El rector multicopista o la virtud de resistir

Fernando Suárez Bilbao, rector de la Universidad Rey Juan Carlos, acumula acusaciones de plagio a razón de una por día. Por el momento —pero esto no ha terminado—, cinco profesores reclaman airados su dimisión por la (presunta) estafa de haber copiado alguno de sus estudios; se informó de que había plagiado incluso el trabajo de una alumna de la Complutense (María Reyes Dominguez); los alumnos buscan firmas para exigir que dimita y la Universidad de California ha retirado un artículo del ilustre plagiador porque en el texto había reproducido a otros seis autores. Como en España los casos vidriosos suelen adornarse de una graciosa filigrana irónica, la URJC ha instalado un moderno sistema informático para detectar los plagios en los trabajos de los alumnos. ¿Detectará el artilugio los remiendos en los textos del rector o son más sofisticados?

Dejemos a un lado las lamentaciones morales de rigor sobre la conducta fraudulenta del señor Suárez, quien más que un rector parece una multicopista. Ministros europeos han dimitido “por copiar”, pero en España mantenerse en el cargo por encima de cualquier escándalo es ya una virtud cívica. El señor Suárez, soprendido in fraganti, consciente del fango de impunidad que nos rodea, confía en sus escudos político-institucionales. Véase, si no: atribuye los infames copieteos a una disfunción, es decir, los equipara a una errata de imprenta. Hay que estar muy seguro de los apoyos políticos para llamar disfunción al (presunto) delito de plagio. El chascarrillo o nonsense es coherente con el cinismo arraigado en algunos entornos de poder que consiste en desviar cualquier responsabilidad personal hacia conceptos o cosas inanimadas. Se podría escribir un tratado psicológico analizando como la crisis financiera de 2007 se atribuyó a la avaricia.

Tiene más chispa su análisis del término plagio. En su opinión, este delito está vinculado a la protección de una popiedad que proporciona un beneficio económico. Pero como nadie —ni el propio rector— sabe cuando una producción propia puede generar un beneficio económico, ni cuando un texto u obra concebido para disfrute personal producirá ganancias en otras manos, el argumento parece un tecnicismo jurídico propio de rábulas.

Mientras el rector se recrea en florituras culteranas para explicar lo inexplicable, las instituciones implicadas callan. El ministerio de Educación y la Dirección General de Universidades despejan a patadas de problema (“son asuntos internos”). Tanto respeto por los asuntos internos es un potente indicador de que el Gobierno no va a iniciar conflicto con un jefe local. En un país más atento por los procedimientos democráticos ya se habría reunido una comisión para investigar al señor Suárez. Aquí, no. Si la irritación amaina, bien; si arrecia, se convoca para cumplir. En cuanto al Consejo de Rectores, la cosa irá para largo. Tanta cautela con los métodos corporativos confirma que la sociedad española carece de instituciones capaces de enfrentarse a problemas reales que afectan a personas sin poder. Luego gimotearemos porque crece el populismo.