Golpe a la competividad

Los empresarios necesitamos desarrollar nuestra actividad con el menor número posible de obstáculos y uno de los más perniciosos es no contar con unas reglas mínimamente estables, lo que conlleva inseguridad jurídica. Limita la acción y la imprescindible previsión en las empresas, pero también toda la actividad económica, afectando, por ejemplo, a los planes de inversión y, por tanto, a la competitividad de las empresas locales, así como reduciendo el atractivo inversor para las foráneas.

Por eso, los empresarios consideramos que la seguridad jurídica en España queda en entredicho con la constante y permanente adopción de medidas de urgencia en materia tributaria que está llevando a cabo el Gobierno. Uno de cuyos ejemplos, la convalidación el pasado 15 de diciembre del Real Decreto-Ley 3/2016 de 2 de diciembre con el que se adoptan medidas y modificaciones en el Impuesto de Sociedades, ha provocado el rechazo de empresarios, expertos y analistas. Y no solo por el contenido sino también por el método utilizado.

Por un lado, la retroactividad -al menos económica- de las modificaciones realizadas al impuesto no es admisible desde ningún punto de vista. Es una técnica inapropiada e injusta y deja en mal lugar la imagen de nuestro país. Toda medida tributaria debe, por lo general, anunciarse con la debida antelación y plantearla a los afectados, otorgando el tiempo necesario para recibir aportaciones y dejando que los grupos parlamentarios puedan proponer enmiendas.

Además, debe observarse que, por ejemplo, las medidas que afectan a la limitación de la compensación de pérdidas y de las deducciones por doble imposición, así como la imputación mínima de una quinta parte anual de las pérdidas por deterioro de las participaciones, podrían tener difícil encaje constitucional.

También es muy discutible, y así lo ven numerosos expertos consultados por CEOE, la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad que justifica la utilización del Decreto-Ley. El uso de los Reales Decretos como método legislativo en estas materias tan sensibles a la actividad económica, debería ser la excepción y no la regla, como sucede en la actualidad a la hora de elaborar normas de carácter tributario.

Los empresarios creemos que no se están haciendo bien las cosas cuando se tiene que acudir continuamente a cambiar lo ya modificado

Los empresarios somos los primeros en defender la lucha contra el déficit público, pero vemos poco explicable que se obtenga la recaudación imponiendo a las empresas una especie de deuda forzosa a través de créditos fiscales que se generan o que se aplazan. Carece de sentido sustituir deuda pública por deuda forzosa distribuida, de forma caprichosa, entre las sociedades afectadas.

Al mismo tiempo, estar expuestos a una continua reforma de los tributos causa grave daño en la competitividad de las empresas. El Real Decreto 3/2016 está modificando una normativa aprobada a finales del año 2013 y, entre tanto, se ha producido un proceso de reforma fiscal que supuso una nueva ley del Impuesto aplicable para el ejercicio 2015. La idea era que se diera estabilidad al impuesto a medio plazo, pero, por el contrario, ya se está enmendando. Los empresarios creemos que no se están haciendo bien las cosas en este ámbito cuando se tiene que acudir continuamente a cambiar lo ya modificado.

No podemos olvidar que las empresas pagan muchos impuestos y que la presión fiscal que soportan ya es equiparable a la de la media de la Unión Europea. De hecho, en el último informe “EU Taxations Trends”, elaborado por Eurostat, se confirma que la presión fiscal empresarial en España en relación con el PIB es del 10,2%, escasamente por debajo de la Eurozona que es del 10,5%. También refleja que la proporción de recaudación procedente de las empresas respecto a los ingresos totales es del 30,4%, sensiblemente superior a la media europea que se sitúa en el 26,2%.

Somos los empresarios los que impulsamos la salida de la crisis, haciendo crecer a nuestras empresas, invirtiendo, innovando, exportando y creando empleo. Todo ello requiere aumentar nuestros niveles de competitividad y productividad. Sin embargo, las medidas tributarias que han sido convalidadas el 15 de diciembre cambiando las reglas de juego, ya a punto de terminar el partido, lastran esa competitividad tan necesaria.

Independientemente de las dudas que plantea su encaje constitucional y de cómo se pretenda solucionarlo con el anunciado desarrollo reglamentario son medidas que, a medio plazo, conseguirán una menor recaudación que la que se habría logrado con una fiscalidad más sensata y justa. Con ella, se hubiera conseguido incrementar la competitividad, dando seguridad jurídica, y logrando, por tanto, un mayor crecimiento económico y creación de empleo, el talón de Aquiles de la recuperación.

Juan Rosell es presidente de CEOE