Asunto de Estado

Dos meses después de las elecciones generales, los nuevos descubrimientos de presunta corrupción en el PP confirman la grave dificultad de este partido para mantenerse en el Gobierno. Lo último es la utilización de empresas públicas como supuesta fuente de financiación del PP madrileño, que se suman a los bochornosos pillajes organizados por la trama Púnica en la Comunidad de Madrid, los registros de la Guardia Civil en la sede central del PP o las decenas de personas imputadas en la Comunidad Valenciana. Todo ello tras haberse investigado los amaños de la trama Gürtel y los papeles de Bárcenas (la caja b de la organización central del PP). Pero la corrupción interpela también a otros partidos: ahí está la responsabilidad socialista en los ERE en Andalucía o los casos surgidos en la estructura política del nacionalismo catalán.

El volumen del alud se aprecia en los datos difundidos por el Ministerio del Interior. Se citan más de 8.000 detenciones por corrupción desde 2010, con cifras particularmente abultadas en los dos últimos años, que ponen de relieve una actuación administrativa y judicial cada vez más fuerte. Hay que notar que la estadística comunicada afecta a gran número de actividades —en buena parte se refiere a fraudes a la Seguridad Social y a Hacienda— y en ella no se deslinda cuántos detenidos corresponden a personal de las Administraciones y cuántos a empresas privadas y particulares.

En todo caso, una economía sólida no puede sostenerse sobre la base de que las empresas deban reservar dinero para comprar favores políticos (contratos, información privilegiada). Ni una sociedad puede envenenarse con la aceptación de la economía negra y del soborno. Tolerar tales prácticas equivale a instalarse en la mentira y la desconfianza, y a dificultar inversiones productivas en beneficio del tente mientras cobro. La permisividad demostrada durante muchos años hacia una economía en gran parte sumergida (se estima al menos de un 20% del PIB) es una lacra que ha tenido en la política su principal consentidora.

La reacción habitual de los partidos ante sus propios casos de corrupción ha sido la de imputar mala fe a los que les acusan y usar todos los recovecos legales para proteger a los suyos —como se ve en el caso de la senadora Rita Barberá, exjefa del Ayuntamiento valenciano, que tiene numerosos imputados—. No pocos ciudadanos han podido considerarse autorizados a trabajar irregularmente o no pagar impuestos, confiados en que la impunidad de facto de los protagonistas de la vida pública daba patente de corso. Ayer mismo hemos tenido otro indicio en las 73 empresas del sector cárnico investigadas por evasión de impuestos.

Oponerse a la política del pillaje exige controles preventivos a la contratación y a la discrecionalidad en el uso del dinero público, junto al establecimiento de auditorías exigentes a los partidos. Y el cargo público sospechoso tiene que apartarse de la vida política y defenderse como un ciudadano privado. Las cosas han llegado a tal punto que no vale con endurecer las leyes y confiar en la laxitud de su aplicación. Acabar con la corrupción exige una firme política de Estado.