcanzar o conservar el poder es perfectamente despreciable. Como diría Marx (Groucho), si la ley que hay no les gusta, tengo otra. Así, tampoco.

Luego están los juristas demócratas. Creen en la ley de las mayorías políticas, en el derecho tal y como lo entienden los más. Es teoría grata, pero manifiesta debilidades antiguas: desguarnece a las minorías y permite a las mayorías interpretar hoy la ley de modo distinto a como lo hacía ayer. Luego, los más no son necesariamente los mejores ni siempre aciertan. Por esto, para un demócrata, la ley primordial es la que permite a la gente, cada cierto tiempo, echar a la mayoría y cambiarla por otra nueva. Los nacionalistas, en Cataluña, suelen ser demócratas. Pero ratean, arrogándose una mayoría que no tienen. Han llegado a privar a las minorías de todo derecho que ellos mismos no hayan decidido concederles, como el de poder debatir proyectos de ley en el Parlamento. Lo han visto ustedes por televisión: acallan. Los nacionalistas, en España, usan la ley para extender la prohibición de votar de los nacionalistas catalanes a las de expresarse, reunirse y manifestarse. También lo han podido comprobar ustedes. Así, menos.

Finalmente, están los revolucionarios. Mis respetos porque, como dijo uno de ellos, quienes hacen imposible una revolución pacífica convierten otra violenta en inevitable (Thomas Jefferson). Hay factores comunes en muchas revoluciones, en los cambios bruscos del orden político: un shock externo (la crisis económica de 2008), un Estado quebradizo por excluyente de una clase, etnia o cultura, y la formación de una coalición revolucionaria (en Cataluña después de las elecciones de 2015). De derecho, la revolución legal, la ruptura en la cadena del orden legal mismo, ya ha tenido lugar: nacionalistas catalanes y nacionalistas españoles ya no se hablan desde un mismo orden jurídico. Piensan en anclajes distintos. Las cadenas legales tampoco se aguantan solas: todas ellas están ancladas en un acontecimiento histórico que, a menudo, fue una revolución (política y legal). Los conservadores españoles no negocian porque temen que su derecha se revuelva y los socialdemócratas no lo hacen porque les aterra que lo haga el Sur. Los nacionalistas catalanes no negocian porque hacerlo sería negar la revolución que han comenzado (“o sí, o sí”, giro habitual y abominable). Nadie dice querer la violencia, pero el rumbo es de abordaje. Alguien ha de cambiar la dinámica y liderar la formación de nuevas mayorías. Así sea.

A los legales nos duele el destrozo de las instituciones y del respeto al derecho que los nacionalistas (españoles, catalanes) han originado. Pero la situación es insostenible. Estos días uno se levanta cada mañana preguntándose de qué lado vendrá hoy el estropicio.

Una solución legal, democrática y revolucionaria sería convocar de nuevo elecciones en Cataluña, para conseguir una triple mayoría —en número de electores, de votos y de escaños— y desde la fortaleza de la legalidad democrática reclamar una revolucionaria ley de claridad, un referéndum con garantías. Pero hay nacionalistas en los dos lados.

Pablo Salvador Coderch es catedrático de Derecho Civil en la Universitat Pompeu Fabra.