Las razones de la oposición

Si el PSOE no se hubiera abstenido en el pleno del Congreso de octubre pasado, en estas Navidades a la cena de Nochebuena, a las 12 uvas y a las cabalgatas de Reyes se habrían sumado unas elecciones generales, las terceras en poco más de un año. Las encuestas, unánimes, aseguraban que el PP mejoraría sus resultados en esas hipotéticas terceras elecciones. La comparación de los datos obtenidos por las distintas formaciones políticas en las elecciones de junio con los de diciembre del año pasado apuntaba en la misma dirección. Unas nuevas elecciones habrían colocado a los electores frente al dilema de poner fin con su voto a la incapacidad de los partidos de alcanzar un acuerdo sobre un candidato para presidir el Gobierno, y no albergo ninguna duda de que lo habrían hecho en el sentido que señalaban los sondeos electorales.

No es pues una osadía imaginar que en estos días estaríamos a punto de asistir a la investidura de un Rajoy con más escaños que los que tiene en la actualidad y con una izquierda, en particular con un PSOE, instalado en la irrelevancia política. Como no lo es que una repetición electoral habría supuesto un desgaste para nuestras instituciones democráticas, empezando por los propios partidos, necesitadas justamente de lo contrario: de un esfuerzo sostenido de revitalización.

Puestas así las cosas, el PSOE habría dejado escapar la oportunidad que los resultados electorales de junio le habían proporcionado: la de ser determinante en el desarrollo de los acontecimientos parlamentarios. Una oportunidad estratégica, a mi entender. Porque, como he escrito en otra ocasión, nuestros problemas nacieron con la crisis y su resolución está ligada, en buena medida, a la superación de esa crisis, a nuestra capacidad para desarrollar una oposición útil capaz de conseguir con sus iniciativas y sus críticas que la recuperación económica no consagre los retrocesos sociales de los Gobiernos del PP. Es decir, que la recuperación sea justa.

Estos poco más de dos meses de legislatura demuestran que no se trata de una pretensión inalcanzable. Se ha incrementado, sustancialmente, el salario mínimo que afecta a cientos de miles de españoles, decisión que, además, envía una señal a los agentes económicos sobre la necesidad de mejorar los sueldos del conjunto de los trabajadores. Se ha paralizado la aplicación de la LOMCE, al tiempo que se han corregido algunos de sus aspectos más discriminatorios. Se han aumentado los recursos disponibles de las comunidades autónomas, lo que va a repercutir en la mejora de la sanidad y de la educación, las políticas con mayor peso en sus presupuestos. Se ha hecho frente a los problemas derivados de la denominada pobreza energética de las familias españolas más necesitadas. Se ha iniciado la tramitación de una ley para impedir los abusos en la subcontratación, que al amparo de la reforma laboral del PP ha conducido a una flagrante desigualdad salarial para muchos trabajadores. Se revisará la regla de gasto para aumentar la capacidad inversora de los Ayuntamientos, y se han comenzado a destopar las cotizaciones de los salarios más altos, una decisión que debe aliviar a corto plazo las dificultades de tesorería de la Seguridad Social.

Llama la atención el empeño de algunos progresistas en despreciar al Parlamento

En estas pocas semanas, el Parlamento se ha convertido, de verdad, en el corazón de la actividad política en España. También en lo que se refiere a algunas políticas de Estado. Se ha alcanzado un compromiso para la elaboración de un pacto para luchar contra la violencia de género, al que el PP se opuso sistemáticamente en la anterior legislatura; y, al paralizar la LOMCE, se han sentado las bases para alcanzar otro gran acuerdo en materia educativa, reclamado de forma unánime por los distintos sectores educativos. El Gobierno ha reconocido —no le quedaba otro remedio— que se va a modificar la denominada ley mordaza, para elaborar una ley de seguridad ciudadana que debería ser objeto de otro acuerdo no muy complicado de alcanzar: basta con volver a la anterior.

Por cierto: en esta materia parlamentaria, llama poderosamente la atención el empeño de algunos sectores progresistas en despreciar el valor de las decisiones del Congreso de los Diputados. Lejos de criticar la antidemocrática actitud del PP a la hora de cumplir acuerdos que los representantes de los ciudadanos adoptan por mayoría en nuestra Cámara baja, a los que despectivamente denominan acuerdos simbólicos, ponen el énfasis en subrayar la inutilidad de los esfuerzos de la oposición parlamentaria. Curiosa manera de defender la democracia representativa.

Hay que conjurar el pesimismo de quienes vaticinan, uno y otro día, el fin de la legislatura

Algunas de las medidas enumeradas se han alcanzado mediante acuerdos parlamentarios con el partido gobernante. Otras se han adoptado a pesar de la oposición del PP. En todas ha estado presente el PSOE. Para unos, estos acuerdos son meras componendas. Para otros, la forma en la que los socialistas quieren hacerse perdonar la abstención en la investidura de Mariano Rajoy o una manera de combatir a sus adversarios en la izquierda. Los actuales dirigentes del PSOE lo explican de forma más sencilla: todos esos pactos, con el PP o contra el PP, constituyen un ejercicio de oposición útil, útil a los ciudadanos, a los estudiantes y a los profesores, a los trabajadores, a las mujeres que sufren la violencia machista, a los pensionistas, a las familias más vulnerables… la oposición responsable de un partido que ha sido Gobierno y que aspira a volver a serlo.

La legislatura no ha hecho más que comenzar. Queda, pues, mucho trabajo por hacer. Algunos de nuestros problemas, del conjunto de los españoles, están ahí, esperando soluciones. Pienso en la necesaria revisión del pacto territorial que alumbró la Constitución de 1978, para, entre otras cosas, abordar el problema de Cataluña. O en las dificultades por las que atraviesa nuestro sistema de pensiones; es decir, en la revisión de otro pacto, en este caso, el pacto generacional que permite vivir dignamente a quienes han alcanzado la edad de jubilación mediante las aportaciones de quienes todavía están trabajando. Y, por supuesto, en el problema del empleo, de los jóvenes y de aquellos que pasados los 50 parece que ya están condenados a esperar la jubilación; en la necesidad de crear empleos dignos, algo incompatible con la reforma laboral del PP. Mucho trabajo por hacer. Si los partidos se esfuerzan y, sobre todo, si el Gobierno asume la nueva situación política, es posible que, entre todos, sean capaces de abordar estos problemas, convirtiendo la fragmentación parlamentaria en fortaleza democrática. Y así conjurar el pesimismo de quienes vaticinan, un día sí y otro también, el final de la legislatura. Es posible que, al final, no sea corta, y que acabe siendo útil. Que eso, y no otra cosa, es lo que demandan los españoles.

Alfredo Pérez Rubalcaba fue secretario general del PSOE.