Narcoguerra al sur de España
Bajo el resplandor de un par de focos en torno a los que revoloteaba un enjambre de mosquitos nocturnos, la lancha de 12 metros lucía su proa amenazante como las fauces de un tiburón. Atornillados a popa de la embarcación negra varada sobre un remolque, tres motores de 300 caballos cada uno. Una loneta azul tapaba media cubierta, escondiendo el puesto de mando y tres asientos traseros alineados en fila india. Sobresalía un radar coronando el pequeño mástil de acero inoxidable. Amarrados a una barra de hierro, cuatro cascos de piloto para volar sobre el agua a más de 50 nudos de velocidad. Y bien apilados sobre el suelo, medio centenar de bidones de combustible de 25 litros cada uno. Todo se escondía en una nave cubierta con paredes, portones y techo de zinc. Todavía quedaba espacio para la otra goma que permanecía fuera, en el jardín de una finca en primera línea de la playa de Palmones, sobre un remolque enganchado a un tractor verde. Tres cabezones de 350 caballos cada uno se recostaban a popa de esta otra planeadora gemela, aún empapada de salitre desde la quilla hasta la cubierta. Un par de horas antes, las dos embarcaciones habían sido avistadas al filo del faro de Punta Carbonera (San Roque), en el litoral mediterráneo de la provincia de Cádiz.
Al resguardo de una noche de media luna, los transportistas alijaron la carga cerca del faro y salieron zumbando hasta la playa de Palmones en la pedanía del mismo nombre, dentro de la bahía de Algeciras. El portón trasero de la finca se abrió para dar entrada a las embarcaciones al remolque del tractor, que recorrió en dos viajes los pocos metros que distan del agua. Un puñado de individuos salieron por piernas de allí. Otros cuatro se metieron en la casa de este terreno cercado con paredes de chapa. Un quinto elemento se quedó en el jardín, ajeno a que el helicóptero de Aduanas estaba viendo todo en una cámara térmica desde cientos de metros de altura.
Francis, Iván y Félix habían sido los primeros en localizar las embarcaciones sospechosas. Los tres agentes de Aduanas otearon desde un monte con otra cámara térmica el horizonte que abarca desde la valla fronteriza de Gibraltar hasta las inmediaciones del puerto de Sotogrande. Cuando las dos gomas aparecieron en la pantalla cerca de tierra, Francis informó al helicóptero de Aduanas. El pájaro cazó el enclave de la playa de Palmones donde los lancheros se cobijaron tras cumplir con su tarea. También se informó al mando que coordina acciones con otros cuerpos policiales. Varios agentes de la Guardia Civil, entre ellos miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR), aseguraron el perímetro de la finca empuñando sus ametralladoras ligeras mientras esperaban a los agentes de Aduanas que dieron pie a la operación.
Al entrar, la única persona visible era un hombre de mediana edad vestido con ropa militar de camuflaje en tonos marrones desde el cuello hasta los pies. Dijo estar viviendo allí de alquiler y no saber nada de aquellas enormes embarcaciones plantadas en el jardín y el interior de la nave. Dentro de la vivienda de la finca se escondían otros cuatro individuos. Esperaron hasta el alba para salir. Dos dijeron ser de Ceuta. Otros dos, de la provincia de Cádiz. El de más edad fumaba sin parar. El de mayor envergadura, de origen ceutí, permanecía impasible. Todos vestían camiseta, bermudas y deportivas. Con las manos a la espalda, aseguraban haber venido a pasar la noche tomando algo en aquella casa, a pesar de estar cerrada a cal y canto. Francis, Iván y Félix, los tres agentes de Aduanas, chaleco antibalas y pistola HK del 9 Parabellum al cinto, los llevaron por un sendero hasta la entrada del recinto.
Allí esperaban otros agentes de la Guardia Civil para identificarlos. Solo el de mayor edad mostró un documento. El otro que decía vivir en la provincia de Cádiz llamó por teléfono. “Mami, hazme una foto del carné y mándamela… No pasa ná, me ha parao la Guardia Civil”. Un agente abrió la mochila que el ceutí impasible llevaba a la espalda. Dentro había una toalla, un bañador y una funda impermeable que protegía dos teléfonos vía satélite. Ante la solicitud de desbloquear los terminales, respondió: “No sé cómo se hace, son nuevos”. El agente liberó uno de ellos e indagó entre las pocas llamadas registradas. Entre ellas, una de un número asociado con el apodo King (Rey). Solo había un mensaje escrito en el buzón correspondiente. “Quiyo, avísame si esta noche vas a venir a kasa o te kedas con los colegas”. El mayor del grupo empalmaba cigarros hasta que se comprobó su identidad, fue engrilletado en el acto y llevado al cuartel. “Pesa sobre usted una requisitoria judicial. ¿Quiere que le explique sus derechos o se los sabe?”.
La incautación de las dos planeadoras con los instrumentos de navegación y sus correspondientes motores, cuyo valor supera los 300.000 euros. Más de 1.200 litros de combustible y un tractor requisados. Un detenido, tres individuos identificados y la toma de declaración del supuesto habitante de la finca para seguir el rastro de las propiedades confiscadas. Fue el saldo de esta incursión nocturna a primeros de julio en las costas del Campo de Gibraltar. Al sur de la península Ibérica, en su extremo más meridional, se libra una vieja batalla entre narcotraficantes y fuerzas del orden que hoy muestra una cara más agresiva. La contienda transcurre en las localidades costeras de una comarca que ocupa 1.500 kilómetros cuadrados y alberga 250.000 habitantes. Mismo escenario, salpicado de playas con el peñón de Gibraltar como telón de fondo. Mismos actores, a un lado y al otro de la ley. Junto con las armas, la inmigración irregular, el dinero y el tabaco, la droga sigue siendo el principal activo que surca las aguas del Estrecho. Del punto A: Marruecos, principal productor mundial de cánnabis, al punto B: el sur de Andalucía, a 14 kilómetros en su trayecto más corto, objetivo intermedio entre la salida de la mercancía y las redes que la llevan hacia el resto de Europa.
pulsa en la fotoDetención durante una incursión en una finca junto a la playa de Palmones.Fernando Moleres
“Si ahora mismo quisiera ordenar un transporte de material, solo tendría que poner dos mensajes con este teléfono: uno a Marruecos y otro aquí, en España”, dice el jefe de una organización asentado en la Costa del Sol durante un encuentro en la terraza de un hotel. “Dos mensajes. No llegaría al tercero para arrancar la maquinaria. Seguiré haciendo lo que hago mientras los de arriba sigan robando, los políticos no den ejemplo y no cambie el país”. El jefe de jefes ronda los 40 y es de origen marroquí. Lleva desde la adolescencia en el negocio. Corpulento, de rasgos duros, viste camiseta negra y bermudas. Luce un reloj de gran calibre en la muñeca izquierda. Paquete de rubio y gafas de sol con cristales de espejo sobre la mesa. Asegura que 300 familias viven de su organización, dedicada al tráfico de hachís desde el norte de Marruecos hasta la costa andaluza para su puesta a disposición de otras bandas internacionales que mueven la droga hacia el resto del continente. “Ketama está llena de hierba. Aunque se legalizase el cánnabis, el tráfico a gran escala seguiría. Solo tienes que ver el caso de Holanda”. Llegó a Algeciras siendo “un niño de familia humilde”. Empezó a curtirse desde los escalones más bajos con el menudeo. A los 17, un amigo le ofreció dar el primer pase.
“Aunque se legalizase el cánnabis, el tráfico a gran escala seguiría”, dice el jefe de una organización.
“Fue a mediados de los noventa. Salimos de La Línea de la Concepción en patera hasta unas ocho millas de la isla de Perejil. Nos desgarramos las manos subiendo los paquetes amarrados a una boya. Cuatrocientos kilos. Saqué unas 250.000 pesetas. Me gustó el mar. En el año 2000, compré mi primera goma con tres amigos. Doce millones. Con motor de 250 caballos y GPS. Un primer trabajo con destino en Málaga. Compramos la segunda goma. Y rodó la rueda. Cuando empecé en serio, prácticamente era jefe. Me sorprendo a mí mismo diciendo esto, pero siendo jefe empecé a pilotar. Cuando alguno ponía problemas para salir a la mar iba yo. La primera persecución con los de Aduanas fue de día. Nunca he tirado paquetes al agua. Nunca he temido por mi vida. Me han trincado tres veces, pero de vacío. El último pase lo di en 2008. Hoy tengo demasiado que perder como para salir. Paré de embarcar cuando las costas de Marruecos dejaron de ser seguras. Antes estaban más untados. Hoy te disparan. Es preferible que te persigan los policías españoles. Por ley no te pueden disparar. Además, el SIVE [Sistema Integrado de Vigilancia Exterior] de la Guardia Civil tiene un punto ciego de Ceuta a Gibraltar en línea recta. Hoy está entrando más chocolate que nunca. Y la Guardia Civil siempre ha sido cómplice. Con 40.000 euros puedes comprar a un grupo. A 1.700 euros el kilo de [la modalidad] jardala coronado en España, la tonelada y media ronda un valor de dos millones y medio de euros. Los beneficios se llevan mediante cambistas a Marruecos o a Dubái, países donde no ponen tantos problemas con el dinero como en España. El negocio tiene riesgos. Si una tripulación pierde la carga, tienen que devolver su valor con otros trabajos. Y si me roban el material, no me quedo de brazos cruzados. Los niñatos que entran ahora revientan los precios. Inviertes 500 y ganas 250. Antes todo era más hermético. No se alijaba de día. Desde el río Guadarranque han salido gomas toda la vida. Pero se respetaba la noche. Tengo amigos que enseñan el negocio a sus hijos. No me gustaría que los míos siguieran mis pasos”.
La multiplicación de las organizaciones peninsulares implicadas, que se roban entre sí cada vez con mayor virulencia el género introducido en el sur de España, agrava un contexto donde crece el arraigo de la actividad generación tras generación. Tras el cierre con una barrera del río Guadarranque para evitar el tránsito de narcolanchas, se han encontrado nuevas fincas para la custodia de gomas en otros enclaves de la bahía de Algeciras como Puente Mayorga y Palmones. Los iniciados se curten lancheando tabaco de contrabando. “Esa fase es como la del Castilla [filial de fútbol del principal equipo del Real Madrid]”, dice un agente de Aduanas. “El que vale pasa al hachís”. Como resume Francisco Márquez, director del centro penitenciario de Botafuegos (Algeciras), donde se interrumpe el viaje de muchos de los cazados en el intento, “el narcotráfico es el delito estrella del Campo de Gibraltar”.
Por mar y tierra, todos pelean por el control de incontables toneladas de hachís que cada año se alijan en el millar de kilómetros de playas del litoral andaluz desde la frontera de Huelva con Portugal hasta el cabo de Gata almeriense. El embudo del estrecho de Gibraltar representa el punto más caliente. Una vez en suelo español, el producto se custodia en miles de guarderías diseminadas al borde del litoral a la espera de su distribución internacional mediante camiones. La provincia de Cádiz es el punto de entrada de casi la mitad del hachís que viaja a la península Ibérica desde Marruecos. Apenas se intercepta el 20% de lo que acaba alijándose. Las incautaciones de cánnabis en todo el territorio nacional alcanzaron las 324 toneladas a lo largo de 2016. El puerto de Algeciras, donde apenas se analiza un 5% de la carga, es también uno de los principales lugares de entrada de cocaína en España mediante contenedores fletados en Sudamérica. Las rutas nacionales de estupefacientes afianzan sus redes mientras localidades de la provincia gaditana azotadas por este mercado como La Línea o Sanlúcar de Barrameda ocupan los primeros puestos de las ciudades con menor renta y mayor tasa de paro de España en los indicadores urbanos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. La evolución del negocio ha moldeado profesionales que aseguran a toda costa las pacas por mar. Una vez en tierra, se cotizan los pilotos capaces de llevar hasta los almacenes los fardos coronados en las playas a bordo de vehículos robados bajo una premisa: llevarse por delante a todo el que se interponga en el camino. Se multiplican las casas concebidas como fortalezas con armamento en su interior para repeler las tentativas de vuelcos de droga de bandas rivales. Los ajustes de cuentas están a la orden del día. Abundan los agentes temerosos de ser reconocidos por la calle. “Esto ya es una guerra”, dice un experimentado policía curtido en esta batalla al sur de España. “Y la estamos perdiendo”.
El temor se agrava en boca de un veterano político que ejerce en uno de los municipios de la comarca al mencionar el riesgo de “sudamericanización” de los métodos utilizados por las organizaciones en su violenta escalada. El algecireño Miguel Gil, de 55 años, jefe operativo del Servicio de Vigilancia Aduanera, está a prueba de optimismos. “Nos encontramos en un estado de guerra. Y ahora nos ganan casi todas las batallas. El temor es la galleguización de las organizaciones: el Campo de Gibraltar vive la misma evolución que la costa gallega en los ochenta y noventa: del contrabando de tabaco se pasó al hachís, y ahora no hay que descartar la introducción de cocaína en las lanchas. En los últimos años todo ha ido a peor. En La Línea de la Concepción, a estas alturas de 2017 nos hemos incautado desde Aduanas más de las 30 toneladas de hachís que se aprehendieron durante todo 2016. Las medidas policiales ya han hecho lo que podían hacer”. A mediados de junio, el delegado del Gobierno en Andalucía anunció un despliegue especial de la Policía Nacional y la Guardia Civil en La Línea ante el recrudecimiento de los enfrentamientos entre narcos y las fuerzas del orden. El número de agentes desplazados no se ha hecho público para evitar, según las autoridades, “dar pistas a los malos”.
Por estas latitudes se insiste en que el punto de inflexión llegó el 8 de junio, cuando el policía local Víctor Sánchez, de 46 años, murió atropellado durante una persecución a contrabandistas de tabaco. Su figura se recordó el pasado 26 de junio durante la celebración del Día Internacional contra la Droga en la plaza Alta de Algeciras. Un centenar de personas acudieron a la convocatoria de la Coordinadora Alternativas. Su presidente, Francisco Mena, leyó un comunicado por megafonía parapetado tras una pancarta con el lema “Los narcotraficantes disfrutan impunemente del dinero de las drogas”. Mena hizo hincapié en el desbordamiento de las fuerzas de seguridad, la sensación de impunidad en la comarca y la necesidad de una regulación más estricta para las narcolanchas. “Solo tienen un uso conocido. Una vez incautadas, deberían ser destruidas para que no salgan a subasta y puedan ser reutilizadas. Se estima que en el Campo de Gibraltar este negocio mueve 300 millones de euros al año. Aquí no opera el Estado, sino la narcoeconomía”.
“En el Campo de Gibraltar no opera el Estado. Aquí opera la narcoeconomía”.
Al terminar la concentración, varios representantes de los sindicatos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera hablan sobre la falta de recursos para librar esta contienda en condiciones más igualadas. “En los ámbitos locales de la delincuencia nos tienen perdido el principio de autoridad”, dice Carmen Velayos, del Sindicato Unificado de Policía. Los representantes sindicales recuerdan que los sueldos medios en los tres cuerpos policiales oscilan entre los 1.300 y los 1.500 euros mensuales. Y admiten ser conscientes de la existencia de casos puntuales de agentes de la ley que han sido condenados por connivencia con las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
La provincia de Cádiz es la única de España que cuenta con tres fiscales antidroga. Emilio Miró ocupa la plaza con sede en Algeciras desde hace 16 años. “La situación más grave se encuentra ahora en La Línea”, dice Miró. “En el mar, las lanchas tienen ventaja en velocidad sobre las patrulleras de Aduanas y la Guardia Civil. Pero es en tierra donde está el punto más vulnerable, en el momento de sacar la mercancía de las embarcaciones y meterla en los coches. Ahí se están registrando los episodios más graves de violencia. Además de más policía, ayudaría una mayor coordinación entre los cuerpos policiales”.
Emilio Miró admite liderar una fiscalía “en parte desbordada”. Su jurisdicción recae sobre los municipios de La Línea de la Concepción, San Roque, Algeciras y Tarifa. Además de la gravedad del asentado tráfico de hachís, Miró sigue prestando atención al contrabando de tabaco desde Gibraltar. “Su volumen es desmesurado. Pero no es delito de contrabando hasta que la cantidad no supera el valor de 15.000 euros. Hay mucha gente que dice vivir de esta actividad. La infraestructura para introducir hachís es la misma. No hemos detectado que se empleen los mismos medios para el tráfico de cocaína, que llega por el puerto de Algeciras. Suponen distintos problemas, organizaciones y formas de actuar”.
En cuanto a la especialización de los grupos españoles que operan en esta zona, el fiscal Miró centra el foco en el transporte y la introducción del hachís en la costa para su puesta a disposición de la mercancía, “que tiene un dueño en Marruecos y luego la recupera en la Península”. Pilotos, embarcaciones, mecánicos, vehículos, puntos de vigilancia en tierra, almacenes… Cincuenta mil para el piloto, de 1.000 a 1.500 euros para los puntos de vigilancia en tierra, 3.000 para los que trasladan los fardos de la lancha a los todoterrenos y los llevan a las guarderías… “Los grandes grupos funcionan de forma similar a un cartel, controlando a numerosas bandas inferiores. Las penas relacionadas están en torno a cuatro años y medio cuando se trata de una organización. Aplicados los beneficios penitenciarios y descontado el tiempo que pasan en preventiva, los condenados pueden salir en tres o cuatro años. La complicación está en localizar los patrimonios y la intervención de las embarcaciones, que son un medio costoso de transporte que navega ilegalmente y sobre las que se pide una regulación más restrictiva desde ámbitos policiales. Quizá fuera de aquí no se puede apreciar la crudeza que este problema lleva aparejada tanto de criminalidad como de conflicto social: hay mucha gente joven que ve una actividad delictiva como una salida profesional”.
A un paseo de la fiscalía de Emilio Miró está el puerto de Algeciras. Por esta aduana transitan un millón de contenedores al año. La técnica del gancho perdido, que requiere la connivencia de al menos un estibador que brinde acceso al contenedor, es el medio de entrada de estupefacientes por esta vía. En el hangar del Centro de Reconocimiento No Intrusivo, dos agentes de Aduanas y otros dos de la Guardia Civil someten a escáner a diario medio centenar de contenedores. “La incautación más reciente fue hace tres semanas: un gancho perdido con 7.000 kilos de cocaína ocultos en el flete”, dice uno de los agentes. “De cada 200 contenedores, uno da positivo en carga ilegal”. Esta vigilancia cesa a las 20.30. Con el ocaso, el campo de batalla regresa al mar.
Otra noche reciente al sur de la Península. El Gerifalte, turbolancha de 30 metros de eslora del Servicio de Vigilancia Aduanera, recibe un aviso al poco de salir de su base en el puerto de Cádiz. El avión portugués de Aduanas ha avistado una goma “con bulto” que se dirige hacia la desembocadura del Guadalquivir. Moisés, de 59 años, el capitán, pone rumbo a Sanlúcar de Barrameda. El Gerifalte avanza a 30 nudos mientras el helicóptero de Aduanas se une a la caza y localiza desde el aire a los tripulantes de la goma transbordando la mercancía en plena noche a unos botes abarloados a embarcaciones cangrejeras, que tienen el ancla echada en el río a la altura de Bonanza. Acto seguido, los botes salen hacia la orilla y sueltan los fardos en tierra para su empaque en dos todoterrenos que corren a un invernadero cercano.
El Gerifalte se aproxima a las cangrejeras. Cinco agentes armados botan la semirrígida auxiliar del buque e inician el asalto por las bravas de las viejas naves ancladas en el río. En una de ellas hay tres muchachos con cara de póquer limpiando la cubierta. Aseguran haber estado pescando. Al sexto abordaje aparece uno de los botes empleados para llevar los bultos a tierra, amarrado a una cangrejera. El suelo de la pequeña barca está manchado con barro húmedo y las pisadas de los porteadores que han desembarcado en la orilla. El motor de 60 caballos a popa permanece templado por el reciente uso. Aquí solo queda el rastro de los contrabandistas. Los todoterrenos han llegado con la carga al invernadero y permanecen en el interior. De vuelta al Gerifalte, desde la radio se escucha al centro de mando operativo de Aduanas dar orden de asaltar por tierra el invernadero. “¡Voy a meter el focazo hacia abajo!”, gritan desde el helicóptero de Aduanas mientras caen en picado metiendo luz sobre el objetivo. Ante el destello, un grupo de individuos sale desde abajo a todo correr hacia los caños. No hay detenidos, pero una patrulla de agentes entra en el invernadero y se incauta de los dos vehículos todoterreno, fletados hasta los topes con dos toneladas y media de resina de hachís en 83 fardos de unos 30 kilos cada uno. A 1.700 euros el kilo de este material coronado en España, el valor del botín ronda los cuatro millones de euros. A bordo del Gerifalte, un mensaje unánime. “Hoy les hemos jodido el día”.
A bordo del ‘Gerifalte’, tras la incautación de un alijo de dos toneladas y media: “Les hemos jodido el día”.
Horas después, el alijo permanece custodiado en un búnker de la oficina de Aduanas junto al puerto de Cádiz. Santiago Villalba, de 57 años, jefe de la unidad combinada de tierra y mar de Aduanas, abre el portón trasero de uno de los dos todoterrenos robados con matrículas falsas, empuña una navaja y lanza una estocada a la arpillera de uno de los fardos manchados de barro todavía húmedo. Villalba saca una de las 30 pacas de a kilo que contiene el envoltorio, cada una de las cuales lleva enrolladas con cinta 10 placas de 100 gramos cada una. Abierta por la mitad, una de las pastillas desprende el fuerte aroma del polen prensado días atrás. Unos cargadores suben las dos toneladas y media a un camión que las lleva hasta el depósito donde permanecerán a disposición judicial.
A un centenar largo de kilómetros de aquí, en la exclusiva urbanización de Sotogrande, tiene su despacho el abogado penalista Ricardo Álvarez-Ossorio. De 45 años y más de dos decenios de experiencia en el ámbito nacional, ha representado judicialmente a narcotraficantes que operan en el estrecho de Gibraltar. Entre ellos, a Mohamed Taieb Ahmed, alias El Nene, jefe de uno de los principales clanes del negocio en Ceuta, hoy desaparecido. “Hace años que no sé de él, lo que me hace pensar que efectivamente falleció. Era un tipo cortés. Con carisma. Básico en cuestiones de moralidad. Y tenía un auténtico ordenador en la cabeza”. Recién llegado a su oficina pilotando un Jaguar F-Type negro descapotable, el abogado viste ceñido traje gris que revela un cuerpo cincelado en el gimnasio y luce un Rolex Daytona de oro blanco en la muñeca izquierda. Asegura necesitar muy poco tiempo para componer un caso. Rechaza asuntos de tráfico de heroína y delitos de terrorismo y pederastia. “Ahora mismo en mi despacho habrá activos un centenar de casos. El 75% aproximadamente tienen que ver con delitos relacionados con la salud pública y con el blanqueo de capitales. Yo intento ser claro con mis clientes. No soy el Mago de Oz. Les bajo los pies al suelo. Esta situación en el sur de España se parece a intentar vaciar una piscina que siempre tendrá agua. El charco nunca se secará. Cuanto más hachís se aprehenda, más producirá Marruecos”.
Mientras la rueda sigue girando, la sede del SIVE en la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras mantiene la vigilancia monitorizada del estrecho de Gibraltar. El rastreo se centraliza en una sala de grandes pantallas donde se apunta hacia las embarcaciones sospechosas que ponen rumbo a la Península desde el norte de África. Aquí se admite que el peñón de Gibraltar sigue representando un punto ciego, pero los éxitos del SIVE son reconocidos por todos los cuerpos policiales. Desde este centro de mando se coordina la actuación de las patrulleras de la Guardia Civil y los avisos al Servicio de Vigilancia Aduanera. La relación con los cuerpos policiales del vecino Gibraltar también se considera “excelente”. Una conexión que ratifica desde la otra parte el comisario jefe de la Royal Gibraltar Police, Edward Yome.
El comisario Yome recapitula un reciente episodio en el que una lancha de su unidad marítima denunció haber escuchado disparos al aire desde la goma de unos narcotraficantes durante una persecución. “Nuestro objetivo es evitar que los que huyen de Aduanas y la Guardia Civil usen las aguas de tres millas alrededor del Peñón para resguardarse. Nuestras naves son rápidas: llegan hasta los 70 nudos de velocidad. En Gibraltar se decidió prohibir por ley el uso de gomas y los resultados han sido positivos. Sería interesante la declaración de zona especial al Campo de Gibraltar. Este problema afecta a toda la Península. Y al resto de Europa. También han herido a mis agentes. Ahora llevamos a un policía armado en nuestras patrulleras, con carabina y pistola de 9 milímetros”.
“En Gibraltar se decidió prohibir por ley el uso de ‘gomas’ y los resultados han sido positivos”.
Cae la tarde al otro lado de la valla de Gibraltar, en La Línea de la Concepción. 63.000 habitantes. 35% de paro. Por el paseo marítimo de la orilla mediterránea se extiende el barrio de La Atunara, colonia de casas bajas junto a un puerto pesquero convertida en territorio comanche. Grupos especiales de la Policía Nacional y los GAR de la Guardia Civil plantan controles durante el día empuñando ametralladoras ligeras. “Este es un barrio de gente humilde”, dice Manuel Rojas, representante vecinal de La Atunara. “Pero ningún político de arriba se ha ocupado de este último rincón. Mucha gente sobrevive aquí gracias a Gibraltar. Yo pondría hoteles y fomentaría el turismo. Si no hay oportunidades, la gente se busca la vida. Si se meten al contrabando, tampoco lo veo mal”.
Cerca de la playa, tres adolescentes dicen estudiar en el instituto, al margen de trapicheos. “Yo quiero ser policía para cambiar la imagen de La Línea”, dice Alejandro. Sus colegas quieren estudiar química e ingeniería. Pero muchos otros quieren ser aquí como los Castañitas, hermanos que lideran el clan del mismo nombre y están en busca y captura tras un golpe policial a su organización. Narcos de la zona con casoplones cerca de La Atunara, próximos a almacenes de droga y cientos de otras fortalezas levantadas ilegalmente en el polígono del Zabal. En el tramo de Tonelero, playa clave de desembarco de hachís, las casas lucen esquinas reventadas por los todoterrenos que salen a toda velocidad con los fardos por dos vías de conexión con el asfalto. Un veterano policía de La Línea reclama que se cierren al tráfico estas dos entradas. “Casi el 70% de la droga que entra aquí lo hace por este punto. También hacen falta medidas sociales si no queremos que esto se convierta en una ciudad de narcotraficantes”.
A medianoche, los clientes de un bar de La Atunara ven llegar a diez soldados dirigidos por un tipo con un walkie-talkie conectado a todo volumen. Cierra la formación otro joven con una moto de camino a un paso de cebra que acaba a pie de playa. Un bote alcanza la orilla. Los chavales agarran una docena de fardos con cajas de tabaco de contrabando y regresan a la carrera. El grupo se pierde entre los callejones de La Atunara, escoltados por el piloto de la escúter haciendo caballitos. La noche en La Atunara es un coladero. Hay gomas merodeando y decenas de planeadoras que llevan tabaco desde el otro lado de la valla de Gibraltar hasta La Línea. “Habría que plantear tres clases de medidas”, dice Helenio Lucas Fernández, concejal de asuntos sociales del Ayuntamiento de La Línea. “A corto plazo, policiales; a medio, dotación de infraestructuras; y a largo, educación en valores. Para todo hace falta más inversión”. Juan José Uceda, veterano activista linense, apostilla: “Las fuerzas del orden están desamparadas en esta ciudad. Las campañas actuales de dispositivos son muy bonitas. Pero se volverán a ir”.
En su despacho de Madrid, el comisario jefe de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional, Ricardo Toro, maneja claves globales de esta batalla. “La cocaína que controlan los colombianos, 35.000 euros el kilo puesto en España, sigue teniendo al puerto de Algeciras, junto con Valencia, Vigo y Barcelona, como principal vía de entrada. La ruta africana de la cocaína deriva sobre todo hacia Argelia y Túnez para seguir en otros trayectos su viaje a Europa. Los marroquíes controlan el tráfico de hachís en la Península y forman organizaciones que hoy no se mezclan con las del tráfico de cocaína. Tampoco tenemos constancia de que estas mafias estén financiando el terrorismo yihadista. Sí ocurre así con las organizaciones que fletan desde Marruecos pesqueros que pueden llevar hasta 20 toneladas de hachís para la ruta del Mediterráneo oriental hacia Libia, Egipto y Siria. Lo único seguro es que seguirán haciendo lo que hacen. En Ketama aumentan las cosechas y la producción. Y los que se dedican al crimen organizado no saben hacer otra cosa”.
La rueda sigue girando en el Campo de Gibraltar. “Permanecerá así mientras que el narcotráfico siga dando dinero”, dice Ana Villagómez, fiscal antidroga de Cádiz. “Hay muchos frentes abiertos. Falta de medios policiales y judiciales. Han descendido las investigaciones y las aprehensiones. Se echan en falta más equipos para perseguir el blanqueo de capitales. El sistema es lento y burocrático. Tengo asuntos de 2009 aún sin juzgar. No podemos generalizar, pero en lugares concretos del sur existe una guerra. Y en los puntos calientes, la droga está por todas partes. Solo estamos llegando a la punta del iceberg”.
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