Una España federal

Desde Gramsci para acá, sabemos que “relación de fuerzas”, “guerra de posiciones”, “sociedad civil” y “hegemonía” son conceptos fundamentales para todo el que pretenda reformar una sociedad. Además, Gramsci distinguió solventemente entre la acción política en las sociedades occidentales desarrolladas y en las otras: el “asalto a los cielos” no era para Occidente. No lo era ya entonces, en vida de don Antonio, y menos lo es ahora. Ni Cuba, ni Bolivia, ni Venezuela ni Kosovo son modelos a seguir.

La Transición y la Constitución españolas se entienden con base en esos conceptos: la relación de fuerzas existente, entonces, no permitía que ninguno de los bloques sociopolíticos de la época pudiera imponer sus criterios de ordenación del Estado y de la sociedad. Por eso se llegó al famoso consenso en el texto constitucional y se dejaron puertas abiertas para que, dependiendo de las relaciones de fuerzas sucesivamente existentes, se procediera a los desarrollos ulteriores en muchas materias. Y, mientras tanto, que cada quien buscara la mejora de sus posiciones en el marco de la sociedad y de las instituciones.

En lo que se refiere a la ordenación territorial del Estado, desde julio de 1977 —sin que se hubiera empezado a hablar de la Constitución y un año y cinco meses antes de que se aprobara— empezó a ser diseñado, con acuerdos importantes, el modelo actual. A Tarradellas, Suárez le dijo que “las autonomías deben ofrecerse a todas las regiones españolas (…), a lo que mostró su conformidad el honorable Tarradellas” (comunicado del Ministerio de la Gobernación, 2 de julio de 1977, recogido por Tarradellas en Ja soc aquí, Planeta 1990, página 154). No es que Tarradellas quisiera eso, que no lo quería, pero valoró la relación de fuerzas y lo aceptó. ¡Ahí empezó el café para todos!

A partir de 1976, por otra parte, todos iban tomando posiciones. El XXVII Congreso del PSOE, en diciembre de 1976, aprobó una resolución en la que se decía: “Nacionalidades y regiones, en pie de igualdad, constituirán el Estado Federal que preconizamos”. En 1977, Cataluña, Valencia y Andalucía salieron en masa a la calle pidiendo autonomía. En 1978, todos los partidos andaluces acordaron propugnar la autonomía de más alto nivel. En 1980 Andalucía ejerció su derecho constitucional a la iniciativa autonómica plena. En 1981 se firmaron, a escala del Estado, los Pactos Autonómicos. En 1983, en fin, se celebraron elecciones autonómicas en todas las comunidades que habían decidido acceder a la autonomía por la vía del artículo 143.

Todo el proceso de pactos autonómicos se desarrolló en el marco de la Constitución y se basó en amplísimos acuerdos

Todo ese proceso se desarrolló en el marco de la Constitución y se basó en amplísimos acuerdos, con luz y taquígrafos, que incluían a los partidos nacionalistas catalanes y vascos. Así, de los consensos constitucionales originarios fueron derivándose acuerdos para los sucesivos desarrollos institucionales; y de la posible “bilateralidad” originaria —entre Suárez y Tarradellas— se llegó a una pluralidad de agentes políticos intermedios, se dio origen a la eclosión de múltiples sociedades civiles territorialmente definidas y se hizo necesaria la multilateralidad para la toma de decisiones. Cambió la piel entera del país y surgió un nuevo entramado institucional.

Cualquier reforma constitucional tiene que partir de esa realidad asentada. Y todos y cada uno de los agentes políticos han de tomar nota de que ninguno de ellos —ninguno, entiéndase bien— está en posición de intentar imponerse. No hay protagonista hegemónico. La relación de fuerzas no es favorable para las aventuras o los caprichos históricos, ni en España, ni en Europa, ni en el mundo globalizado. Y las posiciones están tomadas.

Para reformar algo, pues, son precisas las transacciones. Hay materia, ya que todo poder institucional consta de diversos componentes: el área ritual, litúrgica o identitaria, en la que, en mi opinión, puede haber libertad de opción y cabe la imaginación declarativa; el área institucional, en la que, salvados mínimos comunes —representativos y de gestión—, caben asimetrías; el área competencial, en la que, además de las competencias que hagan referencia a hechos diferenciales, y a salvo la capacidad de prestación por igual de servicios a los ciudadanos en todos los territorios de España, cada comunidad puede ser más o menos ambiciosa; el área financiera, que ha de basarse en la suficiencia, la equidad y la solidaridad; y el área de la gestión, en la que habría que mejorar la coordinación y la cooperación interadministrativa. En ese marco, creo, hay espacios para discutir y acordar. De buena fe, claro.

José Rodríguez de la Borbolla es profesor de la Universidad de Sevilla. Fue presidente de la Junta de Andalucía entre 1984 y 1990.