La policía política del PP

Tras cuatro meses de trabajo, la comisión del Congreso dedicada a investigar las irregularidades del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz ha aprobado unas conclusiones tan demoledoras como preocupantes.

Es cierto que no ha brillado por la calidad de su trabajo, señalando así lo lejos que todavía está nuestro Parlamento de ejercer la función de fiscalización del poder con la ejemplaridad que debiera. Con todo, pocos hechos cabe imaginar tan graves en una democracia como la constatación parlamentaria de que los responsables del Ministerio del Interior utilizaron a la policía tanto para obstaculizar las investigaciones de corrupción que afectaban al partido del Gobierno como para perseguir a sus opositores políticos con informes falsos y pruebas fabricadas.

Cuando se dice que en un Estado de derecho nadie está por encima de la ley y que los poderes públicos están sometidos a ella, no se formula una frase vacía de contenido sino que se señala aquello que constituye el núcleo central de una democracia y sin la cual esta no puede funcionar. El papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es hacer cumplir la ley, proteger a los ciudadanos y salvaguardar sus derechos fundamentales, no perseguir a los adversarios políticos y blindar al poder del escrutinio de la justicia, el Parlamento o la opinión pública.

La salida del Gobierno y de la dirección de la policía de los responsables de estas actuaciones salda solo en parte las responsabilidades políticas por unos hechos tan graves. Al Ejecutivo, con su presidente a la cabeza, y al partido que lo sostiene deberían preocuparle más que a nadie estas prácticas tan dañinas para la salud democrática de nuestro país. Nada hemos escuchado hasta ahora, sin embargo, que indique que reconoce y asume que aquellos hechos son condenables y, por tanto, que no se repetirán.