Mina fiscal a la deriva

La fiscalidad de las grandes empresas, sobre todo tecnológicas, que operan en Europa corre el riesgo de convertirse en un conflicto permanente entre las compañías y la Comisión Europea, una fuente constante de fricción con los Gobiernos a los que pertenecen las empresas y, lo más peligroso, como un factor de disensión dentro de la propia Unión Europea. Una auténtica mina a la deriva,en este caso a punto de estallar; porque la Comisión Europea ha considerado que el acuerdo fiscal de la firma estadounidense Apple con el Gobierno irlandés constituye una ayuda ilegal que vulnera la competencia y ha dictaminado que el fabricante de iPhone e iPad debe devolver a Dublín 13.000 millones de euros por impuestos no pagados. Es la mayor devolución tributaria sancionada en Europa y equivale al doble de los beneficios mundiales de Apple.

Por supuesto, la decisión comunitaria será recurrida por Apple. Pero lo más significativo en este caso —una vez que el portavoz de la Casa Blanca aclare qué entiende por “sistema fiscal justo”, el que en su opinión ha vulnerado Bruselas— es la profunda irritación que la sentencia ha causado en el Gobierno irlandés. Su ministerio de Finanzas no acepta la decisión europea y ha presentado una solicitud ante el Tribunal General de la UE para que la anule. Resulta insólito que un Gobierno renuncie a que le devuelvan impuestos por importe de 13.000 millones. Si Irlanda “no hace tratos con los contribuyentes”, su reacción está fuera de lugar. Dublín arguye una cuestión de fuero: “La Comisión ha excedido sus poderes e interferido con la soberanía fiscal de Irlanda”.

Y esta es exactamente la cuestión. Las multinacionales están utilizando técnicas de ingeniería fiscal para pagar cantidades irrisorias de impuestos; parte de esta ingeniería consiste en desviar (legalmente) precios y beneficios hacia países con tributos muy bajos (el impuesto de sociedades en Irlanda es del 12,5%). El resultado es caótico. Por una parte, aparece una competencia tributaria que puede considerarse desleal; por otra, el país renuncia a ingresos necesarios para su salud presupuestaria, presuntamente a cambio de ventajas financieras o de empleo, aunque el balance deben juzgarlo los votantes irlandeses; y, en fin, se produce una desviación de impuestos, que deberían recaudarse en otros países y los pierden, sin que Irlanda los gane.

Esta legalidad es inaceptable. Irlanda tiene derecho a su soberanía fiscal, pero instaurar una zona de impuestos reducidos en un área monetaria equivale a competencia desleal o a proteccionismo tributario. Por lo tanto, sus protestas de soberanía fiscal se parecen mucho a una excusa. Podría sostenerse en un tribunal que Bruselas se ha excedido en sus facultades; pero el auténtico error es que no puede combatirse la discriminación fiscal solo desde la vigilancia y la sanción.

El modo más adecuado para acabar con un desequilibrio tributario costoso e injusto para la eurozona es instar un pacto de armonización tributaria. Ni pueden ni deben existir diferencias abismales de presión fiscal como las presentes. Cualquier ciudadano comunitario puede entender algo tan elemental como que en un área monetaria las zonas de baja presión fiscal perjudican al resto de los socios del área.