Renzi emprende la caza de los funcionarios pillos

En cierta ocasión, a Juan XXIII le preguntaron: “Santidad, ¿cuántas personas trabajan en el Vaticano?”. Y el Papa Bueno, guasón como era, respondió: “Aproximadamente…, la mitad”.

En la Administración pública italiana, si uno atiende a las noticias que aparecen de vez en cuando en los periódicos, está a punto de suceder lo mismo, y el Gobierno de Matteo Renzi parece decidido a evitarlo. A través de dos frentes. El primero, que acaba de ponerse en marcha, consiste en despedir sin contemplaciones a los empleados públicos que, como constatan decenas de fotografías y vídeos que circulan por Internet, se han aficionado a acudir al puesto de trabajo, fichar en la máquina electrónica y marcharse por donde han venido. Hay casos clamorosos, como aquel policía municipal de San Remo inmortalizado por una cámara de vigilancia mientras fichaba en calzoncillos para volver a la cama rápidamente, o uno muy reciente en el que un funcionario de Nápoles sellaba su tarjeta y la de algunos colegas con una caja de cartón en la cabeza. El camuflaje, aunque casero, tenía su razón de ser. Acababa de entrar en vigor el decreto antifurbetti (una traducción aproximada sería antipillos), que prevé la suspensión de empleo y sueldo en un plazo de 48 horas y la aplicación inmediata de sanciones disciplinarias que pueden desembocar en el despido. El decreto, con vocación ejemplarizante, incluye una querella por “estafa agravada por daños al Estado”. Pero no acaba ahí la cosa.

El Gobierno de Renzi prepara otra serie de acciones para poner patas arriba la gigantesca burocracia italiana. El zafarrancho incluirá medidas revolucionarias para la, hasta ahora, muy garantista legislación laboral. Será posible el traslado obligatorio de un funcionario si existe “excedente de personal” o la sustitución de la retribución por antigüedad por un sistema de incentivos en virtud de los méritos.

Renzi, como Juan XXIII, quiere saber cuántas personas trabajan, de verdad, en Italia.