La ‘excepción’ italiana

En las últimas semanas, la banca italiana se ha convertido en una referencia crucial para medir la credibilidad de las instituciones europeas. El estado del sistema financiero del país se ha revelado como ruinoso. Acumula un volumen de créditos morosos de unos 360.000 millones; los mercados, sabedores de esta circunstancia provocada por la desidia de las autoridades económicas italianas, han hundido la cotización de los bancos (en especial, la del Monte dei Paschi) hasta el punto de que algunos cotizan en Bolsa a menos del 40% de su valor en libros; y el Gobierno calcula que se necesita una inyección inmediata de capital para evitar las quiebras. Un foco de conflicto para toda la banca europea.

No es la única distorsión imputable a la banca italiana (sin mencionar, por cierto, la nula fiabilidad de los test de estrés aplicados a la banca europea). Porque el Gobierno de Matteo Renzi pretende que los bancos sean saneados con inyecciones de dinero público. Lo que propone Renzi es que sean los contribuyentes quienes carguen con la factura de la ruina; que, por tanto, se salven de aportar el coste debido los acreedores, los grandes depositantes y los accionistas; que Bruselas se olvide del protocolo de rescate impuesto en casos como el español, que exige que los responsables del desastre hagan frente previamente a sus responsabilidades en forma de quitas y pérdidas accionariales; y, en fin, que el Gobierno se ahorre el pago de las contrapartidas al rescate (ajustes, etcétera).

La pretensión italiana es un despropósito avalado por la tibieza de algunas voces que defienden la excepción debido al shock causado por el Brexit y a la hipótesis (chantajista) de que la convulsión de un rescate podría facilitar el triunfo de Beppe Grillo. Pues bien, si se admite la excepción italiana, no hay razones para rechazarla en Portugal; y, por supuesto, aceptarla equivale a destruir la credibilidad del sistema financiero europeo.