Reforma polémica en Francia

A falta de la aprobación final del Senado, tras su ratificación por la Asamblea, Francia introducirá en breve una polémica reforma constitucional que incorpora la figura del estado de emergencia y permite despojar de la nacionalidad a quienes cometan “delitos graves” contra la nación. Se trata de un paso atrás en el régimen de libertades individuales que ha caracterizado a la República Francesa y la ha convertido en tierra de asilo, tolerancia y refugio de pensadores e ideas.

Es comprensible y legítimo que tras los sangrientos atentados de París el pasado noviembre el presidente François Hollande estudiara medidas para luchar contra la amenaza yihadista y, a la vez, tranquilizar a una opinión pública muy golpeada por el terrorismo islamista. Pero Hollande —que, quizá para compensar, dio ayer un giro ecologista e izquierdista a su Gabinete— y su primer ministro, Manuel Valls, tienen que ser conscientes de que las decisiones drásticas para atajar situaciones específicas corren el riesgo de tener graves e inesperadas consecuencias.

El estado de emergencia puede estar sin duda justificado en determinadas situaciones, como la vivida en la etapa posterior a los sangrientos atentados de noviembre, pero el Parlamento francés está dotando de una poderosa herramienta que recorta derechos constitucionales a futuros Gobiernos que pueden interpretar las situaciones de otra manera.

Mención aparte merece la decisión de privar de la ciudadanía a personas según los delitos que cometan. En principio, se iba a aplicar a quienes tuvieran dos nacionalidades, lo que establecía una clara discriminación respecto a los que solo tenían la francesa. Pero el proyecto aprobado afecta a todos los franceses y permite dejar a personas en situación de apátridas, una decisión de discutible legalidad internacional y dudosa eficacia: a alguien dispuesto a morir matando poco le puede importar que le priven de la ciudadanía.