Impulso antifraude

La Agencia Tributaria ha presentado unos resultados de la lucha contra el fraude fiscal en 2015 que suponen una mejora espectacular sobre las cuentas del año anterior: 15.600 millones aflorados, el 27% más que en 2014. La interpretación oficial atribuye esta mejora al plan de incentivos concedido a los funcionarios de la Agencia, que supuestamente habría estimulado la productividad de los investigadores fiscales. De acuerdo con el informe de la Agencia Tributaria, las actas abiertas por los inspectores han aumentado el 43%, lo cual respaldaría la tesis de la efectividad de los incentivos.

El brillante informe contra el fraude debe ser matizado e interpretado con otros datos de la realidad, alguno de ellos reconocido por el propio responsable de la Agencia. En septiembre, Santiago Menéndez aseguró que el dinero descubierto en 2015 rondaría los 13.000 millones. Si se ha llegado a 15.000 millones es porque, gracias a actuaciones excepcionales (el propio Menéndez sugirió que difícilmente volverán a repetirse), se han devuelto 2.700 millones menos de la cantidad inicialmente prevista a contribuyentes con derecho a devolución. Debería precisarse cuántas de esas actuaciones excepcionales responden a la presunción de fraude fiscal (no todas tienen por qué serlo) y qué porcentaje de esos 2.700 millones “no volverá a repetirse” en el futuro, para valorar el carácter “histórico” de la política antifraude en 2015.

Hay otros elementos políticos que influyen además en el informe de la Agencia. En el último ejercicio del mandato de Rodríguez Zapatero, la Agencia presentó también unos resultados brillantes de bases imponibles ocultas descubiertas por la inspección; pero el Gobierno entrante rectificó considerablemente a la baja las cuentas del equipo de Elena Salgado.

Son razones suficientes para deflactar la euforia del calificativo “históricos” aplicado al balance de la Agencia en 2015. La lucha contra el fraude, en términos generales, no avanza al mismo ritmo que aumenta el fraude fiscal. A pesar del dinero descubierto oficialmente año tras año, a pesar de los discursos optimistas de la Agencia, lo cierto es que en torno al 80% del fraude fiscal no se descubre; y este porcentaje es más o menos el mismo en los últimos 10 años. Hacienda tiene 50.000 millones pendientes de cobro correspondientes a la evasión que descubre, pero que finalmente no percibe.

Para dar credibilidad a la lucha contra el fraude no solo hay que dedicar más recursos (incentivos) y funcionarios a la persecución del dinero oculto; también hay que cobrarlo. E informar a los ciudadanos con precisión y objetividad. Por ejemplo, los contribuyentes tienen derecho a saber, además de los grandes resultados, que sistemáticamente son mejores que el año anterior, cuál es la deuda media descubierta en las actas, cuál es la evolución de los delitos fiscales denunciados (probablemente, cada vez menos) o cuál es efectivamente la deuda cobrada en relación con el fraude descubierto, en total y en periodo ejecutivo. Solo con unas cuentas matizadas y exhaustivas puede hacerse el contribuyente una idea exacta de los esfuerzos contra el fraude fiscal, alejada tanto de la euforia como de la depresión.