Una victoria a cualquier precio no es una victoria

Todo empieza con un sueño, pero a veces la utopía acaba convirtiéndose en pesadilla. Esto es lo que ocurre en el vídeo promocional de la campaña lanzada por el Comité Internacional de la Cruz Roja que ilustra el elevado costo humano de ignorar los Convenios de Ginebra y pretende mejorar el conocimiento del derecho internacional humanitario.

El objetivo de Una victoria a cualquier precio es preservar la humanidad en tiempo de conflicto armado, una misión compleja, como demuestran las imágenes que reflejan la transformación gradual de un deseo de vivir en un entorno seguro, próspero y en paz en una guerra sin reglas. “Una victoria a cualquier precio no es una victoria. Incluso las guerras tienen normas y cuando se ignoran, todos perdemos”, concluye el vídeo.

La campaña hace especial hincapié en los ataques al personal e instalaciones de salud. Pese a constituir objetivos protegidos por los Convenios de Ginebra, un conjunto de normas establecidas en 1949 que protegen a las personas contra las atrocidades de la guerra, esta práctica se está convirtiendo en algo habitual en diferentes países en conflicto.

Entre 2012 y 2014, el Comité Internacional de la Cruz Roja documentó más de 2.400 casos en 11 países. Siria solo es el más reciente de una larga lista de ejemplos. La Organización Mundial de la Salud calcula que 654 trabajadores del sector médico han muerto en Siria desde el comienzo del conflicto hasta septiembre de 2015 y que, a esa fecha, casi el 60% de los hospitales funcionaba parcialmente o estaba fuera de servicio.

“Los ataques a instalaciones de salud y a personal sanitario en conflictos armados han existido siempre, pero en vez de irse corrigiendo, se han incrementado y se han convertido en un arma de guerra”, explica Manuela Cabero, vicepresidenta de Cruz Roja española. “El último año ha sido el más terrible que hemos vivido”.

Esto solo tiene un remedio: que los ataques no se queden impunes” Manuela Cabero, vicepresidenta de Cruz Roja española

Cabero asegura que hace ya más de dos años que nadie quiere vivir en Siria al lado de un hospital. “Esto significa que la gente cree que se trata de ataques intencionados y probablemente tengan hasta razón”, sostiene. Las consecuencias, según ella, son terribles. “Aparte de la muerte de pacientes, conductores, familiares y todo tipo de trabajadores sanitarios, se produce un fuerte retraso en la atención médica, los trabajadores y voluntarios huyen en masa, se impide hacer medicina preventiva por falta de acceso a los equipos y causa desabastecimiento de material y medicamentos”.

El mal uso que en raras ocasiones se ha hecho de las instalaciones de salud, por ejemplo para transportar combatientes y armas en ambulancias o albergar en hospitales a francotiradores, también ha contribuido a disminuir la obligación de defender determinadas instalaciones. “Esto ha sucedido mínimas veces, pero han sido suficientes para que mucha gente se sienta legitimada a atentar contra estos servicios”, dice Cabero.

Para la experta de Cruz Roja esta situación tiene muy difícil arreglo. Aunque Naciones Unidas emitiera resoluciones al respecto en 2014 y en 2016, ningún grupo armado, ni ejército beligerante se ha hecho eco de ellas. “Esto solo tiene un remedio: que los ataques no queden impunes”, insiste. “El derecho internacional contempla la prohibición de estas acciones, pero en la realidad nadie ha sido llevado antes un tribunal. Esto es lo que hace que todos los esfuerzos sean fallidos”.