“Necesitamos que se frene al macabro de Nkurunziza”

“Burundi está en vísperas de una guerra civil. Están emergiendo grupos armados en todo el país, y cuando eso sucede podemos esperar lo peor”, alertaba el pasado 24 de febrero Richard Nimubona, miembro de la Asociación burundesa para la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos y de los presos (APRODH). En una conferencia en el Centro Cultural la Corrala, organizada por Amnistía Internacional y el Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid, el activista burundés señaló que la crisis política que vive Burundi se ha recrudecido severamente en los últimos meseses y se ha visto alimentada con componentes étnicos que podrían desestabilizar de nuevo la región de los Grandes Lagos.

Nimubona, que trabaja como abogado desde 2009 con el activista Pierre Claver Mbonimpa, presidente de APRODH, denunció que viven una persecución. “Ni nosotros ni nuestros familiares, estamos seguros en Burundi. Nuestra vida está en riesgo allí”, dijo haciendo referencia al intento de asesinato que Mbonimpa sufrió el pasado agosto, o a los asesinatos del yerno y del hijo del presidente de APRODH el pasado noviembre.

“Antes de la crisis, los derechos humanos ya habían sido restringidos. Empezamos a asesorar a personas que sufrían abusos y a investigar sobre quién los cometía y por qué. Pero desde el 25 de abril de 2015 la situación empeoró mucho. Hoy, es tal el peligro, que hemos tenido que cesar nuestro trabajo en el país”, cuenta a Planeta Futuro el activista, exiliado junto a Mbonimpa en Bélgica.

Desde el pasado mes de abril, Burundi vive la peor crisis política desde el fin de la guerra civil, en 2005. “Los Acuerdos de Arusha, que se firmaron gracias al esfuerzo del entonces presidente tanzano Julius Nyerere y del sudafricano Nelson Mandela, sentaron las bases para una Asamblea Nacional de transición. Pero ya en 2007 empieza una crisis de gobernanza que deriva en violencia en las elecciones de 2010 y que termina por la violación de los acuerdos en las elecciones de 2015”, según explica Carmen Mormeneo, miembro del equipo de África Subsahariana de Amnistía Internacional España.

“Se quiere etnitizar el conflicto, pero todos sabemos que no se trata de hutus contra tutsis”

Desde entonces, toda muestra de rechazo hacia el tercer mandato de Nkurunziza o cualquier intención de denunciar las irregularidades cometidas por el Ejército han sido reprimidas con dureza. Por la policía, pero también por las facciones de la Imbonerakure, que es el ala juvenil del partido en el poder, el CNDD-FDD o Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia. “Entre el 26 de abril de 2015 y el 18 de febrero de 2016, APRODH ha registrado al menos 690 asesinatos extrajudiciales en el país”, alertaba Nimubona. A lo que Mormeneo añadía: “Desde septiembre los cadáveres aparecen en la cuneta día tras día”.

Nkurunziza ha llevado a cabo en los últimos meses una auténtica “caza de brujas” para silenciar las voces contrarias a su régimen. Rechazando cualquier misión de paz, el Gobierno ha sometido a una campaña de intimidación, censura y violencia física a periodistas, activistas o defensores de los derechos humanos “desleales” a las fuerzas en el poder. “APRODH ya no puede investigar la violación de derechos humanos en el país, con lo cuál el Gbierno puede atribuir a los rebeldes las matanzas y persecuciones, y no tiene que rendir cuentas a nadie”, se lamenta Nimubona.

La violencia ejercida por el aparato estatal, sobre todo después del intento fallido de golpe de estado por parte de miembros del ejército en mayo, ha provocado la formación de grupos armados rebeldes por parte de algunos militares disidentes, como el FOREBU, grupo liderado por el golpista Godefroid Nyombare. El pasado 10 de diciembre, en respuesta al asalto de rebeldes a tres comisarías de policía, Bujumbura sufrió los ataques más sangrientos desde el estallido del conflicto. Amnistía Internacional sacaba a la luz a finales de enero de este año unas imágenes que muestran la existencia de cinco posibles fosas comunes que podrían albergar los cuerpos de decenas de personas asesinadas por los militares burundeses durante ese jueves negro. “La situación está al borde de la guerra civil”, repitió Nimubona tanto en privado como durante la conferencia.

A pesar de que tanto tutsis como hutus —la etnia a la que pertenece el presidente— se oponen al polémico tercer mandato, las riñas étnicas parecen haberse instrumentalizado. “Se quiere etnitizar el conflicto, pero todos sabemos que no se trata de hutus contra tutsis, sino de un conflicto político. Hay barrios tradicionalmente más contestatarios, donde sí hay una mayoría de tutsis. Pero la oposición está llena de hutus que están en contra de Nkurunziza”, defendió Nimubona después de que Mormeneo explicara las raíces coloniales del etnicismo, que abocó Ruanda al brutal genocidio de 1994.

La internacionalización del conflicto

“Las fuerzas del gobierno están matando, secuestrando, torturando y deteniendo arbitrariamente a decenas de personas a un ritmo alarmante”, denunciaba un reciente informe de Human Rights Watch. Ante las investigaciones de la organización internacional, el gobierno de Burundi publicó un tuit donde acusaba al Observatorio de trabajar con Ruanda y la oposición para desestabilizar el Estado. Las relaciones entre Burundi y Ruanda, país en el que se encuentran parte de los 240.000 refugiados burundeses que huyen del conflicto, se han deteriorado mucho en los últimos meses. Mientras Kagame ha condenado las medidas represivas de Nkurunziza, el gobierno burundés ha acusado repetidamente a Ruanda de injerencia y de financiar a las milicias rebeldes.

Sin embargo, a pesar de la magnitud y el cariz que está tomando el conflicto, la Unión Africana dio recientemente marcha atrás al envío de 5.000 efectivos para la protección de la sociedad civil. “La Unión Africana vé como un problema en la intervención militar en Burundi. Si no respeta el tercer mandato de Nkurunziza, entonces tendrá que intervenir en Uganda, en Ruanda o en Zimbabue, donde Museveni, Kagame o Mugabe llevan décadas en el poder”, sostuvo Nimubona.

Un día después de que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se reuniera con Nkurunziza y miembros de la oposición para mediar en el conflicto e impulsar un diálogo inclusivo para el cese de la violencia, el abogado de APRODH se mostraba pesimista. “Nkurunziza dijo que liberaría a 2.000 presos y que facilitaría un discurso inclusivo. Pero los presos que liberará no serán ni miembros de la oposición, ni personas que se manifestaron pacíficamente, y por supuesto, el discurso no será inclusivo porque la disidencia está en el exilio, la han asesinado, o está en prisión”.

“Necesitamos que Naciones Unidas se deje de discursos y haga presión de verdad para poder frenar al macabro de Nkurunziza”, demandaba a puerta cerrada el defensor de los derechos humanos. “Si no se actúa rápido, se puede repetir lo que se produjo en Ruanda. Ya hay señales evidentes que indican que puede haber un genocidio contra tutsis y contra todo hutu contrario al tercer mandato del presidente. Este es claramente un conflicto político-étnico y precisa urgentemente de la intervención de la comunidad internacional”.