Juana, Francesco y la justicia

El caso de Juana Rivas conduce a la perplejidad. Esta granadina que ha escondido a sus dos hijos —de 11 y 3 años— durante un mes los ha entregado este lunes al padre, Franceso Arcuri, como la justicia le exigía ante la amenaza de cárcel por presunta sustracción de menores. Los precedentes están de parte de Rivas: Arcuri fue condenado por violencia de género hace ocho años y ella le denunció por el mismo delito en julio de 2016. Sin embargo, una resolución judicial italiana otorgó provisionalmente la custodia a Arcuri y dos decisiones judiciales españolas le han negado a Rivas la posibilidad de seguir reteniendo a sus hijos.

Se ha impuesto la ley y se han aplicado las resoluciones judiciales, lo que en principio debería tranquilizar a la opinión pública (atrapada en las emociones de un caso altamente mediatizado), dado que son los jueces los que disponen de todos los elementos. Pero es a su vez la justicia y las instituciones tanto en Italia como en España las que generan perplejidad. ¿Cómo es posible que no se haya dado respuesta todavía a la segunda denuncia por malos tratos presentada por Juana Rivas? ¿Cómo se explica que las instituciones no hayan actuado antes, cuando, por ejemplo, ya en diciembre pasado un juzgado de Granada exigió a Rivas que devolviera a sus hijos al padre?

La protección de los menores es esencial en este caso. La justicia italiana se ha comprometido a vigilar su situación en cuanto el padre los lleve de vuelta a casa. Es una buena noticia. Rivas ha prometido seguir luchando por sus hijos, pero haría bien en no confiar en quienes le aconsejan desoír a los jueces y apelan a la emoción de las masas en vez de presentar alegaciones solventes que le permitan recuperarlos. Cuando hay menores y violencia de género por medio, las instituciones del Estado deben mostrar, a su vez, más diligencia y sensibilidad.