Credibilidad y escalofríos

Decir que los fiscales estamos preocupados por lo que ocurre en la Fiscalía General, en la Fiscalía Anticorrupción, es quedarse corto. El colectivo de 2.500 profesionales que día a día tratamos de ejercer lo mejor que sabemos y podemos nuestro complicado trabajo miramos con asombro, como si se tratara de una película o un telefilme barato, ajeno, lejano, el espectáculo que en directo, minuto a minuto, están reproduciendo los medios de comunicación.

No es por supuesto responsabilidad de los medios lo que está ocurriendo, pero, sin duda, no nos ayuda a mantener la tranquilidad en el colectivo. Para el ciudadano, al contrario, es imprescindible, sano y provechoso que se conozca con el mayor rigor posible lo que ha sucedido, y pueda después razonablemente opinar sobre nuestro trabajo y nuestra función.

El daño, o gran parte del daño, ya está hecho. Hemos perdido un tesoro institucional, la credibilidad. Es tan importante esto para nosotros que en cualquier juicio o disputa jurídica en cualquier rincón de España se nos va a reprochar nuestra vinculación al Ejecutivo, nuestra dependencia política, en cualquier aspiración profesional o asociativa, se nos va a adscribir a intereses partidistas, y más allá, se va a tratar de deslegitimar nuestra función procesal y constitucional en cuanto se oponga a algún poderoso interés concreto. Nos convertimos en un colectivo vulnerable, en lugar de un colectivo blindado ante influencias de todo tipo. Vulnerable profesional y personalmente. La fortaleza de la institución es también la garantía de nuestra tranquilidad y seguridad personal.

En cualquier juicio o disputa jurídica se nos va a reprochar ahora nuestra vinculación al Ejecutivo

Solo a los delincuentes, a los corruptos, a los mafiosos, a los defraudadores, a los terroristas, a los que atentan contra el Estado de derecho les interesa una fiscalía débil y cuestionada. La primera pregunta, por tanto, es: ¿Quién saca beneficio de todo esto? Cada uno que responda según su parecer. La segunda pregunta es: ¿Cómo solucionamos esto, cómo recuperamos ante los ciudadanos, ante la justicia, ante nosotros mismos, el respeto que nos merecemos? Respeto al menos que se merecen los excelentes profesionales que ahora mismo están haciendo guardias, asistiendo a juicios, defendiendo a víctimas de violencia de género o de cualquier otro delito, comprometiendo la defensa de los derechos fundamentales con el interés de los ciudadanos.

Que un presunto mafioso, delincuente, terrorista, grupo, organización, prefiera a un fiscal frente a otro, que entre estos grupos se maniobre para poner o quitar a determinados profesionales, que su cercanía al poder haga que estas maniobras puedan tener credibilidad, provoca escalofríos. ¿Qué ocurriría si similares conversaciones a las que estamos leyendo transcritas en la prensa durante los últimos días hubieran sido extraídas de un sumario que persiguiera un delito de tráfico de drogas o a una organización terrorista? Sin duda la reacción de la fiscalía sería contundente, quienes la dirigen darían un paso al frente y pondrían el interés de la institución por delante del suyo propio, darían ruedas de prensa, explicarían, propondrían medidas, justificarían su conducta. Serían un clamor su defensa de nuestro trabajo, del trabajo de todos.

Álvaro García Ortiz es presidente de la Unión Progresista de Fiscales