¿Cómo hacer efectivo el derecho a la ciudad?

En el contexto de la adopción de políticas económicas neoliberales, las políticas urbanas se reformularon profundamente y se produjo un debilitamiento de la planeación, en contrapartida se fortaleció la articulación de intereses entre las elites políticas y las económicas. Así, las políticas públicas urbanas poseen actualmente un alto grado de pragmatismo y conflictividad ya que la producción y consumo de los bienes de la ciudad concentran un alto valor monetario pero al mismo tiempo lo fundamental es que poseen un alto valor social y colectivo.

Cuando en la ciudad se privilegia el valor de cambio y esto se expresa en los contenidos de las políticas urbanas estas dejan de ser concebidas como políticas sociales para transformarse en productoras de los soportes materiales, como vialidades, equipamientos, infraestructura o espacios para el consumo masivo y de lujo. Otro componente es la privatización de los servicios públicos y en general la mercantilización de los bienes y servicios de la ciudad, en particular, del suelo urbano, garantizando altas tasas de ganancia que son apropiadas privadamente.

Sin embargo, estos procesos de refuncionalización de las ciudades a fin de integrarse en la economía global coinciden en varias ciudades de América Latina, con el avance de la democratización del sistema político local. En este escenario se advierten, por un lado, condiciones propicias para la aparición de movimientos urbanos capaces de impulsar el cambio urbano y social. Por otro, elementos para construir una nueva arquitectura institucional que promueva experiencias puntuales de innovación social para la creación o recuperación de espacios públicos degradados. Y que en ellos se desarrollen acciones colectivas que permitan fortalecer la identidad local, la vida comunitaria y avanzar en la construcción de una cultura democrática.

Apelando a un nuevo derecho a la ciudad

En este contexto, el derecho a la ciudad es una apelación colectiva cuyo contenido se ha ido modificando. Pero, en lo fundamental “alude a una profunda transformación urbana protagonizada por movimientos sociales con la intención de contrarrestar los procesos capitalistas generadores de desigualdad socio-espacial y de segregación urbana y producir mejores condiciones de vida para el conjunto de la ciudadanía”.

En este sentido, Lefebvre alertó tempranamente (en 1968), sobre la mercantilización del espacio urbano, la expulsión de la clase obrera del centro de la ciudad, la precarización de sus condiciones de vida, todo lo cual provocaba la desintegración de la ciudad como proyecto colectivo. Desde allí construyó la primera apelación a reivindicar el derecho a la ciudad que representaba los intereses no solo del proletariado sino de toda la civilización. Posteriormente Manuel Castells y Jordi Borja analizaron la potencialidad social y política de los movimientos sociales urbanos que reivindicaban los bienes colectivos de la ciudad a partir de hacer de los barrios populares, favelas, villas miserias, callampas, ranchos de las ciudades latinoamericanas su laboratorio de análisis. Sin duda fueron más allá ya que evaluaron la potencialidad política de estas formas de organización y lucha de los sectores populares urbanos.

Unos 40 años después y en medio de la oleada neoliberal, creadora de una nueva arquitectura espacial y privatizadora de los bienes públicos de la ciudad, la noción del derecho a la ciudad ha sido resignificada por David Harvey. Este considera que se trata de una nueva apelación que guía las acciones colectivas en las calles de muchas ciudades, donde la ciudadanía indignada cuestiona la actuación de una pequeña elite política y económica que pretender desposeer a las masas urbanas de cualquier derecho a la ciudad. Se trata de nuevas estrategias de rebelión urbana que buscan definir un modo de vida urbana diferente del que les estaban imponiendo los promotores capitalistas y el Estado exigiendo un control democrático sobre la producción y uso del excedente de capital (Harvey, 2013).

Para Castells los movimientos con capacidad transformadora son los movimientos sociales en red, los cuales hacen uso de las modernas tecnologías de la comunicación potenciando la comunicación e interacción entre los actores sociales para desafiar al poder político y económico, reclamando la incorporación de sus intereses y valores en la construcción de las instituciones (Castells, 2013, 2014; cit. en Ziccardi, 2016). Sin duda es una nueva fuerza democratizadora del espacio público tanto físico como social; empoderando actores sociales y ejerciendo prácticas de contrapoder en el territorio urbano.

También Jordi Borja (2011) señala que los movimientos ciudadanos de los últimos treinta años han tenido grandes aportaciones en la gestión de la ciudad y el urbanismo, revalorizando el espacio público, exigiendo la democratización de los planes y proyectos urbanos integrales y recuperando el protagonismo de los gobiernos locales en la política urbana. Pero sobre todo, identificando a la ciudadanía como aquella que interviene en la construcción y gestión de la ciudad.

En América Latina, un amplio número de organizaciones sociales, académicos y activistas, articulados dentro de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC), han promovido el reconocimiento del Derecho a la Ciudad, a partir de la elaboración de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. De acuerdo con Enrique Ortiz (2008), la hechura y difusión de esta Carta, originalmente se concibió como un documento político para movilizar a amplios sectores sociales. Pero posteriormente se ha ido impulsando como un instrumento jurídico que pueda ser adoptado por gobiernos nacionales y locales y organismos internacionales, para que se asuman compromisos y tomen medidas para construir “ciudades justas, democráticas, humanas y sustentables”, donde las personas puedan vivir con dignidad. 

Generando innovación social en el espacio público

También es cierto que en muchas ciudades se avanza en el derecho a la ciudad movilizando a la ciudadanía en prácticas sociales colectivas de participación, en programas y políticas públicas de coaliciones de izquierda que pretenden contrarrestar las fuertes desigualdades y tendencias disgregadoras que existen en la sociedad. Estas experiencias son muy importantes y, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México existe una intervención pública-social sobre los espacios públicos con la intención de disminuir las profundas desigualdades territoriales que existen en la megalópolis. Tanto en sus condiciones materiales como en la oferta de actividades recreativas.

La construcción o recuperación de espacios públicos que generen las condiciones materiales básicas para desarrollar actividades sociales, deportivas, culturales y recreativas en los barrios populares a través de un innovador programa de creación y mejoramiento de espacios públicos representa una forma de hacer efectivo el derecho a la ciudad y forjar una mejor convivencia comunitaria en el ámbito local. El objetivo es disminuir las fuertes desigualdades territoriales y urbanas que existen en la ciudad, democratizar la gestión local, involucrando en su diseño e implementación a diferentes actores gubernamentales y sociales. Se trata de generar una mejora material, una obra pública, a partir de generar un proceso de aprendizaje ciudadano, avanzando un escalón en la construcción de una cultura comunitaria y democrática (Ziccardi, 2012).

En este sentido, la relevancia de este programa se refleja no solo en la cantidad de obra pública realizada desde su implementación, a pesar de que los montos asignados a cada proyecto variaron año tras año, sino en el desarrollo de innovadores instrumentos de participación, entre los que destaca el hecho de que los recursos para cada proyecto se transfieren directamente del gobierno local a la ciudadanía, quien asume el papel de gestionarlos, logrando crear nuevos liderazgos y nuevas formas de aplicación y control social sobre los recursos públicos, creando nuevos ámbitos de confianza y credibilidad, entre los diferentes actores que participan (Ziccardi, 2012). Sin duda estas experiencias constituyen también un camino para avanzar en hacer efectivo el derecho a la ciudad.

Alicia Ziccardi es directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias.

A través de una serie de seis columnas, las organizaciones de la sociedad civil, integrantes de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad en América Latina, CLACSO, Habitajes, Hábitat para la Humanidad, Instituto Pólis, la Coalición Internacional del Hábitat HIC y TECHO, buscarán responder según sus miradas y experiencias particulares, cuáles son los desafíos que enfrentan actualmente las ciudades en la recta final hacia la Tercera Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible de las Naciones Unidas, Hábitat III. Esta serie de columnas se enmarca en la iniciativa que el conjunto de organizaciones lanzó en 2015: No es una ciudad si no es para todxs.