Tierra del plagio impune

"¡Bienvenido a Plagiolandia, el paraíso académico donde el plagio te sale gratis!" Esta es la penosa imagen de España que, según me comentaba un colega extranjero, están enviando al exterior nuestras autoridades académicas, ante la impunidad académica en el caso del plagio del rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). A la cabeza de esas autoridades, las agencias de evaluación ANECA y CNEAI, y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Además, el rector se defiende con argumentos jurídicos, intentando judicializar un asunto que es, ante todo, de honestidad científica, pues el plagio académico es un concepto diferente del plagio jurídicamente hablando. Aparte de que el gobierno de las universidades es competencia de sus rectores y autoridades ministeriales, y no del poder judicial.

A la hora de definir el plagio académico, que, a diferencia del plagio en sentido jurídico, no depende de la legislación de cada país, existe un consenso bastante generalizado en la comunidad científica internacional. Lo resume Fishman: «Existe plagio [académico] cuando alguien (1) usa palabras, ideas o elementos de obras (2) atribuibles a otra persona o fuente identificable (3), sin especificar la obra o la fuente de la que se ha obtenido (4), en una situación en la que existe una legítima expectativa de mencionar una autoría original (5), con el fin de obtener un beneficio, crédito o ganancia que no necesariamente han de ser crematísticos».

Por otra parte, no todo plagio académico implica necesariamente una vulneración del derecho de autor, ni la ausencia de plagio académico en una copia supone necesariamente la no vulneración de la Ley de Propiedad Intelectual. Tal es el caso de las denominadas "Tesis doctorales por compendio de publicaciones" que reproducen habitualmente en su totalidad, y convenientemente citados, artículos publicados previamente en revistas científicas de prestigio. A pesar de que nunca se podría hablar aquí de «plagio académico», este hecho podría ser tipificado jurídicamente como un ilícito plagiario, pues se estaría vulnerando la Ley de Propiedad Intelectual si el doctorando o doctoranda no hubiera obtenido previamente permiso de reproducción por parte de la revista correspondiente; hecho no infrecuente, aunque apenas perseguido.

Las sanciones que prevén las autoridades académicas en Europa pueden llegar incluso a la retirada del título de doctor por un hecho considerado académicamente muy grave y que, en algunos países, nunca prescribe. La ministra alemana de Educación, Annette Shavan, dimitió y se le retiró su título de doctor en 2013, a los 33 años de haberlo obtenido con una tesis doctoral que contenía fragmentos con ideas o frases de terceros autores, que no estaban suficientemente identificados en el texto.

Alemania es el país más avanzado en la investigación del plagio

El escándalo provocado en Alemania en 2011 por el plagio de la tesis doctoral del dimisionario ministro Guttenberg dio lugar a una gran movilización en las redes sociales y al nacimiento del sitio web «VroniPlag Wiki», pionero en el mundo. Esta web se ha convertido en un instrumento muy eficaz para estudiar el plagio académico de trabajos universitarios (180 casos, incluyendo dos tesis doctorales barcelonesas impunes académicamente desde 2014), con una metodología propia, fruto del consenso de una comunidad de colaboradores voluntarios.

De esta manera, Alemania se ha convertido en el país del mundo más avanzado, investigando colaborativamente el plagio de trabajos académicos, después de un pasado oscuro entre las clases sociales altas, ante el alto prestigio que todavía hoy tiene el título de doctor en los países de lengua alemana, casi equiparable a un título nobiliario. Goethe se doctoró en Derecho en Estrasburgo en 1771 con una tesis de doce páginas, consistente en una mera relación de 56 aforismos en latín; Karl Marx se doctoró en 1841 en Jena, previo pago y sin personarse en dicha universidad. Estos escándalos dieron origen a que finalmente las universidades alemanas obligaran a la publicación obligatoria como requisito previo para obtener el título de doctor, y garantizando la lectura de cualquier tesis doctoral a cualquier persona. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con la tesis doctoral del expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, en la Universidad de Elche, que todavía nadie puede consultar.

Parece evidente que nuestras autoridades deberían asumir sus responsabilidades para evitar la impunidad académica de los plagiadores académicos, y deberían mirar al futuro con un debate constructivo como el iniciado en 2016 por la revista científica Comunicar, dedicando un número monográfico al plagio académico.

Germán Ruipérez es catedrático de la UNED. www.ruiperez.org