La tercera vía

La tardanza en desarrollar el proyecto de Granada ha privado a la declaración del PSOE y del PSC sobre Cataluña de buena parte de sus efectos positivos. Es tarde para detener el choque de trenes y su visible inclinación hacia el catalanismo entra en conflicto con la posición de Estado previamente adoptada frente al 1 de octubre. Si el referéndum tiene lugar, y a la vista de cinco años de aplastamiento de la democracia en Cataluña el resultado no ofrece dudas, la propuesta socialista carece de espacio para ser aplicada. Los problemas serán otros, y mucho más graves que los simbólicos apuntados. En cambio, de lograr el Gobierno su objetivo de impedir la celebración, como ello en modo alguno eliminará el problema de fondo, entra en juego la necesidad de abrir un camino político para la reinserción constitucional de Cataluña, y aquí la Declaración de Barcelona sí puede ser un punto de partida útil.

El apresuramiento ha intervenido también a la hora de establecer los conceptos políticos sobre los cuales se apoya la transición ofrecida hacia el Estado federal. El encaje no es difícil, ya que las palabras, dada la crispación actual, a veces muerden, pero muchos obstáculos desaparecen si lo que se pretende, en términos orteguianos, es ver claro. Hablar de España como Estado plurinacional, en el sentido que utilizan los catalanistas desde fines del siglo XIX, lleva a un callejón sin salida y se sustenta sobre una falsificación histórica, ya que España no es el imperio austrohúngaro ni Yugoslavia. La existencia de España como sujeto histórico, y no simple superestructura de poder, tiene antecedentes comprobables desde la Edad Media. Es fruto de un desarrollo histórico como monarquía de agregación, que a diferencia de Francia, con una evolución comparable hasta 1789, no cuaja en el Estado nación que anuncian la guerra de Independencia y la Constitución de 1812.

Lo explicó hace tiempo Pierre Vilar: esa modernización política tiene lugar al mismo tiempo que se desploman las precondiciones que la hicieron posible. Y de los estrangulamientos que en el 98 hacen de España un dying country, se afirman las alternativas de unos nacionalismos periféricos que cuentan también con su propia historia dentro de la monarquía, sus propios procesos de construcción nacional, opuestos e imbricados al mismo tiempo con el de España. Hasta culminar hoy, lo cual aconseja una reforma que precise lo anunciado en el artículo 2 de la vigente Constitución, respondiendo a esa fórmula de “nación de naciones” y a la concepción de una España —no un Estado— plurinacional. Advirtiendo de paso, en contraste con el independentismo, que caben en democracia naciones sin Estado propio, o compartiendo un Estado: caso de Bélgica.

Las naciones no son la expresión de un conjunto de factores objetivos, por encima de la historia

Desde esta perspectiva, las naciones no son la expresión de un conjunto de factores objetivos, por encima de la historia, como propuso Stalin y afirman los independentistas. Tampoco construcciones míticas, sin contenido real, y que por tanto pueden ser rechazadas en nombre del statu quo. Con su trasfondo histórico, cultural y político las naciones son sujetos colectivos cuya existencia viene determinada por sus portadores individuales y sociales, y encuentran la piedra de toque de su existencia y evolución en la identidad colectiva. Algo hoy susceptible de medición. Los eslovenos o los kosovares formaban naciones en sentido estricto al manifestarse así, con identidades propias casi al 100%, no los montenegrinos: de ahí que su debatida separación tuviera origen económico. En el caso de vascos y catalanes, la identidad asumida hasta ayer era dual, vascos y catalanes antes que españoles pero también españoles. La solución democrática es federal, no de ruptura.

La articulación en el marco de la “nación de naciones” requiere así el reconocimiento de Cataluña y de Euskadi como naciones, imbricadas con el tronco español, porque con la historia, la cultura y el comportamiento político, así lo refrendan una y otra vez las encuestas de identidad, según esa condición dual que los independentistas tratan de erosionar, y en Cataluña desde 2012, de eliminar traumáticamente.

La Declaración de Barcelona define así un itinerario razonable, que se puede discutir por su sentido reverencial hacia Cataluña y en puntos concretos, como el lingüístico según lo plantea Pedro Sánchez, pero que se abre hacia una difícil solución a largo plazo. Una objeción en el plano simbólico: no solo rehabilitar a Lluis Companys, sino también a Joan Peiró, cenetista catalán y ministro de la República, condenado y fusilado por el franquismo, como aquel lo fuera.

Antonio Elorza es catedrático de Ciencia Política.