Ciudades, responsables del 10% de la contaminación en España

Según el informe El transporte en las ciudades: un motor sin freno del cambio climático, publicado por Greenpeace, las principales responsables de la contaminación emitida en España son las áreas metropolitanas de Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia. La contaminación del aire, pero también el ruido o la siniestralidad que generan cierto tipo de transportes, suscitan una gran preocupación social que requiere de una rápida actuación que permita la transición hacia sistemas de movilidad más sostenibles.

El estudio indica que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivados de la movilidad urbana en España ascienden a 35,1 millones de toneladas de CO2, (un 10% de las totales) de las que un 87% corresponden al desplazamiento de personas y un 13% al transporte de mercancías. Sólo el coche sería, según este informe, responsable de más de tres cuartas partes del total de las emisiones del sistema de movilidad urbana (75,5%).

"Transformar la forma en que las personas y mercancías se desplazan por nuestras ciudades y metrópolis no requiere de nuevas cumbres climáticas ni de que se forme un nuevo gobierno para ratificar el Acuerdo de París. Se puede empezar a actuar desde ahora mismo, demostrando que la actuación frente al cambio climático no depende exclusivamente de lo que se negocia en complejas esferas internacionales y liderando además un movimiento próximo y cercano a las demandas sociales, preocupadas por el calentamiento global pero también por otros males que padecen nuestras ciudades, como es la contaminación atmosférica. Si en nuestras ciudades se emiten menos gases de efecto invernadero debidos al transporte, también disminuiría la emisión de sustancias contaminantes y mejoraría la calidad de vida de sus habitantes", recalca el informe.

Para disminuir en un 50% las emisiones contaminantes, Greenpeace ha iniciado ya contactos con las grandes ciudades españolas con el fin de que rebajen sus emisiones contaminantes un 50% hasta 2030, para lo que deberían reducir un 35% los desplazamientos de vehículos en las grandes áreas urbanas y metropolitanas, y derivarlos al transporte público, la marcha a pie y la bicicleta. Y para ello proponen 10 medidas para iniciar la transición:

1. Implementar medidas que modifiquen la actual relación entre el espacio público dedicado para el aparcamiento y circulación de automóviles y el dedicado a los autobuses públicos y los modos no motorizados, en favor de estos últimos y de manera significativa. Tales como: plataformas reservadas para autobuses, incrementar la anchura de las aceras, aumentar la extensión de las áreas estanciales, revisar los cruces y fases semafóricas y aumentar la extensión de los espacios de prioridad ciclista y/o peatonal.
2. Desarrollar y ejecutar planes ciclistas que estudien la combinación óptima de las medidas necesarias para aumentar significativamente el número de usuarios en la ciudad en función de las características propias del municipio.
3. Desarrollar y ejecutar itinerarios peatonales accesibles, cómodos y seguros que incentiven la marcha a pie en trayectos urbanos que transcurran por todo el municipio.
4. Reducir la velocidad de circulación media: estableciendo los 30 km/h como velocidad máxima general en todo el municipio, aun asumiendo que en determinadas vías se pueda aumentar hasta los 50km/h; y limitando a 70 km/h la velocidad de circulación en las vías de circunvalación y en las carreteras de acceso al municipio.
5. Implementar políticas de regulación del aparcamiento en la vía pública y en edificaciones, tanto públicas cómo privadas, que disuadan del uso del automóvil mediante políticas tarifarias o de control de la oferta.
6. Establecer medidas de índole fiscal y tarifaria que incremente proporcionalmente las tasas por circular y aparcar a los automóviles de mayor tamaño, cilindrada y consumo energético.
7. Implementar medidas para impulsar la movilidad eléctrica.
8. Impulsar la distribución de mercancías en vehículos de tracción humana o eléctrica y la creación de mini plataformas logísticas en las áreas de la ciudad que reúnan las condiciones propicias.
9. Establecer medidas de gestión de la movilidad que transformen los hábitos de movilidad al trabajo, especialmente en grandes empresas o polígonos industriales.
10. Desarrollar y ejecutar planes para proteger lugares especialmente sensibles a los impactos del tráfico rodado (contaminación del aire y acústica, por ejemplo), tales como centros educativos, centros sanitarios o residencias de la tercera edad.

Por supuesto, la responsabilidad de la emisión de CO2 en España no puede recaer solamente en hombros de las prácticas cotidianas de su ciudadanía. Aproximadamente el 25% de las emisiones totales de CO₂ provienen del transporte en general, pero diez empresas emiten el 65% del CO2 procedente de sectores industriales y energéticos de España según el Observatorio de la Sostenibilidad. Endesa sería, según ellos, la principal emisora de dióxido de carbono, encabezando el ranking y duplicando las emisiones de Unión Fenosa-Gas Natural. La petrolera Repsol le sigue con 9,8 millones de toneladas y, tras ellas, vienen otras tres energéticas: Iberdrola, Hidrocantábrico y E.On. Después Arcelor, siderúrgica, y otra petrolera, Cepsa. A continuación y para finalizar la lista, dos grandes cementeras, Cemex y Cementos Portland.

Según el Observatorio, en vez de lograr un modelo productivo y económico que emita menos GEI, España ha profundizado en los últimos años en un modelo "más carbonizado". Un fenómeno que contrasta con la tendencia seguida en Europa, en la que “todos los países de nuestro entorno presentan fuertes reducciones en sus emisiones”, como el propio informe señala. Todo, debido a una nefasta política energética por parte del Gobierno del Partido Popular, basada entre otras cosas en un incondicional apoyo al carbón -mediante subvención pública-, en la marginación a las energías renovables y a la demonización económica de la eficiencia energética.

Invertir en infraestructuras verdes y cambiar el modelo productivo, a parte de concienciar a la población sobre el impacto que cada uno de nosotras y nosotros tenemos en la huella ecológica, será imprescindible para equiparar las emisiones de CO2 a las de nuestros países vecinos. Es importante hacer presión a nuestros políticos, como hacen grupos como Equo o Esquerra Republicana de Catalunya, para que se deje de subvencionar con dinero público al carbón nacional para su utilización en las centrales térmicas del país. La normativa europea obliga a que el carbón se deje de utilizar para 2018 y los expertos pronostican que para el año 2040 las energías renovables ya suministrarán el 70% de la electricidad en Europa.