El precedente de Garoña

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado el visto bueno para que la central de Garoña (Burgos) pueda operar hasta 2031. Ahora es el Gobierno quien tiene que decidir si concede la autorización pertinente (el informe del CSN es técnico), condicionada a que la propietaria de la nuclear (Nuclenor) realice las inversiones exigidas por los reguladores energéticos para garantizar el nivel se seguridad pasiva requerido después de la catástrofe de Fukushima. La decisión del Consejo es correcta; en términos de economía energética, hay poco que objetar, puesto que la energía nuclear es barata y sería un error prescindir de una producción asequible (aunque limitada; Garoña produce el 6% de la demanda eléctrica) en tiempos de excesiva volatilidad del sistema.

La reconexión de Garoña a la red no puede producirse sin que se apliquen escrupulosamente las inversiones exigidas. Se ha sugerido que los propietarios de la central no quieren reabrirla, porque el importe de las inversiones añadidas impediría la rentabilidad de la central. Si Nuclenor considerase que la operación no es rentable con los nuevos costes, hay dos opciones: venta a operadores que sí estén dispuestos a invertir o retirada de la autorización y sellado de la central. De hecho, si Nuclenor renunciase, la mecánica más correcta sería retirar primero la autorización, esperar a que se produzca la venta y pedir un nuevo dictamen técnico y la aprobación administrativa correspondiente.

La pelota está ahora en dos tejados: en el de Nuclenor y en el del ministerio. Pero están conectados. Las inversiones en seguridad serían rentables si la vida útil fuese prorrogada por 20 o 25 años en lugar de 15. Para que eso fuese posible, sería necesario un nuevo cálculo de inversiones. Nuclenor tiene que pensarse muy bien cualquier decisión; porque la que tome y su grado de colaboración sentará un precedente para las próximas prorrogas que soliciten las nucleares. Por ejemplo, Almaraz en mayo.