Respiro para los astilleros

El Tribunal de Luxemburgo ha fallado que el tax lease —beneficios fiscales concedidos a la financiación privada de los astilleros— no es ilegal y que, por tanto, no ha lugar a la interpretación que en 2013 llevó al comisario de Competencia (entonces Joaquín Almunia) a reclamar la devolución de parte de tales desgravaciones. La decisión de Luxemburgo (recurrible) tiene un impacto financiero singular sobre el sector naval, puesto que, si hubieran sido declaradas ilegales, las devoluciones reclamadas habrían gravitado sobre los inversores privados implicados. El tax lease permite considerar vías de financiación distintas a las habituales para el sector naval en caso necesario.

El contencioso sobre el tax lease no es el problema más grave de los astilleros. La declaración protocolaria del presidente del Gobierno —es un sector “muy importante”— encubre una realidad compleja que va desde un volumen de empleo elevado (45.000 personas), concentrado en zonas que dependen de sus rentas, la urgencia de conseguir contratos en un mercado mundial muy competitivo (los astilleros asiáticos compiten con costes laborales muy bajos) y una tecnología avanzada de construcción que desaparecerá si los astilleros no consiguen carga de trabajo.

España debe estar en condiciones de mantener su posición destacada en el mercado mundial de la construcción naval, pero no a cualquier precio. La competitividad no puede garantizarse mediante la reducción permanente de los salarios; en ese tipo de competición hay poco que ganar respecto a los países asiáticos o del este de Europa. La posición que hay que ocupar está en las mejoras tecnológicas asociadas a las técnicas avanzadas de construcción. Y en eso la aportación del Estado —sin pasar el límite de ayudas de Estado— puede ser crucial. Es cierto que el mercado se está recuperando; pero los astilleros son empresas sensibles a cualquier convulsión económica, por leve que sea.