Protección energética

El acuerdo entre el PSOE y el PP para combatir la llamada pobreza energética tiene varias lecturas políticas. La primera es que resulta más efectivo para asegurar el bienestar de los ciudadanos llegar a acuerdos políticos y económicos que intentan resolver sus problemas que encerrarse en protestas públicas airadas huérfanas de soluciones. El Partido Socialista ha aprovechado la situación parlamentaria del PP para instar un cambio legal con el que probablemente todos los partidos de la Cámara están de acuerdo. Además, el pacto pone de manifiesto con claridad que el tiempo perdido en la formación del Gobierno en España tiene un coste; las medidas de protección energética que se proponen podrían haberse tramitado muchos meses antes y estar en vigor durante este mismo invierno.

El acuerdo PSOE-PP es una declaración de intenciones que deberá ser ratificada mediante un decreto ley, primero, y una modificación de la Ley Eléctrica después. Establece en sustancia que no se podrá cortar la luz a una familia si la comunidad autónoma ha declarado que corre un riesgo severo de exclusión social. Pretende evitar casos como el de la anciana muerta en Reus y otros casos de hogares en los que se padece de frío y enfermedades asociadas porque carecen de recursos para pagar el recibo de la luz. Se trata de que no se produzca en España ni un solo corte de luz más sin el visto bueno de los servicios sociales de municipios y autonomías.

Para que las nuevas normas de protección energética sean eficaces tienen que cumplirse algunos requisitos básicos. El primero es definir con claridad cuáles son los criterios de vulnerabilidad social y pobreza efectiva que hay que aplicar para proteger a la gente del apagón energético. Está claro que el criterio principal debe ser el de la renta; deben descartarse otros como el de la potencia instalada, que han permitido hasta ahora manipulaciones y usos abusivos del bono social por parte de personas con rentas suficientes para pagar la tarifa eléctrica estandar. Como el coste de la nueva protección energética se englobará en el bono social que pagarán las comercializadoras eléctricas, es necesario que al mismo tiempo se redefinan las condiciones para acceder a dicha ayuda.

La protección energética no funcionará si no existe una coordinación eficiente entre Ayuntamientos, autonomías y empresas. Es imprescindible que los municipios tengan una relación actualizada de los hogares con riesgo de incurrir en pobreza energética, para que transmitan con rapidez la información a las comunidades autónomas; y, desde luego, las compañías eléctricas tienen que aceptar la nueva protección energética sin reticencias. En un país europeo no es aceptable que se ponga en peligro la salud de los ciudadanos con decisiones unilaterales sobre el suministro de un servicio esencial.

Este acuerdo es un paso decisivo para el bienestar de los ciudadanos. Importa darlo con la destreza técnica, consenso pleno y la mayor presteza posible. Porque también demostrará si una política de pactos es un camino viable durante la legislatura.