Jugar a dos barajas

E n la antevíspera de Navidad el Gobierno de la Generalitat prometió que su apuesta por un referéndum de independencia sería en el formato “legal y pactado”. Es decir, que su celebración no forzaría, violaría o desacataría la legalidad vigente. Eso dio un respiro a las fatigadas huestes secesionistas, así como un respeto (aunque dubitativo) de sectores no independentistas. Desde ese 23 de diciembre, varios sucesos, alguno ocasionado por la coalición gobernante de Junts pel Sí (Esquerra y la ex-Convergència), han echado por la borda el respiro y el respeto.

El más contundente fue el anuncio público de un acuerdo clandestino entre Junts y la CUP sobre la Ley del Régimen Jurídico catalán, llamada ley de transitoriedad. Se trata de la principal de las tres normas de desconexión que pretenden amparar, mediante textos catalanes, pero ilegales, el paso de la vigencia en Cataluña de la Constitución a la de un Estado separado, dotando de un aparente barniz de presunta legalidad a lo que en principio no es más que un atentado contra ella.

Jordi Turull, portavoz pujolista —por su origen y por su inquebrantable sumisión al expresidente defraudador—, pasó a la historia parlamentaria anunciando que “como es la ley más estratégica, la mantendremos bajo cerrojo”. En esto parece consistir el democratismo secesionista: en ocultar lo esencial a los ciudadanos con la excusa de que así no será ilegalizado; en violar la transparencia; en elaborar leyes secretas de forma clandestina (¡no han registrado el texto acordado!)... De la supuesta ley, sus presuntos redactores solo dieron a conocer el artículo primero, en el que deciden convertir a Cataluña en una República “de derecho” (sic), y que tendrá nueve epígrafes. Así que mostrar por un lado un afán de legalidad —al suscribir un referéndum pactado— y por otro una actividad secretista e ilegal —al proveer la primera norma de destrucción de esa misma legalidad— es jugar a dos barajas. Con ello se instaura no ya la sospecha de una voluntad de engaño, sino su certeza.Ténganlo presente los comunes de Ada Colau, para no aplaudir las promesas de consultas pactadas... que encubren rupturas unilaterales.

Junto a este relevante episodio, cuyo impacto fue amortiguado por las fiestas navideñas, se han precipitado otros que han evaporado los buenos propósitos proclamados en la cumbre del Pacte Nacional pel Referèndum (antes, por el derecho a decidir). Uno es la convocatoria de su principal socio, la Assemblea Nacional Catalana, a que los menores de edad convirtiesen las cabalgatas de Reyes en cortejos secesionistas, lo que introdujo una fractura con otros protagonistas del “procés”. Otro es la advertencia del letrado del Parlament de que el proyecto de presupuestos para 2017 está aquejado de inconstitucionalidad, al prever partidas para el referéndum unilateral.

Pero el revés más duro para el secesionismo desarma su argumento de que España es una democracia de ínfima calidad de la que hay que separarse. Le ha llegado de la federal Alemania, una democracia de alta calidad. El Tribunal Constitucional de Karlsruhe ha dictaminado que en la Constitución federal de 1949 “no hay espacio” para que “los Estados individuales intenten separarse; esto viola el orden constitucional”, por lo que un referéndum independentista, como propone el partido separatista de Baviera, sería ilegal.