Contra el Parlament

El bloque secesionista catalán pretende aprobar las leyes de desconexión —o ruptura del orden constitucional— contra las minorías que representan la mayoría social en las urnas del 27-S de 2015, desnaturalizando al Parlament.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite con acierto la impugnación de la reforma del reglamento de la Cámara que daría pie a la secesión exprés. Y así, esa reforma (del artículo 135) ha quedado suspendida. El nuevo reglamento apuntaba contra la oposición. Rompía las reglas de juego garantistas de los derechos de los diputados y, a través de estos, del derecho de los ciudadanos a la participación política (art. 23 de la Constitución).

La reforma estableció que el procedimiento simplificado de lectura única (sin discusión previa en Ponencia y Comisión) podía iniciarse con la iniciativa de un solo grupo, en vez de la anterior unanimidad de todos ellos, y no garantizaba el derecho de las minorías a presentar enmiendas.

Es la combinación de ambas limitaciones lo que el Consejo de Estado consideró atentatorio a los derechos de los parlamentarios. La propaganda oficialista de que la suspensión de la reforma es discriminatoria respecto de otras autonomías es falaz: en muchos Parlamentos existe la lectura única. Pero como norma, con garantías: o se activa por unanimidad o hay derecho a enmienda. De lo contrario, se produce una suerte de dictadura en la propia Cámara.

Los secesionistas planean como alternativa el uso forzado de otro artículo (el 81), que permite anular algunos trámites tras un acuerdo explícito de la mayoría, esquivando el control del Consejo de Garantías Estatutarias. O en su caso, una vía de urgencia —supuesto a todas luces abusivo: no hay urgencia social ninguna en romper ni Cataluña ni España—, que reduce los plazos y la facilidad de plantear enmiendas.

Como se ve, trucos —presuntamente astutos, pero de rábula— para aplastar, sí o sí, a la oposición, impidiendo o dificultando su margen de enmendar las leyes o de recurrir al organismo garante de la estatutoriedad de las nuevas normas. Y a su rebufo, a más de la mitad de la ciudadanía representada por ella. No es una cuestión administrativa, pues los procedimientos legislativos son el corazón de la actividad del Parlamento. Y por tanto de la división de poderes y del Estado de derecho.

La testarudez de los secesionistas en negar la igualdad de condiciones a sus colegas solo tiene parangón con el uso abusivo de la tarea legislativa para la propaganda. La inminente ley del referéndum ha sido presentada cuatro veces: a los diputados (separatistas); en un acto público en el Teatre Nacional de Catalunya; con ocasión de la firma de todos los disputados fieles; al presentarla al registro. Y lo será de nuevo cuando se acepte a trámite (antes de que el TC la suspenda).

Lo más significativo es su firma por todos los parlamentarios secesionistas. Aparenta fuerza; pero esconde desconfianza e inseguridad. Sirve para que todos se vigilen entre sí, no sea que alguno desfallezca, como sucedió con varios consejeros, y haya que purgarlo, algo más arduo con un diputado. Si este autoritarismo más bien propio de espías prefigura un (esotérico) Estado independiente, sus partidarios acabarán huyendo del mismo, despavoridos.