Sociedad civil y educación: hacia una nueva lógica política

¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la educación? La UNESCO y en realidad la comunidad internacional acaban de crear un nuevo modelo. Lo refleja con claridad el Marco de acción Educación 2030, aprobado en noviembre por la UNESCO. El documento, consensuado con todos los Estados, subraya que "la educación es una misión de la sociedad, lo que implica un proceso inclusivo de formulación e implementación de las políticas públicas. La sociedad civil tiene que jugar un papel importante en la realización del derecho a una educación de calidad". Señalemos que Educación 2030 recoge la dimensión específicamente educativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados en septiembre por los jefes de Estado y de Gobierno.

Pero hay más aún: la evaluación anual de los avances en el proceso Educación 2030 será realizada conjuntamente por los Estados y la sociedad civil. Estamos pues ante un cambio histórico, ante una nueva gobernanza que reconoce la necesidad de compartir el poder con la sociedad civil. Una sociedad civil alternativa al sistema público y crítica para monitorear las políticas públicas con una óptica independiente.

La matriz de esta nueva filosofía aparece de manera detallada en el nuevo informe de la UNESCO Repensado la educación. El documento destaca que la educación no puede seguir teniendo un enfoque de bien público, sino un enfoque de bien común. En resumen, la educación no puede reducirse al debate público o privado, sino que debe enfocarse como la realización de un derecho fundamental de la persona:

Entender que la educación es un bien común significa dos cosas:

a) Primero, este bien —la educación— sólo puede definirse desde la perspectiva de una diversidad de conceptos del bienestar y la vida en común.

La libertad de enseñanza es una libertad fundamental en el mundo ya que el 84% de los Estados analizados le otorgan una protección a nivel constitucional

b) Y segundo: es necesario reforzar los procesos participativos. Es imposible entender educación como bien común si no hay procesos inclusivos en la realización de políticas públicas, ni en rendición de cuentas, ni en la implementación.

La protección de las libertades en la educación es un buen índice del respecto del pluralismo, de esta diversidad de concepciones del bienestar por parte de los Estado y, sobre todo, de la voluntad de colaborar con la sociedad civil en la realización del derecho a la educación.

OIDEL en colaboración con la Fundación Novae Terrae acaba de publicar el primer Índice Mundial de Libertad de Enseñanza (ILE). El estudio cubre el 94% de la población mundial y 136 países de todas las zonas geográficas. Es una buena herramienta para tener una visión de conjunto de la relación entre la sociedad civil y el Estado en el terreno de la educación. ILE adopta un enfoque de derechos analizando la conformidad de las leyes nacionales con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio de Lucha contra las Discriminaciones de la UNESCO.

Este enfoque es crucial para valorar de modo correcto la calidad de la educación que no puede reducirse a la lectura y al cálculo, implica la formación en valores, la ciudadanía democrática y una visión humanista del saber cuándo menos. El derecho internacional señala así que la educación debe tener como objetivo el desarrollo de la persona humana en todas sus dimensiones.

El ILE se compone de cuatro indicadores basados en las normas internacionales: 1) Posibilidad legal de crear y gestionar escuelas no gubernamentales (ENG). 2) Ayudas financieras por las escuelas no gubernamentales (ENG). Gastos subvencionados por el Estado. 3) Tasa de escolarización neta (educación primaria). 4) Tasa de escolarización en las escuelas no gubernamentales (ENG) respeto del total (educación primaria).

El estudio valora los países de 1 a 100 incluyendo breves comentarios destinados a contextualizar los datos, pero más que establecer un ranking entre países, la investigación permite a los Estados evaluar su situación con relación al estándar mundial del derecho a la educación.

El informe permite desmentir falsas evidencias. La libertad de enseñanza es una libertad fundamental en el mundo ya que el 84% de los Estados analizados le otorgan una protección a nivel constitucional. Igualmente, el 73% de los países estudiados subvencionan las escuelas no estatales, aunque en el 43% de los casos la ayuda sea débil. Ello muestra que los Estados son conscientes de la importancia del apoyo financiero para hacer efectiva esta libertad.

En el caso de la Unión Europea todos los Estados, salvo Bulgaria, Croacia y Grecia, financian la escuela no estatal. Con respecto a un precedente estudio de 2002 los países que subvencionan las ENG han aumentado en siete puntos.

La mayoría de los países con un nivel elevado en el ILE se encuentran en la región UNESCO Europa – América del Norte. Dentro de los 15 primeros, sin embargo, se encuentran igualmente Chile, Corea del Sur, Israel y Perú. Conviene también señalar que entre los diez primeros países del ILE, seis se sitúan en el Norte de Europa (Irlanda, Holanda, Bélgica, Reino-Unido Dinamarca y Finlandia).

España se sitúa en la parte alta de la clasificación. Concretamente en el décimo puesto, aunque lejos de los primeros países (Irlanda, Holanda y Bélgica). El informe constata que, en España, como en el sur de Europa, el debate sobre la financiación de escuelas no gubernamentales, está muy politizado. Igualmente el informe señala como buena práctica eficaz la cesión de suelo público para la construcción de escuelas no gubernamentales que se estableció en la LOMCE.

Tras la región Europa y Norte América la segunda región con ILE más elevado es América Latina. Algunos países importantes de la región como Argentina poseen un Índice elevado mientras que otros como Brasil o México se encuentran sólo ligeramente por encima de la media mundial. Como se ha dicho ya, Chile es el país con el ILE más elevado seguido a cierta distancia de Perú.

Alfred Fernández es miembro de la Cátedra UNESCO de la Universidad de La Rioja y coordinador de la Plataforma de ONG sobre el derecho a la educación (Naciones Unidas).