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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El código ético de Ahora Madrid

Adoptar normas éticas para luego no cumplirlas no es la vía para regenerar instituciones

Celia Mayer, concejala de Igualdad.Foto: atlas | Vídeo: Uly Martin | ATLAS

Dos concejales del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez-Mato y Celia Mayer, pertenecientes a Ahora Madrid —el grupo político de la Alcaldesa Manuela Carmena que gobierna la capital desde mediados de 2015— han sido imputados por el juez por haber cometido, supuestamente, tres delitos: prevaricación, malversación y un delito societario.

Los imputados contrataron a un bufete de abogados para sustentar una denuncia contra el equipo de gobierno anterior a costa de las presuntas irregularidades que éste habría cometido en la gestión del Open de Tenis de Madrid. Se les acusa de esquivar el concurso público, preceptivo en un contrato de 100.000 euros, de hacerlo en contra del criterio de los servicios jurídicos municipales, que no observaron ningún ilícito denunciable y, además, ocultándoselo a la alcaldesa, que acaba de renovar ese contrato, confirmando así la ausencia de irregularidades.

¿Deben renunciar los dos concejales a sus actas, como pide la oposición municipal? El punto 1.4 del Código Ético de Ahora Madrid no deja lugar a muchas dudas. El texto establece “el compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas”.

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Los imputados alegan que les movió el deseo de recuperar el dinero público malgastado. Pero para ello procedieron a malgastar dinero público. No se reprocha por tanto su celo en la persecución de irregularidades sino, precisamente, que lo hicieran cometiendo todo tipo de irregularidades. Adoptar un Código Ético pero rechazar cumplirlo cuando afecta al que lo promulga no parece el mejor camino para regenerar las instituciones.

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