Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

¿Pacto o nueva ley educativa?

Se dan las condiciones para que las fuerzas políticas alcancen un acuerdo que sea el punto de partida de una reforma duradera

Han transcurrido más de cien días desde las últimas elecciones y se ha constatado que tejer alianzas para poner en marcha la legislatura no está siendo una tarea sencilla. Lo ocurrido hasta la fecha no parece un precedente alentador de cara a los muy elevados propósitos que figuran en los programas electorales de los partidos representados en el Congreso. En cualquier caso, una de las propuestas que comparten todos es la necesidad de un “pacto por la educación”. Así aparece en los programas con los que PP, PSOE y Ciudadanos concurrieron a las elecciones. También en el de Podemos se hace referencia a “poner fin a la inestabilidad del sistema educativo español” para el que se han aprobado 7 leyes en 33 años.

Los partidos responden así a una fuerte demanda social por alcanzar un acuerdo estable en un ámbito que desde el siglo XIX ha sido recurrente campo de división política y social. En esto tampoco somos una excepción. En Estados Unidos, Francia, Suecia o Gran Bretaña los debates sobre Educación han sido igual de apasionados. Es cierto que en nuestro caso el peso de la religión o las lenguas propias han restringido espacio a otros elementos de mucha mayor enjundia y repercusión.

Bobbio estableció el eje libertad-igualdad como la marca de diferencia entre izquierda y derecha y la educación es un área muy sensible a esta cuestión. A pesar de ello, el primer pacto educativo en democracia que fue la Constitución de 1978 consiguió, como en otras materias, un equilibrio en la redacción de su artículo 27. De hecho, en líneas generales, España es de los países en los que más amplia es la capacidad de elección de las familias sobre el modelo de educación que quieren para sus hijos y la equidad es una de las características más sobresalientes de nuestro sistema educativo. No es fruto del azar que España tenga un porcentaje de escolarización a partir de los 3 años superior al 95%, un dato que refleja un esfuerzo sostenido por parte de todas las administraciones en un tramo no obligatorio pero que, como se recoge en todos los estudios, es clave para amortiguar el condicionamiento previo que supone el nivel sociocultural de la familia.

También en el tramo 0-3 España presenta unos niveles muy avanzados de escolarización, superiores al 50%. De hecho, la escolarización temprana es uno de los indicadores que ya hemos cumplido de la Estrategia 2020 que aprobó la UE en 2010 para impulsar el crecimiento y la modernización. Es cierto que junto a ello, cuestiones como son el reducido número de alumnos excelentes y el nivel medio de los alumnos españoles en relación a otros europeos, una tasa de abandono escolar en el entorno del 19% que casi duplica la de la UE, o el paulatino descenso que refleja el último informe de la CRUE en el número de universitarios en los estudios de ciencias e ingenierías –con un problema añadido de una brecha de género- son materias que requieren ser afrontadas desde el acuerdo y la determinación.

España es de los países en los que más amplia es la capacidad de elección de las familias sobre el modelo de educación

Los docentes son, sin duda, el elemento clave del sistema educativo. Las medidas que se han venido adoptando desde 2010 como consecuencia de la crisis económica han incrementado el número de alumnos por profesor y por aula, aunque hemos seguido en la media de la UE. Pero la calidad del profesorado depende también de su bagaje previo, su formación en la universidad, su período de prácticas y su formación continua, cuestiones que han estado desatendidas en el debate público, sobre las que es necesario trabajar a fondo con las universidades y hacer no pocas modificaciones. El Libro Blanco elaborado por José Antonio Marina a propuesta del Ministerio de Educación recoge propuestas, como ese “MIR” que figura en no pocos de los programas electorales. Quizás no es sólo la estructura del MIR lo que hacen que tengamos un sistema sanitario de referencia mundial. Elementos intangibles como la valoración social juegan un papel determinante.

De hecho, otro de los desafíos pendientes es cómo reconocer a los buenos profesores dada la profunda heterogeneidad y variedad de circunstancias de los centros educativos. Cualquiera que conozca un centro educativo sabe de la realidad plural y compleja que supone su gestión tanto en el aspecto organizativo como en el económico y humano. Se han venido produciendo avances pero parece inaplazable abordar a fondo la profesionalización de la función directiva así como la autonomía de esos centros escolares y el papel de las familias. Uno de los elementos que PISA ha incorporado al sistema educativo es todo lo concerniente a la evaluación. Quién debe evaluar, qué, cómo y a quién se debe evaluar, qué consecuencias debe tener y quién tiene derecho a conocer esa información están pendientes de un acuerdo.

Todo ello, además, en un momento de transición a un mundo digital que está suponiendo la mayor transformación desde la universalización de la enseñanza. De hecho mientras los políticos, para llegar a sus pactos, se regalan libros de papel ya hay impresoras 3-D en no pocos centros educativos y cada vez son más los que utilizan soportes digitales en lugar del tradicional libro de texto.

Los Pactos contra el Terrorismo suponen una buena hoja de ruta para la reforma educativa

La modernización de la FP, las becas, la repetición de los alumnos o avanzar en la incorporación del inglés como segunda lengua son algunos elementos que requerirán ser tratados. Además, sin olvidar lo concerniente a la inclusión, porque nuestra sociedad no se puede permitir dejar a nadie atrás. No son pocos ni sencillos los temas sobre los que se debe dialogar en uno de los ámbitos donde sin duda nos jugamos el futuro. Y todo ello sin entrar en una realidad propia como es la Universidad, o en materias como la religión y las lenguas cooficiales que quizás convenga remitir a acuerdos de una naturaleza diferente para evitar que afecten al conjunto.

Cuando las fuerzas políticas han querido llegar a pactos, lo han conseguido, por muy alejados que pudieran estar. El modelo de los Pactos contra el Terrorismo supone una buena hoja de ruta. El Pacto no como punto final sino como punto de partida en el que se acuerdan los principios que unen y los desafíos que se comparten para, a continuación, desarrollarlos con el mismo espíritu de consenso y entendimiento. Es cierto que todo ello sobre una realidad muy contestada, la LOMCE. La inercia de la división y el enfrentamiento en materia de educación es muy fuerte pero la sociedad demanda un acuerdo estable. Un acuerdo para más de una legislatura y más de un cambio de Gobierno. Por vez primera desde 1978 hay una predisposición al mismo. No se necesitan líderes distintos de los actuales para conseguirlo.

Pablo Hispán Iglesias de Ussel fue director General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid y es profesor en la Universidad San Pablo-Ceu.

 

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.