El café y Cataluña

Todas las democracias descentralizan en cierta medida el poder político y económico para conseguir una provisión de bienes públicos que responda mejor a las preferencias diversas de los ciudadanos. En España, esta descentralización tiene dos características fundamentales: las comunidades autónomas disfrutan de amplios poderes y, con la excepción parcial del País Vasco y Navarra, todas ellas tienen niveles de autonomía similares. Se trata, en fin, de la fórmula del (mucho) café para todos. ¿En qué medida este diseño institucional es adecuado para España? Como siempre, la comparación con otros países nos ofrece algunas pistas interesantes.

En primer lugar, de acuerdo con los datos del Índice de Autoridad Regional elaborado por Liesbet Hooghe y coautores para 81 países, en 2010 España era el segundo país más descentralizado del mundo, sólo por detrás de Alemania. Si se tiene en cuenta la notable diversidad lingüística, cultural y económica de nuestro país, reflejada entre otros aspectos en las acusadas diferencias en los resultados electorales de las elecciones generales entre comunidades autónomas, no parece sorprendente vernos en las posiciones de cabeza en esta clasificación. En fin, la cantidad del café a disposición de nuestras comunidades autónomas no parece fuera de lugar.

Lo que llama la atención en perspectiva comparada es que en España el café sea para todos. Al igual que en Canadá, Gran Bretaña, Francia, Italia o Indonesia, en nuestro país hay hechos diferenciales (o lo que en ciencia política se denomina grupos étnicos minoritarios que está concentrados en un territorio) y es, por supuesto, Cataluña la comunidad autónoma con el grupo diferencial más grande en población. No obstante, mientras que quebequeses, escoceses, galeses, corsos, sardos o aceneses disfrutan de mayor autonomía que el resto del país (de nuevo según los datos de Hooghe y coautores), los catalanes tienen el mismo grado de autonomía que murcianos o extremeños. En perspectiva comparada, esto es excepcional.

La única posible explicación para el café para todos español es que los ciudadanos de todas las comunidades autónomas deseen niveles similares de descentralización, esto es, que extremeños o murcianos tengan preferencias similares a los catalanes. De este modo, el diseño institucional óptimo para nuestro Estado de las autonomías sería uno basado en la homogeneidad. Los datos procedentes del Centro de Investigaciones Sociológicas nos permiten rechazar claramente esta premisa. En su estudio 2829 de 2010 (hay otro en 2009 que arroja exactamente los mismos resultados), antes del procés en Cataluña, el CIS preguntó acerca de las preferencias de los españoles sobre el nivel descentralización que les gustaría que tuviera España y su percepción sobre el nivel de descentralización efectivo que tenía España. En ambos casos se usaba una escala que oscilaba entre 0 (mínima descentralización) y 10 (máxima descentralización).

Trece de las 17 comunidades autómas tienen más competencias de las que querrían los ciudadanos

El gráfico que aparece a continuación recoge los datos por Comunidad Autónoma. En cuatro Comunidades, País Vasco, Cataluña, Navarra y Baleares, en este orden, la descentralización deseada es menor que la existente; en las restantes trece, el Estado es más descentralizado de lo que le gustaría a los ciudadanos. Las diferencias entre los extremos. Extremadura y Murcia, por un lado, País Vasco y Cataluña, por otro, son enormes. En otras palabras, si dejamos a un lado los agravios comparativos, los españoles no quieren un diseño del Estado de las Autonomías homogéneo. Algunos, la mayoría, tienen más de lo que quiere; otros, los menos, tienen menos de que lo les gustaría. En fin, el café para todos no parece el mejor principio para un diseño institucional óptimo para nuestro país.

Por supuesto, cuanto más descentralizado es un Estado, más difícil es encajar los hechos diferenciales. Conceder más poderes a corsos o escoceses es relativamente fácil porque Francia o Gran Bretaña tienen niveles de descentralización moderados; hacerlo con los catalanes en España, no tanto, puesto que el margen que nos concede nuestro Estado de las Autonomías es ya mucho menor.

Si hemos llegado a un escenario de amplia autonomía y sin reconocimiento del hecho diferencial en Cataluña es porque en las últimas cuatro décadas no hemos querido abordar el perenne problema regional y resolverlo en nuestra Carta Magna. Ha sido más fácil sustituir un equilibrio estable por equilibrios con fecha de caducidad, sujetos a la necesidad de crear mayorías parlamentarias para elegir presidentes de Gobierno, e igualar por arriba a todos para evitar los agravios comparativos. Nos toca resolver ahora lo que decidimos no resolver en 1978. Es tiempo de política vintage.

Ignacio Lago es profesor de Ciencia Política en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y miembro de Governance and Economics Research Network (GEN).