La pobreza se sigue mostrando en femenino

La recién publicada Memoria oficial de Rentas Mínimas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con datos de 2014, muestra el gran fracaso de las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y en la ocupación habitacional. Los datos también evidencian la tendencia a atender la emergencia social fuera del marco del sistema público de servicios sociales y el desgaste que produce la larga duración de la crisis en cuanto al aumento de la vulnerabilidad de las personas de 45 a 54 años que viven solas y llevan una larga temporada en desempleo.

Resulta preocupante que la lista de espera de solicitudes de rentas mínimas de inserción se haya duplicado respecto al año anterior, llegando las 80.645 familias. Las grandes diferencias territoriales que existían en los años anteriores apenas han variado, de forma que muchas personas sentimos que hasta para ser pobre hay que tener suerte y ella depende mucho del número del código postal, con diferentes requisitos de acceso, tiempo de permanencia y apoyos complementarios y cuantías muy distintas.

Los y las trabajadoras sociales seguimos esperando una solución en las próximas elecciones generales a la situación de carencia de garantía de ingresos de muchas familias que no tienen nada para vivir en España. Si bien la competencia es autonómica (los datos son previos a los recientes cambios en las comunidades), confiamos en un Gobierno central que potencie y vele porque el sistema público garantice los derechos sociales.

La población más afectada por el colapso de las rentas mínimas son las mujeres. Esta tendencia no para de avanzar, dejando claro que la crisis se ha cebado con el crecimiento de la desigualdad de género. Los datos oficiales explican que el perfil mayoritario de las Rentas Mínimas es el de una mujer de 35 a 44 años con pareja, hijos e hijas a cargo, estudios primarios y vivienda en alquiler.

Existe además un aumento de las ayudas de emergencia social que muestra el empobrecimiento de la población. De 2013 a 2014 se ha pasado de 441.155 a 498.188 ayudas. La mayoría también aquí se dan a mujeres (242.373 son mujeres y 204.722 son hombres). Así, el número de benefactores ha aumentado. Sin embargo, la inversión ha disminuido de 117,6 a 113,3 millones de euros. Ello es una muestra de que se está invirtiendo más dinero desde la administración para paliar las necesidades básicas a través de acciones benéficas, como los Fondos FEAD, que en reforzar la red pública de servicios sociales y que cada vez hay menos fondos públicos a repartir entre más personas.

Resulta preocupante que la lista de espera de solicitudes de rentas mínimas de inserción se haya duplicado respecto al año anterior, llegando las 80.645 familias

Otro dato importante desde la perspectiva de género es que las personas que reciben rentas mínimas y poseen títulos universitarios o FP de grado superior han aumentado de 9.132 en 2013 a 11.054 en 2014. Este aumento se ha producido en mayor media en las mujeres: del incremento total representan el 58,5%. Todo ello a pesar de que el rendimiento académico de las mujeres con estudios superiores es más elevado, según lo expone la OCDE en su estudio sobre la educación y la integración laboral.

Estos datos coinciden con el informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU del pasado mes de julio, que pone de manifiesto la situación de los derechos civiles y políticos en España en cuanto a la desigualdad de género sobre la ocupación de los puestos de decisión y los salarios.

La memoria de rentas mínimas contiene otro dato que se pueden interpretar de manera contradictoria: de 2013 a 2014, prácticamente se duplica la gente a la que se le da de baja del sistema (de 5.794 personas a 9.059 personas). Pero no es porque hayan encontrado un empleo, sino porque se les agota el periodo máximo de la prestación. Teniendo en cuenta que el perfil del perceptor es femenino, ello muestra que hay pocas posibilidades laborales para ellas. Si no tienen empleo ni ingresos mínimos pueden sufrir un proceso de exclusión social que merme la sostenibilidad y aumente la desigualdad y genere ruptura en la cohesión social.

Esperemos que a la luz de estos resultados, en los programas de las próximas elecciones generales aparezcan propuestas de solución desde un marco estatal normativo que garantice las rentas de una forma más equitativa y se acompañe, en los casos en que sea necesario, de programas sociales y laborales que complementen a la cuantía económica.

Ana I. Lima es presidenta del Consejo General del Trabajo Social.