Aviso al presidente

El Partido Popular se enfrenta a la necesidad imperiosa de pagar las facturas debidas a la sociedad por algunas de sus prácticas en el pasado. No es el único grupo afectado por la corrupción, pero sí uno de los que menos ha hecho por regenerarse. Sujetos a las necesidades de Mariano Rajoy, que frenó la oleada de dimisiones intentada tras el batacazo de las elecciones municipales y autonómicas, los dirigentes del PP han permanecido quietos hasta la renuncia de la presidenta de la organización madrileña, Esperanza Aguirre, incapaz de aguantar por más tiempo al frente de una estructura poblada de presuntos corruptos.

Aguirre tiene buenas razones para asumir responsabilidades. A medida que avanza la investigación de la trama Púnica, se agrandan las sospechas sobre la gravedad de los actos que han podido cometer personas de gran poder e influencia a su lado. La macroinvestigación de la trama Gürtel ya había dejado claro que nada ni nadie frenó la corrupción o el uso fraudulento de dinero público. La pregunta no es cuánto más podía aguantar la mujer fuerte, sino cómo no había dimitido antes. Lo que ha ocurrido en Madrid es que el juez y la Guardia Civil van tirando de los hilos hasta dar con una lógica: si el ex secretario general del partido en la comunidad, a la sazón Francisco Granados, es un presunto corrupto a gran escala, todo el partido puede estar infectado. “Algo grave hay ahí”, admitió Aguirre en su comparecencia de ayer.

Es abusivo que las autoridades o dirigentes afectados por investigaciones sobre corrupción traten de sostenerse contra viento y marea. El político responde ante los electores y no solo ante los jueces. El abuso en la mezcla constante de ambos planos ha llevado a muchos votantes a dar la espalda a partidos de corruptos. Los nuevos políticos han impuesto o asumido la agenda de la regeneración y resulta suicida que los sospechosos de corrupción se refugien en los recovecos legales para sostenerse en la política.

Pero no solo ellos: los jefes de los partidos tienen que responder de la buena administración de los caudales públicos por parte de personas que dependen de aquellos y de la limpieza de la competición electoral, falseada por la corrupción al saltarse las reglas de la financiación de la política.

Por desgracia para Rajoy, había corrupción (presuntamente) en la organización central del partido del que ha sido secretario general y presidente, como lo indica el encausamiento de varios de sus tesoreros nacionales, y la había en la organización madrileña, que no le ha sido favorable políticamente, pero también en la valenciana, uno de sus puntales más importantes.

El PP permanece bloqueado por Rajoy, que dio orden de frenar todos los congresos regionales y de supeditarlos al congreso nacional, aplazado sine die. Pero eso no detiene los escándalos producidos a cada avance judicial, con muchos procesos pendientes. En estas condiciones, parece imposible que cualquier otro partido facilite la reelección de Rajoy como presidente del Gobierno. Cuando antes lo entienda, menos complicado será formar otro Ejecutivo.