Inaceptable regate

Esta vez, Mariano Rajoy no se ha negado a la propuesta del Rey para presentarse a la investidura. Pero ha aceptado de una manera tan ambigua que no se sabe si en realidad está dispuesto a cumplir con el encargo de Felipe VI. A un país agotado tras tantos meses de interinidad política no se le debería decir que quien tiene el encargo de poner fin a la provisionalidad continúa instalado en ella, agravándose así la incertidumbre.

La peculiar interpretación del candidato nos sume en la misma oscuridad que pesa sobre la situación política de España desde hace ocho meses. Estamos prácticamente donde estábamos: el líder del partido ganador de las últimas elecciones solo se compromete a buscar apoyos para intentar la investidura y deja en el aire si se presentará a ella o no, paso indispensable para poner en marcha el mecanismo constitucional que lleva a la formación de Gobierno —y en el supuesto de un fracaso, a la búsqueda de alguna otra alternativa o la repetición de las elecciones—.

La Constitución dispone claramente que el candidato propuesto por el jefe del Estado tiene que exponer su programa al Congreso de los Diputados y pedir la confianza de la Cámara. Rajoy no se compromete a nada de esto. El presidente del PP solo está dispuesto a intentar la construcción de una red de apoyos políticos para transformar la minoría con que cuenta en mayoría suficiente para ser reelegido. Tampoco ha dado ninguna fecha para hacerlo, limitándose a un ambiguo “plazo razonable” para comunicar el resultado de sus consultas.

Rajoy traduce así un procedimiento existente en algunas otras Monarquías parlamentarias y en diferentes Repúblicas, por el cual una persona designada por el jefe del Estado lleva a cabo las gestiones para la formación de Gobierno e informa de su resultado. Pero ese procedimiento es ajeno al previsto en la Constitución española, donde es taxativo acudir a la votación una vez designado el candidato. No era necesario perder más de un mes, desde la celebración de las elecciones, para continuar diciendo que hará todo lo posible para que haya Gobierno. Esa necesidad y esa urgencia existían desde la noche electoral, y por lo tanto debería haber llegado a La Zarzuela con los deberes hechos. Manifiestamente, no ha sido así.

Formalmente, el papel del Rey queda a salvo con este encargo, y es positivo que el presidente del PP lo haya aceptado porque no hacerlo habría desairado al jefe del Estado. Sin embargo, no está claro que la peculiar forma de asumirlo evite que acabe en un desaire. Cumplido el papel formal que el Rey tiene atribuido, y aceptado a medias por el designado, toca a la presidenta del Congreso salvaguardar las previsiones constitucionales y fijar la fecha de la sesión de investidura. No es una prerrogativa del candidato interpretar ni retorcer la Constitución para que sirva a sus intereses. Lo último que España se puede permitir es abrir un periodo de incertidumbre constitucional. Es obligación ineludible de Rajoy presentar su programa de Gobierno ante el Congreso de los Diputados, donde se sientan los representantes de la ciudadanía. Cualquier otro proceder sería inaceptable desde el punto de vista democrático.