Dimisión inapelable

Hace apenas dos semanas, Manuel Moix sobrevivió en su puesto al frente de la Fiscalía Anticorrupción a pesar de su reprobación por el Parlamento. El Congreso tomó aquella decisión inédita ante las sospechas de que había intentado entorpecer algunas diligencias en el caso Lezo que afecta a Ignacio González; en respuesta al intento de apartar a los fiscales del caso 3% en Cataluña; y ante el escándalo que supone el posicionamiento mayoritario de los fiscales anticorrupción contra algunas de sus decisiones. Las escuchas en las que el expresidente de la Comunidad de Madrid, atemorizado entonces por la investigación, celebraba el nombramiento de Moix al frente de Anticorrupción sembraron dudas sobre un alto cargo que requiere todo lo contrario para acometer su trabajo sin tacha ante los ciudadanos.

En aquel momento, el presidente Rajoy mantuvo su confianza en él, en su ministro de Justicia y en el fiscal general, también reprobados, y este martes la mantuvo sin matices cuando estalló el nuevo escándalo que afecta a Moix. En esta ocasión, el fiscal jefe Anticorrupción ha tenido que reconocer algo que había ocultado cuando fue designado, y es que es propietario junto a sus tres hermanos de una sociedad panameña propietaria a su vez de un chalé en Collado Villalba. La empresa offshore fue herencia de sus padres y está declarada, pero no es la mejor carta de presentación para quien debe encabezar la lucha contra los corruptos.

Moix ha asegurado que no informó sobre ello porque le parecía “irrelevante” al ser legal pero, obviamente, ni él ni el presidente del Gobierno al reafirmar su confianza en él han calculado bien el efecto ético y estético de mantener una propiedad procedente, en última instancia, de la elusión fiscal. Una vez más, Mariano Rajoy persiste en su intento de salvar a altos cargos de su partido o su Gobierno afectados por la falta de ejemplaridad, cuando no por la sospecha directa de manipulación o corrupción. Cuando el entonces ministro Soria se vio obligado a dimitir por su relación con empresas de Panamá, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue tajante: “Nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el Gobierno”.

Tampoco había aparentes ilegalidades en las relaciones de Soria, pero la ética, la estética y la indignación extendida en la sociedad por el constante afloramiento de nuevos casos de corrupción forzaron su salida. Como forzaron también su renuncia, poco después, a su plan de convertirse en director ejecutivo del Banco Mundial.

También en ese caso Rajoy intentó defender la legalidad del puesto de Soria, y entonces, como ahora, se vio superado por una urgencia evidente, que es la de demostrar limpieza y regeneración en las máximas instancias del Estado.

La lucha contra la corrupción debe incluir un posicionamiento férreo contra la elusión fiscal y requiere una exhibición de ejemplaridad que no es compatible con la permanencia de Manuel Moix. Si nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el Gobierno, como dijo Montoro, tampoco es admisible al frente de la lucha contra la corrupción.