El internamiento y la repatriación de las personas subsaharianas

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El retorno forzoso es un pilar fundamental de la política migratoria actual. Así, en 2016 se expulsaron a 9.241 personas extranjeras, de las que 280 fueron subsaharianas (el 3%). A pesar de la baja proporción de personas de este origen repatriadas, su presencia en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), instrumento clave de la política de retorno, es mayoritaria. Según el Defensor del Pueblo, de las 7.597 personas internadas en ese mismo año en alguno de los siete CIE existentes, más de la mitad eran originarias de África Subsahariana (el 57%) y en concreto, de cuatro países: Costa de Marfil, Gambia, Guinea Conakry y Camerún.

Desde 2011, la Asociación Karibu acompaña a las personas subsaharianas internadas en el CIE de Madrid. Recientemente hemos presentado el Informe 2016: El Internamiento en el CIE de Madrid. Una mirada a África, basado en casi 1.000 visitas a 212 personas, la inmensa mayoría hombres. Además, una de cada tres personas internadas estaba en situación de especial vulnerabilidad: eran menores, solicitantes de asilo, personas con graves enfermedades mentales, mujeres víctimas de violencia, etc.

Nos hemos encontrado tres tipos de perfiles en el CIE:

Un grupo mayoritario y que se ha incrementado a lo largo de los años, de personas recién llegadas que procedían sobre todo de África Occidental (el 65%). Entre ellas está Brahim, que vino huyendo de las consecuencias de la epidemia de ébola que mató a su madre y a su hermana; Amenatou que escapó de un matrimonio forzoso y un marido maltratador del que su país no la protege; Clement, homosexual que recibió amenazas de muerte por su propia familia o Pierre, huérfano camerunés de 15 años.

Lamentablemente, y como consecuencia de la insuficiencia de cauces legales para migrar y de las vulneraciones de derechos que se producen de manera habitual en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, casi todas han tenido que arriesgar su vida en el mar para llegar a España. El 96% de estas personas había llegado en patera, y la gran mayoría había entrado por Andalucía.

De todas ellas, solamente una fue expulsada. Como muchas organizaciones venimos poniendo en evidencia desde hace años, los CIE no sirven para el único propósito para el que están definidos en la Ley de Extranjería: la expulsión. Al contrario, con respecto a las personas subsaharianas, el CIE de Madrid se está convirtiendo cada vez más en un deplorable centro de recepción donde las personas se encuentran privadas de libertad

El segundo grupo es el de las personas que ya vivían en el Estado español (30%). Es el caso de Seydou, músico senegalés regularizado, detenido mientras que se encontraba en proceso de renovación de su documentación, o Medoune, que después de 11 años residiendo en territorio español, perdió su trabajo con la crisis y con él la posibilidad de renovar su documentación.

De entre las personas que vivían ya aquí, cuatro de cada 10 habían sido detenidas en lugares públicos a través de identificaciones en base a sus rasgos étnicos. Así le ocurrió a Dembo, detenido cuando iba por la calle a la voz de “Tú, negro, párate”. Otros fueron detenidos al ir a comisaría a hacer algún trámite. A Siny le citaron en comisaría para recoger “un documento de su interés” que nunca recibió. Todos ellos acabaron en el CIE de Madrid, sin haberse valorado en profundidad sus circunstancias individuales y la posibilidad real de repatriación.

Es urgente priorizar las estrategias de integración de personas extranjeras frente a una política de retorno desproporcionada

Por último, tan solo seis habían sido internados en aplicación del artículo 89 del Código Penal (el 3%), que supone la sustitución total o parcial de una pena de prisión de más de un año por la expulsión. Este es el caso de Serigne, mantero, que llevaba viviendo seis años en Andalucía. Tratando de sobrevivir, fue acusado de delito contra la propiedad intelectual e industrial y condenado a prisión, pena que fue posteriormente sustituida por expulsión.

Todas estas personas han pasado una media de 39 días privadas de libertad. El tiempo de internamiento, ya de por sí muy largo, es significativamente mayor que la media de estancia en el CIE de Madrid si consideramos a todas las personas internadas con independencia de su origen (22 días)

En cuanto a las condiciones del internamiento, la situación se mantiene estancada a lo largo de los años. El instrumento que existe para regular los CIE, el Reglamento de Régimen Interior, sigue sin haber sido implementado y las vulneraciones de derechos son habituales: a la salud física y mental, a la información comprensible sobre su situación, al asilo etc. Los escasos avances que se han producido en cuanto a garantías de derechos han venido de la mano de la aplicación de los contundentes autos de los Juzgados de Control.

Y ¿todo esto para qué? La repatriación es, como hemos dicho, la excepción a la norma: tan solo 19 personas de las que Karibu visitó fueron expulsadas: 12 personas en macrovuelos organizados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras; cuatro en vuelos Frontex coordinados por otros países europeos y tres, en vuelos comerciales. En dos ocasiones más, la expulsión se pudo evitar gracias a la intervención del pasaje del avión, que se opuso a volar con una persona que viajaba en contra de su voluntad.

En conclusión, a pesar de las bajas cifras de personas subsaharianas repatriadas en 2016 desde el Estado español, las personas de este origen, gran parte de ellas recién llegadas, son mayoría en los Centros de Internamiento de Extranjeros. Allí son internadas sin ninguna consideración a sus circunstancias individuales o a las posibilidades reales de ser repatriadas y sufren estancias más largas que la media.

Después de todo ello, la gran mayoría son puestas en libertad sin que exista ningún cauce que permita su regularización e integración en la sociedad, abocándolas a una vida de precariedad y favoreciendo su exclusión social. En este contexto, es urgente priorizar las estrategias de acogida e integración de personas extranjeras frente a una política de retorno desproporcionada y discriminatoria, que genera un gran sufrimiento y obstaculiza la construcción de una sociedad cohesionada.

Begoña Santos Olmeda pertenece a la  Asociación Karibu