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Daños fiscales secundarios

Los cambios en Sociedades, adecuados en su conjunto, interfieren en los planes fiscales de algunas empresas

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda

Los cambios en el impuesto de Sociedades decididos por el Gobierno para cubrir el objetivo de déficit han provocado malestar en algunas empresas, debido a que fuerzan a realizar cambios en la planificación fiscal de las compañías. Hacienda introdujo modificaciones en el impuesto que no alcanzan la categoría de una reforma del tributo con el objetivo de aumentar la recaudación —espera conseguir unos 4.400 millones de euros— y hacer frente a las exigencias de déficit que ha recordado Bruselas. Si poco hay que decir sobre la decisión de cargar el aumento de ingresos tributarios sobre Sociedades, la forma de instrumentar técnicamente los cambios ofrece dudas que Montoro y su equipo harían bien en explicar y corregir.

La limitación de créditos fiscales, por ejemplo, es una medida correcta, aunque el ministerio no ha explicado a todos los ciudadanos que el beneficio fiscal puede retrasarse, pero no anularse; limitarlo solo significa que la empresa tendrá que aplicárselo durante más años. Se trata de una corrección de baja intensidad (un parche) que, en principio, no causa inconvenientes a las empresas más allá de contar con una limitación legal que antes no existía.

Otros cambios sí pueden afectar a la planificación fiscal en Sociedades. En algunos casos, se permitía la reversión, según se fueran realizando, de las pérdidas estimadas que en su día redujeron la base imponible de las empresas antes de 2013; Hacienda ha establecido una incorporación mínima del 20% anual en la base imponible del impuesto en un máximo de cinco años. De forma que la planificación fiscal en marcha de las empresas queda modificada por normas dictadas a posteriori.

El Gobierno ha acertado con el qué (subir los ingresos a través de Sociedades) pero ha sido torpe en el cómo. Cuando se aprueban correcciones fiscales es conveniente evitar a los contribuyentes daños secundarios. Hacienda debería mitigarlos durante su aplicación concreta.

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