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La justicia sigue su curso

La Audiencia Nacional deja en libertad a Blesa y Rato hasta que haya sentencia firme

Los expresidentes de Caja Madrid Rodrigo Rato (a la izquierda) y Miguel Blesa.
Los expresidentes de Caja Madrid Rodrigo Rato (a la izquierda) y Miguel Blesa. EFE

La Audiencia Nacional falló ayer en contra de aplicar medidas cautelares contra los expresidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, condenados la semana pasada a seis y cuatro años y medio de prisión, respectivamente, por el delito de apropiación indebida en el caso de las tarjetas black. Dando por hecho que las opiniones son libres, es el momento de pedir el máximo respeto hacia las decisiones judiciales.

La Sala Cuarta de lo Penal de la Audiencia ha valorado el comportamiento “absolutamente cabal” e “intachable” de los dos condenados a la hora de negar la petición del fiscal de prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para Blesa, y otras peticiones de la acusación popular. Chirrían estos comentarios tan valorativos y poco comunes por parte de un tribunal sobre unos condenados por delitos muy graves. Pero, a su juicio, no hay riesgo alguno de fuga, teniendo en cuenta que el procedimiento dura ya varios años y que existen otras causas contra los dos. Ambos quedarán en libertad hasta que haya sentencia firme, una vez que el Tribunal Supremo resuelva los recursos que presentarán con toda probabilidad los 65 condenados por el caso.

Vivimos unos momentos en los que se están cerrando numerosos procedimientos judiciales sobre la corrupción que ha asolado a España en las últimas décadas. La justicia ha sido lenta, pero va resolviendo y la crispación que suele rodear estas situaciones no debería llevarnos al populismo judicial. Ni a los ciudadanos, ni a los jueces, ni a los medios. Son los magistrados los que tienen que juzgar las conductas y dictar sentencias, autos o resoluciones, según su mejor saber. Presionar a la justicia en busca de ejemplaridad, o desacreditar sus decisiones, es el peor favor que podemos hacer a la democracia española, basada en la separación de poderes. Las sentencias, como las leyes, están para cumplirlas. Y si no se está de acuerdo, existe la vía del recurso al tribunal superior.

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