Un buen presidente para el Tribunal Constitucional

El Consejo de Europa tiene razón al acentuar el papel de árbitro neutral y juez de leyes del Tribunal Constitucional (TC), y al proponer mejoras para ejecutar las decisiones que ahora tiene atribuidas por la precipitada reforma introducida en 2015 por el Partido Popular. Sin embargo, la situación en que se ha producido la renovación de cuatro de los miembros del Tribunal, tras los pactos negociados por el PP y el PSOE, es lo suficientemente delicada como para poner el foco principalmente en la tarea que les aguarda.

El Constitucional ha superado la frustrante división anterior respecto a la cuestión catalana y en los últimos años ha adoptado una prudente línea de unanimidad en la toma de decisiones sobre los sucesivos desafíos planteados por las autoridades separatistas de Cataluña. En su haber queda que, sin reconocer otra soberanía que la del pueblo español en su conjunto, descarta que la Constitución sea un muro infranqueable y considera el “derecho a decidir” como una aspiración política a la que puede llegarse, siempre que sea mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional.

Esta semana tomarán posesión los nuevos magistrados y a continuación llegará el momento de elegir al presidente, en sustitución del saliente Francisco Pérez de los Cobos. Este es un punto capital ante la perspectiva del proceso separatista. Caben pocas dudas de que debería descartarse al candidato sugerido inicialmente por el PP, Andrés Ollero. Fue durante cinco legislaturas diputado del Partido Popular y diecisiete años de actividad partidista le alejan de la imagen de jurista que no solo debe ser equilibrado e imparcial, sino parecerlo.

Ollero no es el candidato idóneo y sería razonable que los miembros del Tribunal lo tengan muy en cuenta a la hora de decidir sobre la presidencia.