Demasiados ahogados

El aumento del número de ahogados en los primeros siete meses del año, tanto en playas como en otros lugares de baño, debería ser un toque de atención para los encargados públicos de velar por la seguridad en las costas. Hay más de 300 muertos por ahogamiento entre enero y julio, casi la mitad del total de fallecidos por accidentes de carretera. Pero como no hay estadísticas oficiales sobre este tipo de accidentes fatales (el balance de víctimas procede de la Real Federación de Salvamento y Socorrismo, elaborado sobre informaciones en los medios) nadie puede saber con exactitud las causas de este aumento de decesos que empieza a causar una cierta inquietud.

Así que el primer paso sería disponer de estadísticas oficiales fiables y circunstanciadas. Se trata de saber, por ejemplo, cuántos de estos accidentes se deben a la imprudencia y cuántos a la ausencia de medidas de protección de bañistas; cuántos se producen en playas, embalses, ríos o piscinas y cuántos son producto de un colapso o de un infarto. Sin información es imposible intentar un diagnóstico. Podría aventurarse que no se destina suficiente dinero público a vigilancia acuática, pero cualquier afirmación en este sentido, aunque fuera cierta en general, no dejaría de ser un brochazo de trazo grueso.

Habrá quien considere que la alarma no está justificada y que la acumulación de información y estadísticas amplifica la inquietud. Esa suposición está equivocada. La seguridad cotidiana —nada hay más cotidiano que un baño en verano— es una condición básica para la prosperidad turística que ahora se reclama con tanta vehemencia. Más de trescientos muertos significa que hay un gran número de familias afectadas y desconocer el volumen del problema, además de impedir que se le ponga remedio —en estos momentos, las Administraciones deberían estar indagando las causas—, es un recurso inútil. Siempre acaba por saberse y medirse.