El enigma Sankara

"Siempre que se habla de transformación en África, o en muchas ocasiones, está detrás el proyecto de Sankara”, precisa el escritor y africanista Antonio Lozano. “No es simplemente un recuerdo que queda en el pasado: es una realidad presente en muchos colectivos juveniles y una necesidad de futuro para la transformación del continente”, consideró Lozano a finales del pasado septiembre en el patio del Cabildo de Gran Canaria, al presentar un acto de homenaje al líder revolucionario burkinés. Para refrendar sus palabras, el actor burkinés Carlos Ouedraogo declamó a continuación, ante una sala abarrotada, algunos pasajes de los discursos más famosos de su compatriota, todavía vigentes en lo que se refiere a la situación de Palestina, la mujer, el neocolonialismo y la deuda africana.

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En este mes se recuerda el legado y la figura de Thomas Sankara, un icono hecho carne que murió el 15 de octubre de 1987 a semanas de cumplir los 37 años, asesinado a tiros en su país. En apenas unos días recordaremos que han pasado tres décadas desde su magnicidio y el golpe militar que puso en el poder a su mejor amigo y camarada de armas, Blaise Compaoré, que lo traicionó. Los medios preparan sus archivos de cara al aniversario del asesinato del presidente burkinés, pero casi no se han hecho eco de las últimas vicisitudes de su caso, que llegó a España el año pasado.

En diciembre de 2016 nos enterábamos de que el Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro, de la Universidad de Santiago de Compostela, era el lugar en el que se realizaba un contra-análisis de los restos de Sankara, vital para la culminación de un proceso judicial que provoca una gran expectación en África, además de para esclarecer uno de los puntos negros de nuestra Historia colectiva reciente. Sin embargo, en el sopor del comienzo de este verano pasado, pudimos leer de pasada, casi como un breve en la mayoría de los casos, que el laboratorio gallego llegaba a la misma conclusión que su homólogo en Marsella encargado de una primera autopsia: según fuentes cercanas al caso, las pruebas forenses con sus supuestos restos no han confirmado la identidad de su cadáver ni la de ninguno de los otros 12 cuerpos que se enterraron con él en una fosa común del cementerio de Dagnoën, en Uagadugú.

Un resultado decepcionante, que llegaba con medio año de retraso, y que sorprendía a quienes siguen lo sucedido, como Antonio Lozano, que en su momento concibió esperanzas de un resultado diferente, puesto que el Luis Concheiro es un laboratorio especializado en el estudio de ADN muy degradado, habituado a trabajar con víctimas de la Guerra Civil española. El laboratorio no ha hecho pública ninguna información respecto al caso, dejando esta labor a los abogados de la familia Sankara.

"El laboratorio español debería responder a las peticiones de aclaraciones y explicaciones", opina el biógrafo de Sankara, Bruno Jaffré, por correo electrónico desde Francia. "Puesto que la tesis de un complot internacional para impedir saber si se trata de los cuerpos de Sankara y sus amigos existe y se expande en Burkina, es necesario hacer todo lo posible para disipar las dudas", opina Jaffré, que considera que en España poca gente sigue el caso del mandatario asesinado, pero que en África y en Francia hay interés.

Dos autopsias

Muerto a balazos en un cruento golpe de estado, Sankara lleva esperando justicia más de un cuarto de siglo. En su acta de defunción figuraba, en un principio, "muerte natural" y no había cadáver que analizar hasta que una revolución popular expulsó del poder a Compaoré en 2014 y se exhumaron unos restos en mayo de 2015.

En 2015 también comenzó el proceso judicial en Burkina, un procedimiento que está resultando, sin embargo, algo rocambolesco: una vez localizados los cuerpos de Sankara y otros doce militares asesinados junto a él en el golpe de estado del 87, la primera autopsia de esos restos se realizó en Francia y establecía, en octubre de aquel año, que sufrieron una muerte violenta. Se cree que los resultados de esta prueba fueron uno de los motivos que impulsaron al general Gilbert Diendéré, mano derecha de Compaoré, a protagonizar un golpe de estado fallido en septiembre de 2015, justo la víspera de que se hicieran públicos. Dienderé está actualmente en prisión y ha sido acusado formalmente del asesinato de Sankara, junto a Compaoré y otros.

Por su lado, tras ser derrocado pacíficamente por su pueblo, Compaoré vive un exilio dorado en la vecina Costa de Marfil, país al que fue exfiltrado por Francia. Obtuvo la nacionalidad marfileña por procedimiento de urgencia y la protección del presidente de su país anfitrión, Alassane Ouattara.

Hay suficientes pruebas de osteología y de efectos personales de que esas víctimas son efectivamente las asesinadas el 15 de octubre de 1987

En otro orden de cosas y según la red internacional Justicia para Thomas Sankara justicia para África, el hermano del exdictador, François Compaoré, vive exiliado en Francia, donde el gobierno actual persiste, como el gobierno anterior, en proteger a la familia Compaoré. François ha sido inculpado del asesinato, en 1998, del periodista Norbert Zongo, tan popular entre el pueblo burkinés como el propio Thomas Sankara. El hermano del exdictador es objeto de una orden internacional de detención que implica que debe ser detenido desde que pise suelo francés, no obstante, en una reciente entrevista en Jeune Afrique, no esconde que reside en este país.

Según la red, "la verdad y la justicia sobre los asesinatos de Thomas Sankara y Norbert Zongo son asuntos particularmente sensibles en Burkina Faso". "El Estado francés debe dejar de proteger a la familia Compaoré", afirman en una nota de prensa publicada esta semana. "Debe detener a François Compaoré sin más dilación y obrar para que Blaise Compaoré sea extraditado desde Costa de Marfil a Burkina Faso", señalan.

Campaña internacional

La figura del juez que abrió y lleva el caso Sankara, el burkinés François Yaméogo, suscita apoyos y dudas. Algunos afirman que ha mostrado buena voluntad y firmeza a la hora de instruir el caso, mientras que otros creen que, quizás, no hace lo suficiente.

"La Campaña Internacional Justicia para Sankara siempre exigió una prueba forense y posteriormente un contra-análisis", rememora vía correo electrónico desde Canadá el coordinador de la campaña, el abogado Aziz Salmone Fall. "Yo mismo recolecté el ADN de los dos hijos de Sankara por precaución. El juez jamás aceptó los laboratorios internacionales que recomendamos, entre otros Justice Rapid Response. El primer laboratorio era inapropiado, lo reconsideró y confió la prueba a otro laboratorio francés. Teníamos nuestras reservas, dada la falta de neutralidad de ese país en este caso", asegura Fall.

Fall explica que solicitaron un contra-análisis recomendando otros laboratorios independientes, pero que no sabe si para esta nueva prueba se utilizaron los mismos restos que se analizaron en Marsella o unas muestras diferentes. "Nos sorprende que el material genético obtenido de los restos de la docena de víctimas del 15 de octubre de 1987 esté degradado hasta tal punto que ninguno sea indentificable", reconoce. "La investigación médico-legal en Burkina es técnicamente limitada y parece ofrecer pocos recursos. Nunca se precintó el lugar del crimen en el Consejo del Entente y no podemos confirmar el rigor del proceso de esterilización que siguió a la exhumación".

"El gobierno Hollande prometió responder a la demanda de la justicia burkinesa. No lo hizo a tiempo. Esperamos que el gobierno Macron lo hará"

Fall precisa que el estado burkinés se encarga en solitario de supervisar la recuperación y el examen del supuesto cadáver de Sankara, además de sus ropas y efectos personales, y que la supuesta tumba del líder panafricano sufrió actos de vandalismo que incluyeron el derrame de líquidos potencialmente corrosivos. Sin embargo, también afirma que, a estas alturas, los resultados negativos en las pruebas de ADN no pueden perjudicar la instrucción del caso. "Hay suficientes pruebas de osteología y de efectos personales de que esas víctimas son efectivamente las asesinadas el 15 de octubre en el Consejo del Entente", afirma categóricamente Fall. Además de las pruebas físicas, existen testimonios como los del único superviviente de la matanza del Consejo del Entente, Alouna Traoré, y las personas que enterraron a Sankara y sus compañeros, entre quienes figura el entonces preso y hoy exdiputado Malick Yamba Sawadogo. 

Una pieza fundamental en la solución al enigma Sankara es el Gobierno francés. Después de tres años de investigaciones y tomar declaración a un centenar de testigos, el juez Yaméogo decidió impulsar, a finales de 2016, una comisión rogatoria para pedir el levantamiento del secreto de defensa en Francia y así conocer los entresijos de un golpe de estado en el que se sospecha que estuvieron implicados los Gobiernos francés y marfileño. Uno de los abogados de la familia del capitán, Bénéwendé Sankara, ha explicado que pasaron a la vía judicial para determinar la responsabilidad francesa en la muerte del líder revolucionario después de fracasar por la vía política con una petición formal presentada ante la Asamblea Nacional gala en el año 2012.

"Aparentemente, el plazo máximo en Francia, por razón de Estado, para desclasificar hechos clasificados es de 50 años", señala Aziz Fall. "En un estado de derecho, no es competencia del ejecutivo el pronunciarse, sino del poder judicial. Esperamos que el presidente Macron observe la ley". Jaffré coincide con Fall: "El gobierno Hollande prometió responder a la demanda de la justicia burkinesa. No lo hizo a tiempo. Esperamos que el Gobierno Macron lo hará".

Ambos son optimistas de cara al futuro.

Jaffré afirma que además de en el interés del juez Yaméogo en esclarecer el caso, confía en una solución en el futuro gracias al trabajo de periodistas de investigación. "La verdad puede venir de varias fuentes diferentes", señala. "Lo que es seguro es que hace falta continuar hablando de este tema. Y que quienes desean la verdad deben seguir haciendo presión".

"Hoy, tras la revuelta de la juventud de Burkina y la restauración del orden republicano, la cuestión de la impunidad es la llave del éxito del estallido popular", asegura Fall. "La justicia para los mártires es la prueba de madurez del ejército y de la magistratura, pero también del Estado de Faso".

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