Ventajismo inaceptable

Que haya sido necesario convocar la segunda elección general en seis meses no es motivo para la sobreactuación a la que asistimos desde ciertos sectores políticos y mediáticos. Se exige que no se haga campaña o que esta cueste muy poco dinero, y se induce a los votantes a pensar que volver a las urnas es una vulgaridad. Tales posiciones encubren un sustrato de resabios antidemocráticos, cuando no ocultan dosis de miedo a dar voz a la ciudadanía.

El juego electoral no puede ser la variante de una competición en la que los participantes alteran las reglas cuando y como les da la gana. Si la ley ampara que la campaña oficial se extienda por quince días —ya sabemos que siempre le preceden semanas de precampaña—, huelgan las pretensiones de suprimir la próxima o reducirla vergonzantemente. Y si fija las reglas para retribuirlas con fondos públicos, no cabe pedir arbitrariamente la reducción drástica de los costes de la que ha de producirse en junio. Saltarse las leyes siguiendo la moda de la última demagogia en circulación por las redes sociales, o por las televisiones más populistas, es una de las razones que explican la baja calidad democrática que padecemos.

No hay que confundirlo todo. Lo inadmisible es la corrupción política; es decir, falsear la competición electoral introduciendo mecanismos de compra de voluntades sobre la base de financiaciones ilícitas. Esto es lo que debe perseguirse con toda la saña legal de la que seamos capaces. Lo cual no tiene nada que ver con gastar el dinero legal que sea preciso en organizar una campaña a elecciones generales. Solo los partidarios del inmovilismo pueden defender que la gente vote poco menos que en silencio, como avergonzada de haberse equivocado el 20 de diciembre y temerosa de volver a confundirse el 26 de junio.

Hay un procedimiento de escaso coste económico y alta efectividad política: realizar debates con normalidad. El aspirante del PP a la Moncloa, Mariano Rajoy, debería abandonar su apatía por esa fórmula y extraer las consecuencias de un juego político que ya no es bipartidista, implicándose personalmente en los futuros debates en vez de enviar delegados o dejar sillas vacías como hizo en la campaña precedente. Prestarse a debates audiovisuales entre candidatos a jefes de Gobierno cuesta poco dinero y cuenta de antemano con el interés de la ciudadanía, como lo muestran las cifras de audiencia que suelen cosechar.

Si los partidos políticos se ponen de acuerdo para enviar sus papeletas a los domicilios de los electores por un sistema común de transporte, se harán un favor a sí mismos ahorrándose costes. Pero si no hay pacto para proceder así, tampoco cabe ponerlos en la picota. No haber hecho nada por facilitar el voto a los españoles que se encuentran en el exterior —aunque cueste algún dinero— es mucho más criticable que atacar los procedimientos de la democracia basándose en que no son gratuitos. Ni el aburrimiento ni los costes económicos son otra cosa que ventajismos inaceptables a favor del statu quo. Aparentemente sería más barato entregarse al autoritarismo.