Un proceso irregular

El caos institucional en el que se encuentra sumido Brasil, cuya máxima expresión es el irregular proceso de destitución contra su presidenta, Dilma Rousseff, está colocando al país en las últimas horas en una incertidumbre inconcebible en la mayor democracia sudamericana. Y no contribuye precisamente a desmentir las graves acusaciones realizadas por Rousseff y su entorno que culpan a la oposición de haber forzado más allá de lo admisible en una democracia los límites del Estado para apartar del poder a la mandataria en una especie de golpe constitucional.

Para hoy estaba prevista una votación en el Senado —por decisión personal de su presidente— para ratificar el impeachment contra Rousseff, pero el Gobierno recurrió anoche judicialmente la sesión. Se trata de la guinda a la confusión generada desde que Waldir Maranhão, acusado de corrupción y desde el jueves presidente del Congreso —en donde, bajo otro presidente, apartado del cargo por el Tribunal Supremo, ya se ha votado a favor de la destitución—, ordenara el lunes suspender todo el proceso. Pero el presidente del Senado, Renán Calheiros, se negó a obedecerle y prometió seguir adelante con la votación. Horas después, Maranhão se desdijo y dio vía libre a la votación.

Mientras Brasil se hunde en la recesión, la oposición ha utilizado el Congreso para convertir una acusación de carácter político —un mal manejo del presupuesto— en un proceso previsto para casos penales. Las sucesivas investigaciones no han podido demostrar la participación de la presidenta en las corruptelas que afectan a su partido, pero el abandono de varios de sus socios de Gobierno la han colocado en una situación muy complicada.

Esta crisis institucional plantea dudas más que razonables sobre la legitimidad que tendría un nuevo mandatario surgido después de un proceso tan poco habitual. Brasil no puede permitirse semejante espectáculo. El daño causado es incalculable.