La sanción a Apple

Esta semana se ha conocido la decisión de la UE de reclamar a Apple el pago de 13.000 millones de euros en impuestos no pagados a Irlanda, por considerar que el pacto fiscal que Dublín ofreció a la multinacional debe considerarse una ayuda ilegal de Estado.

La dirección de Apple y el propio Gobierno irlandés (cada vez más dividido) han dicho que recurrirán la decisión, así que falta tiempo para conocer el desenlace de este duelo de titanes. Es sin embargo urgente (en realidad hace mucho que lo es) plantear ciertas reflexiones sobre esta interesantísima cuestión.

La voz de la sociedad civil es cada vez más firme al reclamar que las grandes multinacionales contribuyan de un modo justo a sostener los países en que obtienen sus beneficios. Europa es fantástica para vender productos de consumo, claro. La seguridad, su red de transporte e infraestructuras, su estabilidad, sus derechos sociales…, de todo ello se beneficia Apple al vender sus móviles. Pero atención, todo esto cuesta dinero. Mucho y cada vez más.

Aumentar (otra vez) los impuestos al consumo (luz, cultura, servicios…) o a los que pagan trabajadores y autónomos es una solución; pero mucho más lacerante que detener las insolidarias rebajas fiscales que algunos Gobiernos llevan años ofreciendo secretamente a centenares de multinacionales. Luxemburgo, Bélgica, Irlanda… son líderes en una carrera hacia el precipicio por atraer inversiones cuyo resultado final es que todos los países recaudamos menos. En este último caso, el beneficio por las ventas de Apple en toda Europa ha quedado prácticamente sin tributar, ahí es nada.

La sociedad civil es cada vez más firme al reclamar que las grandes multinacionales contribuyan de un modo justo a sostener los países en que obtienen sus beneficios

Irlanda puede legítimamente atraer a grandes empresas con fiscalidad ventajosa y flexibilidad laboral; ya lo ha hecho con Google, Facebook o Apple creando un sector tecnológico sin parangón en Europa. Pero el rugido del tigre celta no debe ser a costa de sus socios comunitarios. Rescatada y con el impuesto empresarial más bajo de la UE (un 12,5% frente a una media del 25% en la UE), Irlanda no puede pretender además dejar sin tributar los beneficios de estas empresas obtenidos en toda la Unión Europea, máxime en una deseada unión fiscal. Por otro lado, las reglas del juego empresarial deben ser transparentes e iguales para todos, o por lo menos no más fáciles para los más fuertes.

Apple se defiende diciendo que crea 5.000 empleos en Irlanda, dato que causa una buena primera impresión. Pero estaría bien conocer la respuesta de los otros empresarios de Irlanda, de los propietarios de los famosos pubs irlandeses, de los arquitectos, abogados, tenderos, ganaderos irlandeses… Todos estos pequeños y medianos empresarios crean el grueso de los millones de puestos de trabajo de Irlanda. La pregunta brota a presión: ¿por qué ellos deben pagar mil veces más impuestos que Apple?

Se habla también de la inversión en su sede y en I+D. Hay otras vías para premiar la inversión en nuevos productos: con un límite porcentual en la cuota y para todas las empresas. Y ya que hablamos de inversión, pensemos en qué nos gustaría ver invertido ese dinero: ¿cuántos proyectos de mejora de nuestro precario medio ambiente, cuántos proyectos de investigación de enfermedades, cuántas becas podrían otorgarse con los 70.000 millones de euros en los que se estima —anualmente, atención— los impuestos no pagados por la planificación fiscal agresiva de las multinacionales en Europa? Es imaginarlo e indignarse. Yo no lo cambiaría por un móvil que funciona bajo el agua. ¿Y usted?

Irlanda puede legítimamente atraer a grandes empresas con fiscalidad ventajosa y flexibilidad laboral; pero no debe ser a costa de sus socios comunitarios

Estas empresas afirman cumplir las leyes fiscales (incluyendo generosamente en esta categoría ciertos tax rulings que pecan de secretismo y son una ofensa a la libre competencia), pero no sería la primera vez que una ley injusta (aquí por insolidaria y hecha a medida) choca con principios jurídicos de mayor jerarquía. El progreso jurídico requiere a veces cambiar leyes injustas. Se dice que el punto ciego de una generación es una situación percibida como injusta pero que aún así se soporta durante años….hasta que la generación siguiente logra cambiarla. Ya ocurrió con el sufragio femenino hace 100 años, o con los derechos civiles negados legalmente a muchas minorías hasta hace solo 50 años. Ahora ambas cosas nos resultarían inaceptables. Hoy en día Google, Facebook, Starbucks, … las empresas más poderosas del planeta pagan menos impuestos por sus beneficios que cualquier jubilado medio por su menguante pensión. ¿Lo aceptarán nuestros nietos? ¿Estamos frente al punto ciego de nuestra generación?

Los grandes países han avanzado mucho en crear una nueva fiscalidad justa y adaptada a la globalización. El proyecto BEPSA (Plan de Acción contra la Erosión de Bases Imponibles y Deslocalización de Beneficios (BEPSA, por sus siglas en inglés), es un plan con 15 acciones concretas que pretende acabar con el divorcio geográfico entre la actividad real y la (no) tributación del beneficio, pero su implementación es exasperantemente lenta, y mientras tanto la recaudación perdida cada año es una cifra descomunal y una bofetada al contribuyente medio.

La decisión de la UE sobre Apple se antoja un verdadero punto de inflexión en este tema. La reacción de los otros Gobiernos de la UE, a los que el informe ha puesto en bandeja iniciar acciones de reclamación por los beneficios obtenidos en su territorio, será también un factor clave. A nadie le gusta ir en solitario a ponerle el cascabel al gato. Por eso es necesaria la unión de los grandes países (a cuyos consumidores las multinacionales ni quieren ni pueden renunciar), la altura de miras de sus estadistas en esta cuestión que nos afecta a todos.

El tema se presenta apasionante.

Daniel Vaccaro es fiscalista y profesor de EAE Business School.