EDUSI: neutralización de la autogestión ciudadana
El urbanismo participativo ha terminado por cumplir la misma función que tenían los referéndums durante el franquismo
El pasado lunes 22 de mayo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España publicaba la resolución provisional a la segunda convocatoria de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, o EDUSIs. Cerca de 300 millones de euros de fondos FEDER que se han distribuido entre 40 municipios españoles, a los cuales deben sumarse los 700 millones repartidos previamente entre los 83 municipios seleccionados en la primera convocatoria.
Concebidas a partir del Europe Horizon 2020 como las herederas de los programas Urban I y Urban II desarrollados a partir de la década de los 90, los objetivos temáticos (OT) de las EDUSIs incluyen tanto la regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas (OT9) como las acciones integradas de rehabilitación de ciudades y de mejora del entorno urbano (OT6). Si bien su propaganda oficial suele incidir en una aproximación “participativa” y ciudadana orientada a la cohesión social y la lucha contra la pobreza, el peso real de la participación ciudadana en el objetivo europeo de integralidad es simplemente marginal.
En realidad, si nos aproximamos al funcionamiento de la integralidad presente en las EDUSIs desde el punto de vista de la “participación”, podremos ver cómo esta última ha sido concebida desde una cuádruple estrategia de cooperación o colaboración entre:
- Administraciones Públicas Territoriales: UE, Estados, Regiones o CCAA y Municipios (Integración Administrativa Vertical)
- Órganos Administrativos Sectoriales: Vivienda, Urbanismo, Servicios Sociales Autonómicos y Municipales, Medio Ambiente, Educación, Cultura y Turismo (Integración Administrativa Horizontal)
- Agentes público-privados implicados: Asociaciones civiles, Fundaciones, ONGs, Sociedades Mercantiles públicas y/o privadas, entidades financieras, centros de investigación y desarrollo (Consolidación de Gobernanzas) e
- Individuos destinatarios de las políticas públicas (Participación ciudadana).
Históricamente, la razón de ser de la participación ciudadana en los proyectos de rehabilitación y regeneración urbana tiene su origen en un intento de neutralización de la auto-gestión ciudadana promovida por el Advocacy Planning estadounidense durante la década de los sesenta. El Advocacy Planning fue una práctica espontánea de algunos arquitectos y urbanistas que trabajaban de forma gratuita y voluntaria para distintas comunidades urbanas marginales de cara a poder definir con ellos un proyecto concreto de regeneración urbana que presentar a la administración pública para que les concediera la financiación necesaria para su ejecución.
Por su parte, el Participatory Planning que está en el origen de los programas Urban I y Urban II, aludía ya a una “participación ciudadana” general que permitiera incluir a cualquier agente urbanístico público o privado interesado en la fase de diseño de la estrategia de regeneración. En el primer caso regía una lógica de grupos excluidos auto-organizados y antagonismo de clase. En el segundo, la “participación integral” se propuso precisamente como estrategia destinada a diluir la eficacia de la acción directa de los ciudadanos afectados a través de su inserción en un complejo entramado de intereses públicos y privados.
Si bien esto no quiere decir que no exista un gran número de experiencias urbanísticas que incluyan la participación ciudadana como un elemento real y eficiente, es obligado reconocer que dado que la mayor parte de la financiación disponible para la regeneración urbana en España proviene directamente de fondos FEDER europeos a los que se accede en un régimen de competencia entre distintos municipios, en los últimos años han surgido una gran cantidad de distintos despachos de urbanismo que se autodefinen como expertos en participación ciudadana (o en su versión más pedante, en “innovación urbana”) que se han especializado en la realización de farsas procedimentales a las que tildan de participativas aunque ello se reduzca a la celebración de talleres participativos sin ningún tipo de control de quórum y a los que suelen acudir entre 20 o 30 personas sobre poblaciones de entre 60.000 y varios cientos de miles, como por ejemplo el proceso participativo desarrollado para el diseño de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Zaragoza, entre Septiembre y Diciembre de 2015.
Dado un contexto en el que el urbanismo participativo ha terminado por cumplir la misma función que tenían los referéndums durante el franquismo, tal vez haya comenzado la hora de seguir la máxima que esgrimía hace unos años el filósofo esloveno Slavoj Zizek, según la cual existen ocasiones en las que “es mejor no hacer nada que implicarse en actos localizados cuya función última es hacer funcionar más suavemente el sistema. Hoy la amenaza no es la pasividad, sino la pseudoactividad, la necesidad de ‘ser activo’, de ‘participar’, de enmascarar la vacuidad de lo que ocurre”.
Jorge León es socio de Martín y León Arquitectos, y profesor de urbanismo en la Escuela de Arquitectura y Tecnología de la Universidad San Jorge.
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