Etiopía usa una fuerza desmesurada para reprimir las protestas del pueblo oromo

Desde el 21 de noviembre de este año, las fuerzas de seguridad etíopes han asesinado a docenas de manifestantes en el estado de , según denuncian diversas ONG de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional (AI) y Human Right Watch (HRW). Estas organizaciones demandan que las fuerzas de seguridad desistan de esta actitud y se abra una investigación independiente sobre lo sucedido en esa parte del país.

La policía y fuerzas militares han disparado sobre los manifestantes matando al menos a 75 de ellos e hiriendo a muchos otros, según denuncian los mismo activistas.

El gobierno etíope ha etiquetado a estos manifestantes como ‘terroristas’ justificando así el uso de una fuerza desmesurada para reprimir las protestas contra lo que los oromos tildan de usurpación de tierras en la región.

Los servicios secretos del país han llegado a afirmar que los activistas oromos planeaban desestabilizar el país y que algunos de ellos están “vinculados directamente a un grupo terrorista que ha estado colaborando con grupos similares”.

En el último censo llevado a cabo en el país, los oromos resultaron ser el mayor grupo étnico del país, con unos 25 millones de personas. es, además, la región más grande del país y rodea la capital, Addis Abeba. Ahí justo reside el problema que ha provocado las actuales protestas.

El gobierno del país presentó el año pasado el llamado Addis Ababa and Surrounding Zone Special Zone Integrated Master Plan, conocido popularmente como Master Plan, para ampliar los límites de la capital ocupando parte del territorio oromo. Finalmente, el pasado mes de octubre, el plan fue aprobado. Dos millones de personas viven en el área propuesta para la expansión de la ciudad.

Los activistas oromos afirman que de aplicarse, este plan supondrá la expropiación forzosa de tierras que en la actualidad pertenecen a campesinos oromos o donde existen pequeños pueblos y ciudades donde residen gran número de individuos. Se trata de tierras ancestrales en las que estas personas encuentran su sustento. Se teme, por tanto, un desplazamiento forzoso de los campesinos y residentes que viven en esta zona.

La constitución etíope considera todas las tierras del país como propiedad del estado y a sus ocupantes los califica de inquilinos. Los oromos defienden que solo ellos pueden son dueños legítimos de su propia tierra.

Esta protesta vuelven a poner de manifiesto la difícil relación existente entre los oromos y el gobierno etíope desde siempre, la cual tiene sus raíces en la lucha por la identidad, los recursos y los derechos de los miembros de esta etnia. Históricamente, los oromos se han sentido marginados y discriminados por parte de los distintos gobiernos del país. Muchos de ellos son frecuentemente arrestados arbitrariamente y acusados de pertenecer al Frente de Liberación Oromo (OLF), que en el pasado tomó las armas para defender su causa y la autodeterminación de su pueblo y al que el gobierno califica de organización terrorista.

Los manifestantes también se quejan de que el Master Plan se ha impuesto desde arriba sin consultar a la población afectada por él, lo cual rompe cualquier regla de convivencia democrática, e incluso violando la propia constitución federal al ignorar al gobierno regional.

Las protestas empezaron en Ginchi, un pequeño pueblo a 80 kilómetros al suroeste de Addis Abeba, cuando las autoridades intentaron “limpiar” un bosque para implantar un proyecto de inversión. Las protestas se expandieron rápidamente por toda la región de y derivaron en grandes manifestaciones contra la intención del gobierno de aplicar el Master Plan.

En un primer momento fueron los estudiantes los que salían a manifestarse, pero desde mediados de noviembre, agricultores y otros residentes de la zona se han unido a ellos.

Leslie Lefkow, directora adjunta para África de HRW ha declarado que “la respuesta del gobierno etíope a las protestas en han tenido como resultado un número de muertes y rápidamente han provocado el peligro de que se produzca más derramamiento de sangre. Que el gobierno etiquetara a los manifestantes, mayoritariamente pacíficos, como terroristas y desplegara a la fuerza militar ha provocado una peligrosa escalada de esta situación tan volátil”.

Son muchos los testigos que han manifestado que las fuerzas de seguridad golpean y arrestan a los manifestantes, muchas veces yendo a buscarlos a sus casas de noche. Otros hablan de lugares donde existe mucha tensión y gran despliegue de fuerzas de seguridad.

También hay sospechas de que algunos agentes policiales o militares hayan podido morir como consecuencia de los enfrentamientos. En algunos pueblos, los manifestantes han ocupado edificios gubernamentales una vez que las fuerzas de seguridad los abandonaron. En varias zonas también han levantado puestos de control, bloqueando las carreteras para obstaculizar el acceso de las fuerzas gubernamentales a las comunidades. Igualmente hay informes de que algunas granjas propiedad de compañías extranjeras han sido saqueadas y destrozadas.

Las organizaciones de derechos humanos insisten en que el gobierno etíope debe respetar la libertad de expresión y de asamblea. Además la policía solo debería utilizar la fuerza cuando sea estrictamente necesaria y de una forma proporcionada.

Human Right Watch dice que el gobierno de Etiopía tiene como costumbre acusar a cualquier disidente, incluso a las personas que hacen la más leve crítica de las políticas gubernamentales, de asociación con el terrorismo. Decenas de periodistas, blogueros, disidentes, manifestantes o activistas han sido enjuiciados bajo la ley antiterrorista de 2009, a la que HRW tilda de draconiana. Esta misma norma es la que se está aplicando a los manifestantes que protestan contra la confiscación de las tierras de los oromos.

En esta ocasión, las autoridades han llegado incluso a cortar la cobertura telefónica, sobre todo en áreas donde se han desplegado grandes contingentes de fuerzas de seguridad, lo cual hace más difícil conseguir información contrastada de lo que realmente está sucediendo en la región.

Las organizaciones de derechos humanos piden una investigación independiente de lo sucedido en la región de en la que estén presentes la ONU y la Unión Africana además de expertos en derechos humanos.