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La lucha europea contra el yihadismo

Es necesario que las pruebas obtenidas en un país de la UE sean admisibles en otro país miembro

Hasta ahora, Italia no ha sufrido ningún gran atentado de origen yihadista en su territorio, pero es uno de los primeros países europeos que tuvo que afrontar la presencia de organizaciones subversivas ligadas a las corrientes islámicas radicales, si bien eran grupos que no cometían sus fechorías en nuestro país, sino que solían limitarse a realizar tareas de apoyo a los combatientes que actuaban más allá de nuestras fronteras. Se vio durante la guerra de Bosnia, con los combatientes musulmanes que acudían al frente balcánico, y volvió a manifestarse con las células de Al Qaeda involucradas en atentados y el reclutamiento de milicianos para realizar ataques en Irak y Afganistán; en los últimos años, el llamado Estado Islámico parece ser la fuerza dominante a la hora de atraer a combatientes.

Frente a estas amenazas, las autoridades italianas han recurrido a las lecciones aprendidas con las dos experiencias más importantes de los últimos 40 años: los éxitos obtenidos en la lucha contra el terrorismo interno y contra la mafia. En ambos casos, las instituciones lograron resultados, no con un mayor énfasis en el papel de los servicios de inteligencia, sino reforzando los de las fuerzas del orden y los jueces. No renunciaron a instrumentos de investigación más modernos y eficaces, pero siempre los introdujeron con la aprobación del Parlamento: por ejemplo, se crearon leyes avanzadas sobre colaboradores de la justicia, los llamados arrepentidos, y normas sobre escuchas telefónicas que están en constante actualización y, hoy en día, abarcan las actividades encubiertas en Internet.

A esta tradición es a la que se refería el fiscal jefe de Turín, Armando Spataro, en una entrevista reciente con La Repubblica, al subrayar que la respuesta europea a la ofensiva terrorista del autoproclamado Califato debe seguir esta vía: “Hay que reforzar la cooperación entre todas las instituciones y las fuerzas sobre el terreno, no sólo los servicios de inteligencia. Además, es necesario tomar medidas para que se haga realidad la cooperación judicial internacional, cuyos elementos esenciales son los jueces y las fuerzas de policía tradicionales”.

Hay que reforzar la cooperación entre jueces y policía

Spataro fue juez y estuvo en primera línea en las investigaciones sobre las Brigadas Rojas y después sobre las familias mafiosas, pero también se ha ocupado de los movimientos yihadistas. Fue responsable de una de las investigaciones más importantes llevadas a cabo en Europa sobre las rendiciones extraordinarias orquestadas por Estados Unidos, e identificó y condenó a los agentes de la CIA y sus cómplices italianos que habían secuestrado en Milán a Abu Omar, un imán trasladado de forma clandestina a las cárceles egipcias. Pese a ello, Spataro sostiene que en las democracias modernas el papel de los servicios de inteligencia es crucial, pero que se deben evitar confusiones y zonas grises. Ha hecho suya la frase del que fue presidente de Italia en los años ochenta, Sandro Pertini, antiguo partisano socialista: “Hemos derrotado al terrorismo en los tribunales de justicia, no en los estadios”, en referencia a las siniestras detenciones masivas de las dictaduras sudamericanas.

Hoy da la impresión de que el intercambio de informaciones entre policías y aparatos judiciales es más eficaz entre los países que han tenido que luchar contra movimientos terroristas internos, como Italia, España y Alemania. Un dato confirmado por la experiencia en primera persona de Spataro cuando era responsable del grupo milanés que se ocupó de los movimientos yihadistas tras 2001; en cambio, el fiscal destaca la difícil relación con Francia y Gran Bretaña. La Europa sin fronteras mantiene unas barreras entre sus respectivas magistraturas, con leyes tan diferentes que facilitan la infiltración de terroristas.

Pero la forma de derrotarlos no es recurrir solo a la información. Hay que empezar cuanto antes a homogeneizar los ordenamientos jurídicos, las leyes y los procedimientos. Por ejemplo, es necesario que las pruebas obtenidas en un país de la UE sean admisibles en los procesos de otro país miembro, cosa que hoy, muchas veces, es imposible. Y el punto de partida deben ser las interceptaciones —telefónicas, presenciales o cibernéticas—, que han demostrado que son el instrumento fundamental para la represión de este fenómeno: lo que se escucha en Italia o Alemania debe poder valer como prueba en Francia o España. En caso contrario, no servirá de nada ningún intento de procesar y condenar a unos terroristas que actúan sin fronteras.

 

Gianluca Di Feo, experto en terrorismo y judicatura, es subdirector de La Repubblica.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia

© Lena (Leading European Newspaper Alliance)

 

 

 

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