Colombia: sí a la paz (2)
Colombia dirá sí
Marta Inés Villa
Acuerdo de paz: una oportunidad histórica
Luís Guillermo Guerrero Guevara
Votar sí. Una apuesta a la esperanza
Antonio José Echeverry Pérez
Sí en el plebiscito y por otra cultura política
Óscar Almario García
Colombia dirá sí
Marta Inés Villa, directora de Corporación Región, Medellín, Colombia.
Colombia vive un momento histórico, como a comienzos de los años noventa, cuando un movimiento ciudadano votó lo que se conoció como la “Séptima papeleta”, con la que se decidió convocar a una Asamblea Constituyente que permitiera reconocer la hondura de la crisis que atravesábamos y sentar las bases para un nuevo país. Esta Asamblea, con la participación de grupos recién desmovilizados (Movimiento 19 de Abril, Movimiento Armado Quintin Lame, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Popular de Liberación) y de los partidos políticos tradicionales, promulgó una nueva Carta Constitucional que consagró a Colombia como un Estado Social de Derecho. Pero la guerra no cesó y los esfuerzos de una buena parte de los sectores democráticos se han orientado desde entonces a detenerla. Hoy esta posibilidad se avizora como nunca antes. Y con ello la oportunidad de ocuparnos de los retos pendientes de la democracia.
El 2 de octubre el pueblo colombiano tendrá la posibilidad de salir a refrendar los acuerdos firmados por el gobierno y las FARC-EP, la guerrilla más grande y antigua de Colombia, y terminar de esta manera uno de los conflictos internos más duraderos del mundo moderno. Tras más de cinco décadas de confrontación armada y cuatro años de negociación en La Habana, se ha llegado a un acuerdo que apunta, de un lado, a abordar lo que se consideran factores que han dado lugar a la existencia de este conflicto armado (En el acuerdo, puntos 1. Desarrollo Rural, 2. Participación Política, 4. Drogas Ilícitas); de otro, a reparar los impactos generados por la guerra (5. Víctimas); a la desmovilización de la guerrilla y su conversión en partido político (3. Fin del Conflicto) y a la implementación de los acuerdos (6. Implementación, Verificación, Refrendación).
A nuestro modo de ver, los puntos acordados representan una oportunidad para la ampliación y profundización de la democracia en Colombia y ameritan el respaldo total de la sociedad colombiana. ¿Por qué?
En primer lugar, porque ofrecen la posibilidad de avanzar en saldar deudas históricas, como un conjunto de políticas de desarrollo rural que nunca se han hecho en nuestro país; promesas incumplidas de la Constitución del 91 como el rompimiento del bipartidismo y la posibilidad real y con garantías del ejercicio de la oposición política.
Segundo, porque por primera vez, las víctimas ocupan un lugar central en todo lo acordado. Y es que el conflicto armado en Colombia ha dejado más de 8 millones de víctimas, entre ellos 6 millones de personas desplazadas, 265.000 personas asesinadas, alrededor de 80.000 desparecidos, entre otras. Que no haya ni una víctima más, ni una persona más desplazada, desaparecida o mutilada por una mina antipersonal, nadie mas secuestrado, que ni un niño más sea reclutado para la guerra y ni un metro más de nuestra tierra se convierta en campo minado, eso sólo, justifica esta negociación. Pero que las víctimas sean reparadas, que haya avances en la construcción de la verdad y en establecimiento de responsabilidades lo justifica aún más. Después de años de conflicto hay heridas abiertas que tardarán en sanarse, pero sin duda alguna, la verdad, la justicia y la reparación a los que apuntan los acuerdos constituyen un avance inmenso.
Tercero: necesitamos separar de una vez y para siempre las armas de la política. En esto consiste el fin del conflicto, en el que la guerrilla, además de decir la verdad, reconocer sus responsabilidades y reparar a las víctimas, se reincorpore a la vida civil y ciudadana, acepte las reglas que nos rigen como Estado Social de Derecho y defiendan sus ideas como un partido político, a través de la palabra, de las propuestas, de la movilización social. Pero sin amas.
Todo esto es posible con la firma y refrendación de estos acuerdos. Coincidimos con quienes plantean que la paz no se firma sino que se construye, y también con que no se trata solo del acallamiento de los fusiles. Por eso saludamos el sentido de estos acuerdos y creemos que abren una puerta para un enorme trabajo que supone transformaciones profundas en nuestra cultura política, en la institucionalidad pública, en el modo de relacionarnos y de afrontar las ideas contrarias, en fin, una oportunidad para vivir en paz.
Por eso nuestros esfuerzos están por estos días en ayudar a comprender el sentido profundo de este gran paso. Ello incluye el respeto por quienes han optado por el No. Esto es, centrar los esfuerzos en la capacidad de argumentación y de escucha. En esto consiste la democracia profunda: en la convivencia pacífica de contrarios. Al fin y al cabo el país que amanezca el 3 de octubre, con un Sí rotundo a los acuerdos firmados entre el Gobierno y las FARC-EP, tendrá que tener espacio también para ellos y ellas. La tarea de reconstrucción de este país herido continuará, pero habremos dado un paso histórico.
Acuerdo de paz: una oportunidad histórica
Luís Guillermo Guerrero Guevara, director del CINEP / Programa por la Paz, Colombia.
Los acuerdos de paz, cuyo texto definitivo fue comunicado el 24 de agosto del 2016, se han construido durante 4 años gracias a un trabajo juicioso de las delegaciones del gobierno nacional y de las FARC-EP, y han hecho progresar la participación persistente de la sociedad colombiana y de las víctimas del conflicto, que ha sido diversa en todas las regiones de Colombia a lo largo de las tres últimas décadas.
El acuerdo de paz es la mayor oportunidad que hemos tenido los colombianos en estas cinco décadas para transformar las costumbres políticas. Es la posibilidad de hacer política sin armas; la opción de generar un desarrollo rural integral con enfoque territorial para que existan procesos de desarrollo incluyentes y equitativos, y una alternativa para que las víctimas del conflicto armado y social recuperen su vida, ya no tanto en el nivel individual, sino en el nivel colectivo.
El acuerdo abre la posibilidad para ganar un liderazgo en la solución global del mercado de la droga, esto asociado con un desarrollo rural integral nos dará la capacidad de promover cambios más estructurales al problema del narcotráfico. De otra parte, el acuerdo es el inicio de un proceso de reconciliación para la búsqueda de la verdad, la justicia y la no repetición, el cual necesita del acompañamiento internacional, ya que ha sido una práctica habitual en el país que el Estado incumpla los acuerdos y que las élites regionales y nacionales sean fuertes y violentas cuando les tocan sus intereses económicos y políticas, de ahí que los terceros internacionales jueguen un papel fundamental en la mediación política y en exigir que las armas y la violencia sea excluida de la política.
De esta manera este acuerdo se convierte en una oportunidad democrática para que la sociedad civil aporte a la paz positiva, esa paz integral que es de la ciudadanía. Por supuesto, se requiere de un Estado responsable y de partidos políticos sustancialmente comprometidos, pero también de la participación activa de la sociedad representada en organizaciones sociales y gremiales, agentes académicos, iglesias y otros sectores de la institucionalidad social.
Amplios sectores gremiales, académicos y de organizaciones sociales están respaldando decididamente el SI en el plebiscito, un Sí reflexivo y lleno de contenido por una paz estable y duradera. Es una invitación a los ciudadanos y ciudadanas para que aprovechemos esta oportunidad democrática como un paso más hacia la meta de la construcción de una sociedad justa, sostenible y en paz. En consecuencia, grandes sectores estamos invitando a participar en la votación del plebiscito con un Sí consciente, porque los acuerdos de paz no solo son la oportunidad de transformar la confrontación armada en la disputa de las ideas en la arena política, sino también porque su contenido trata de responder a las expectativas y necesidades sentidas de la Colombia profunda, que ha sido tradicionalmente excluida de la participación política y severamente golpeada por un conflicto de muchos años, y que hoy aspira a integrarse en el proceso de la construcción del Estado y del desarrollo integral de sus regiones por medio del ejercicio de la política en condiciones de paz.
Votar sí. Una apuesta a la esperanza
Antonio José Echeverry Pérez, profesor de la Universidad del Valle, Colombia.
Después de 52 años de conflicto armado con uno de los grupos insurgentes más importante en el continente americano, los colombianos tenemos la oportunidad de refrendar el acuerdo logrado con las FARC.
A todos los ciudadanos de este país nos embargan los temores, las dudas. Seguramente hubiésemos querido un acuerdo distinto, pero en una negociación las partes siempre tienen que ceder un poco para dar paso a un acuerdo de ambos. A pesar de esos temores, debemos darle cabida a la esperanza. La esperanza en una Colombia distinta, sin guerra, sin inseguridad. Es la oportunidad de construir un pacto nacional de reconciliación, en el que garanticemos la participación activa de la ciudadanía.
Será el momento para asegurarnos de que nadie nunca más utilice las armas para promover una causa política y a quienes las dejaron para transitar a la política se les garantice su derecho a la participación democrática y ciudadana, desde una nueva cultura de la tolerancia. Los acuerdos nos permitirán además, nuevas perspectivas de justicia, medidas para reparación integral de las víctimas y garantías para la no repetición de los hechos de los victimarios. Entrará en funcionamiento una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. De otro lado, se plantea una política de desarrollo agrario integral, fondo de tierras para los campesinos sin tierra, se garantizará el derecho de propiedad sobre ella, se formalizará la pequeña y mediana propiedad, se protegerán los ecosistemas. Toda una reforma agraria que esperamos los colombianos desde los años 30 del siglo XX y que nunca se hizo.
Se crearán programas especiales de desarrollo territorial, planes nacionales de salud, educación, vivienda, formalización laboral y prevención del hambre.
El acuerdo plantea también la sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos, al tiempo que se entiende el consumo de estupefacientes como un asunto de salud pública, por lo que se crearán programas de atención a los consumidores para garantizar su rehabilitación e inserción social. Se privilegiará la sustitución de cultivos y no la erradicación con fumigaciones químicas.
Se fortalecerá el control ciudadano a la gestión pública, gracias a las veedurías ciudadanas y los observatorios de transparencia en todas las regiones del país.
Es a través de este pacto de reconciliación, que se garantizará la seguridad para todos y el respeto a los derechos humanos. Será este pacto nacional el que permitirá intensificar la lucha contra la corrupción y contra las organizaciones criminales y sus redes de apoyo.
Invito a todos los colombianos a decirle SI a la paz y a la vida.
Sí en el plebiscito y por otra cultura política
Óscar Almario García, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Lo que se juega en las urnas el próximo 2 de octubre es la posibilidad de iniciar la construcción de un modelo de país que marcará, sin duda, el destino de esta nación. Una nación sobre la cual debemos tejer un nuevo relato, sin desconocer las huellas de la memoria, pero incluyendo las propias contradicciones, complejidades y diversidades que coexisten en este territorio, como parte de un movimiento fundamental por la inclusión y el reconocimiento. En nombre de la gente - tanto por parte del Estado, como de los grupos al margen de la ley - se libró una “guerra”, pero fue esa misma guerra la que terminó por poner, en medio del fuego cruzado, a la gente como víctima que sufrió las consecuencias más devastadoras de este conflicto. Hoy, es esa misma gente, de las más diversas condiciones sociales, étnicas y culturales, el sujeto colectivo que cree, pese a las heridas y las huellas más profundas del conflicto, en un proyecto democrático, en el cual se establezcan garantías reales para avalar un modelo político y social tolerante, en el cual toda la ciudadanía esté inscrita, sin excepción.
Es la hora de capitalizar las experiencias y aprendizajes de aquellas comunidades y territorios indígenas y afrodescendientes; campesinos; gentes de las ciudades, cascos urbanos y veredas; trabajadores, empleados, profesionales, académicos y estudiantes; organizaciones populares, movimientos y redes sociales que, pese al miedo y sin garantías, lograron con sus acciones y posiciones, decir no a la guerra, aún antes de que existiera en el panorama, la posibilidad de una salida concertada a ella. La gente ha tenido la sabiduría y la paciencia para mantener ciertos espacios, en medio de una democracia y una institucionalidad recortadas. En el marco de esa experiencia ejemplar, que por cierto es fragmentada, molecular y escasamente reconocida, la ciudadanía es consciente de que ha tenido que posponer o aplazar su propia agenda, por cuenta de la prioridad, distorsión e interferencia que ha representado el llamado conflicto interno.
Es hora de exigir la transformación de nuestra cultura política, en la cual la ciudadanía sea el eje fundamental en la construcción de nuevos horizontes de acción, a través de su participación y constante vigilancia para sostener los acuerdos y hacer de este momento histórico, un cimiento lo suficientemente fuerte, como para restablecer el tejido social, a través de la confianza en las instituciones y en el otro. El posconflicto debe fungir como un laboratorio pedagógico en el cual la ciudadanía, el insumo fundamental de las naciones, se apropie de los aprendizajes que deja esta experiencia en materia de respeto, negociaciones y salidas concertadas. En la medida en que los sujetos comprendan que no se trata de pensar igual, sino de generar espacios donde la multiplicidad y los diversos modos de comprender el mundo tengan cabida, sin estigmatizaciones o aniquilamientos, se ha de generar un pacto ciudadano donde la mirada crítica, pero siempre respetuosa, logre transformar nuestras prácticas políticas. Así, ante la crisis institucional del Estado; de los partidos y los liderazgos de viejo cuño entre la derecha, centro e izquierda, debe irrumpir la ciudadanía en toda su complejidad, pero con vocación de consensos estratégicos, para desarrollar una agenda nacional soportada en saberes académicos, ancestrales y comunitarios, pero con atención a los mínimos y máximos morales, sociales y políticos indispensables, para consolidar una propuesta real de transformaciones sociales e institucionales.
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