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Supervisión eficaz

Hay que revisar el sistema español de vigilancia de las instituciones financieras y homologarlo al que rige en las economías más avanzadas

La crisis reciente tuvo un origen fundamentalmente financiero; desde luego, en España. Fue el elevado endeudamiento de familias y empresas con el sector bancario, y este con otras entidades internacionales, el que desencadenó la más dañina recesión desde la Gran Depresión. La supervisión de las entidades financieras, fundamentalmente las bancarias, quedó seriamente en entredicho. Y de ello tomaron buena nota las autoridades europeas, que se aprestaron a definir la Unión Bancaria, actualmente en marcha.

Pero sería una ingenuidad confiar en que se han neutralizado los riesgos de inestabilidad financiera. Europa sigue siendo vulnerable y su sistema de supervisión debe seguir fortaleciéndose. Es lo que manifestó públicamente el subgobernador del Banco de España hace una semana.

Que los supervisores sean independientes de los Gobiernos es una premisa aceptada en las economías avanzadas. También parece razonable que sea un sistema de supervisión más integrado —atendiendo a la solvencia de las diversas instituciones financieras, que tome en consideración la naturaleza híbrida y compleja de los conglomerados financieros— el que acabe imponiéndose. En Reino Unido Francia, Italia, Bélgica y Holanda, por ejemplo, está en vigor el sistema basado en dos pilares gemelos: el que vigila la solvencia prudencial agregada, con independencia del tipo de instituciones, y el que lo hace sobre la conducta de los operadores financieros, incluida la protección de los inversores o consumidores de servicios. Ese era el esquema propuesto por los dos principales partidos antes de la crisis y el que reclama ahora el subgobernador.

Lejos de la defensa de cotas de poder del Gobierno o de la defensa corporativa, sería bueno que se revisara también la conveniencia de seguir manteniendo la rareza española de supervisión sectorial: los bancos supervisados por el Banco de España y, en última instancia, por el BCE, y las compañías de seguros o los auditores por el Gobierno de turno. La homologación y estrecha cooperación con las instituciones europeas vuelve a ser una exigencia básica.

 

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