Muchos partidos, nuevos problemas

Una de las principales consecuencias de la crisis de representación por la que pasa nuestro país es el colapso del sistema de partidos. Las dos principales fuerzas políticas pasaron de sumar casi el 84% de los votos en 2008 al 50,7% del pasado 20-D, el menor porcentaje de nuestra democracia. Los estudios de opinión pública ya nos advertían que esto podía suceder. En los últimos años, Metroscopia viene preguntando por el apoyo que tiene el multipartidismo en nuestro país y dos de cada tres españoles se muestran favorables. Además, si nos detenemos en la brecha generacional que se produce entre, por un lado, los que han vivido toda su vida adulta en democracia y, por otro, las personas de más edad, vemos que los menores de 55 años tienen un deseo mucho más intenso por el multipartidismo que sus mayores, siendo la diferencia de 20 puntos porcentuales.

Ante este escenario muchos han salido en defensa del bipartidismo poniendo en valor su estabilidad. Y los datos así lo avalan. Si miramos las 22 principales democracias del mundo entre 1945 y 2008, los Gobiernos de coalición, muy propios de los sistemas multipartidistas, duraron de media 150 días menos que los formados por un solo partido. No obstante, de entre todos los tipos de coaliciones, las grandes coaliciones experimentaron una mayor inestabilidad que el resto. Si un Gobierno con varios partidos dura, de media, 568 días, las grandes coaliciones reducen esta cifra a 458.

Pero ¿tiene consecuencias económicas esta inestabilidad? Los datos indican que los Gobiernos de coalición no generan menos crecimiento económico, ni más inflación, ni más desempleo. Por tanto, no hay diferencias económicas significativas entre los tipos de Ejecutivo. La única disparidad la observamos en el gasto público: los Gobiernos de coalición tienen una mayor propensión a los incrementos presupuestarios con el fin de satisfacer a todos los socios.

Por tanto, el punto débil de un sistema multipartidista no es su inestabilidad, puesto que no tiene consecuencias relevantes para el bienestar económico de la ciudadanía. En realidad su mayor debilidad está en los déficits democráticos que conlleva y sobre los que no nos hemos detenido mucho.

El primero de estos déficits es la dificultad para deshacerse de los partidos políticos impopulares. Hasta las elecciones del 20-D, siempre que un Gobierno contaba con el rechazo de la mayoría social, este perdía las elecciones y se veía abocado a la oposición. Le pasó a la UCD en 1982, al PSOE en 1996 y en 2011 y al PP en 2004. Pero en los pasados comicios, a pesar de que el Partido Popular presentó al presidente con peor valoración de toda la democracia, perdió más de 3.650.000 votos y se dejó por el camino 63 escaños, pudo haber repetido en el poder si hubiese encontrado un socio de coalición. En un sistema multipartidista la ciudadanía pierde una parte de su capacidad para desalojar del poder a formaciones políticas impopulares, puesto que estas siempre pueden encontrar otras con quien coligarse y seguir en el poder.

La crisis del sistema debe resolverse consultando más los votantes

El segundo de los déficits tiene que ver con la enorme autonomía que ganan los políticos frente a los ciudadanos. Una vez se celebran las elecciones, la ciudadanía pierde toda su capacidad para influir en los partidos sobre la formación de Gobierno. Es decir, son los representantes quienes deciden con quién se unen, qué partidos integran el Ejecutivo y cuál es el programa de Gobierno. Así, las promesas electorales que se debatieron durante la campaña electoral pasan a un segundo plano y todo queda en manos de los dirigentes políticos.

Por tanto, en un sistema multipartidista los votantes pierden parte de su capacidad para asignar responsabilidades, entendiendo estas como la posibilidad de castigar a un partido y mandarlo a la oposición. Al mismo tiempo, los políticos ganan relevancia en sus posibilidades de maniobrar para seguir en el poder, perdiendo la ciudadanía una parte de su influencia. No son problemas nuevos. Basta recordar el caso italiano, donde, a pesar de los frecuentes cambios de Gobierno, tanto los partidos como los políticos se mantenían en el poder durante mucho tiempo. El caso paradigmático fue Giulio Andreotti, quien fue siete veces presidente del Consejo de Ministros italiano.

Resulta paradójico que la actual crisis política que cristalizó en el grito de “no nos representan” pueda acabar generando un sistema de partidos donde los problemas de representación se agraven. Dicho en otras palabras, si el problema central está en la desconexión que se ha generado entre los políticos y los ciudadanos, un sistema multipartidista puede acabar agrandando esta brecha al conceder una mayor autonomía a los dirigentes de las formaciones políticas.

Seguramente, la solución a nuestra crisis de representación debe venir por otros cauces. Uno de los problemas que venimos sufriendo es la baja calidad de nuestro debate público. Por razones difíciles de entender, los representantes políticos han renunciado a explicar por qué hacen algunas cosas. Durante la actual crisis, cuando se han aprobado medidas impopulares, ha existido un notable déficit de explicación, renunciando a tener ciudadanos bien informados. Si la ciudadanía supiese mucho más de por qué se han seguido algunas políticas, quizás la brecha entre representantes y representados no se habría agrandado tanto. Así, una parte de la desconfianza existente está relacionada con un claro déficit explicativo donde los argumentarios han sustituido a los argumentos.

Las dos grandes fuerzas políticas sumaron casi el 84% de los votos en 2008; el pasado 20-D, el 50,7 %

Otra medida que podría solucionar nuestra crisis de representación es una mayor participación de la ciudadanía en decisiones importantes. En ocasiones los españoles no están en contra de algunas medidas, sino que sienten que no se les consulta. Un ejemplo puede clarificar esta cuestión. Analizando el Clima Social de septiembre de 2011 de Metroscopia observamos que un 62,3% apoyaba la introducción de la estabilidad presupuestaria en nuestra Constitución. Entre el electorado socialista el nivel de apoyo era del 60%. La crítica estaba en el procedimiento: el 61% de los entrevistados creía que habría sido preferible celebrar un referéndum y solo el 32,2% justificaba la urgencia. Por tanto los ciudadanos querían ser copartícipes de una decisión tan importante como fue la reforma del artículo 135. No disentían en el fondo, sino en las formas.

En definitiva, la crisis de representación tiene solución. El peligro que existe es que sus consecuencias acaben agravando la situación política por la que pasa nuestro país. El multipartidismo, dados los déficits democráticos que conlleva, puede generar nuevas dificultades. Nuestro problema no es cuántos partidos tenemos, sino cómo estrechamos la relación entre representantes y representados.

Ignacio Urquizu es profesor de Sociología en la UCM, candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Teruel y acaba de publicar La crisis de representación en España (Los Libros de la Catarata).